ZONA FRÍA EN LA ZONA ESTE: NACIÓN REGLAMENTÓ LA REESTRUCTURACIÓN DE SUBSIDIOS Y SE RESTRINGEN LOS DESCUENTOS

El panorama tarifario en el mapa energético regional enfrenta una reconfiguración estructural tras la reciente publicación del Decreto 1266/2026 en el Boletín Oficial. La normativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional oficializa la reglamentación que modifica el Régimen de Zona Fría, cambiando de manera sustancial las pautas de liquidación de compensaciones y el criterio con el que se otorgan las bonificaciones en las facturas de gas por red.

Para comprender la magnitud de esta decisión es preciso revisar el contexto normativo previo. En 2021, la ampliación de la Ley de Zona Fría incorporó a diversos municipios del país y a la totalidad de las comunas del Este provincial —San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz— dentro de una categoría de protección que otorgaba descuentos automáticos de entre el 30% y el 50% en las boletas residenciales, fundamentado en las bajas temperaturas invernales de la región. Sin embargo, el nuevo marco regulatorio promulgado recientemente deroga los artículos que garantizaban esa cobertura universal por geografía, focalizando los beneficios únicamente en regiones patagónicas de frío extremo y en hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad.

Con la nueva reglamentación en marcha, el impacto en el territorio local muestra un giro significativo. A excepción del departamento de Malargüe —que mantendrá el beneficio directo por pertenecer al corredor patagónico—, las familias de los municipios del Este perderán la bonificación automática que percibían hasta el momento en sus facturas de gas natural.

Marcha de Jubilados en Plaza San Martín contra la quita del beneficio.

A partir de esta medida, los hogares de la zona este que pretendan acceder o mantener una reducción en la tarifa deberán someterse al Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las bonificaciones adicionales dependerán de que el grupo familiar acredite ingresos netos inferiores a los umbrales fijados por la autoridad de aplicación, o bien que dentro de los integrantes del hogar haya personas registradas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), beneficiarios de pensiones vitalicias para veteranos de la Guerra de Malvinas o poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En lo que respecta a la arquitectura financiera del sistema, el decreto aprueba el modelo de contrato para que el Banco de la Nación Argentina continúe ejerciendo el rol de fiduciario dentro del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, esquema que mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. El financiamiento del fondo continuará obteniéndose mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico comercializado en el país, excluyendo únicamente al gas destinado a exportaciones.

Uno de los aspectos procedimentales más destacados del reglamento es el cambio en la dinámica de compensación económica. La Secretaría de Energía de la Nación, como autoridad de aplicación, auditará los montos y girará las partidas directamente a las empresas productoras y proveedoras de gas, quitando a las distribuidoras regionales la función de administrar fondos. Las empresas distribuidoras en el ámbito local únicamente se encargarán de aplicar los descuentos en la factura final en base a la información que otorgue la Nación y remitir las declaraciones juradas mensuales ante los organismos fiscalizadores.

Si bien la reglamentación no fija porcentajes uniformes de aumento ni precisó el total definitivo de usuarios que mantendrán la cobertura socioeconómica en los distritos y cabeceras del Este, la eliminación del descuento automático altera de forma directa la estructura del gasto doméstico. Las autoridades nacionales remarcaron que el objetivo primordial es direccionar el gasto público hacia la demanda real más necesitada, asegurando la sostenibilidad del fideicomiso energético durante los próximos años.