VIEJAS PRÁCTICAS: LULA DENUNCIÓ QUE EL BOLSONARISMO RECORTÓ EL TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE LA ELECCIÓN
Un tribunal ordenó arrestar al secretario de Movilidad de Salvador por retener más de la mitad de la flota. En San Pablo, el PT denunció que circuló solo el 60% de los ómnibus. Ambas ciudades están gobernadas por opositores a Lula.
Habilitar el voto no es lo mismo que garantizarlo. Eso quedó expuesto en Brasil durante el balotaje del domingo, cuando el Partido de los Trabajadores denunció que en las dos ciudades más importantes para su candidato circularon menos ómnibus de los que la ley y la Justicia Electoral exigían. La legislación brasileña obliga a asegurar transporte público gratuito y en su totalidad el día de la elección. Las denuncias apuntaron a alcaldes de signo opositor y concentraron la atención en Salvador y San Pablo.
El caso más grave fue el de Salvador, capital bahiana que gobierna Bruno Reis (União Brasil), del grupo del exalcalde ACM Neto, opositor al gobernador petista de Bahía. La Federación Brasil Esperanza, que integra el PT, denunció ante el Tribunal Regional Electoral que la flota funcionaba con una reducción superior al 50% respecto de un día hábil. En una inspección, un supervisor del sistema BRT declaró al juez que operaba “siguiendo la orientación” de la Secretaría de Movilidad. El presidente del tribunal, Maurício Kertzman, ordenó la prisión en flagrante del secretario, Pablo Souza, el restablecimiento del 100% de la flota y una multa de un millón de reales por cada hora de incumplimiento.
La ciudad dio otra versión. Reis negó que la Alcaldía hubiera ordenado reducir el servicio, atribuyó parte del problema a la presencia de calcomanías del PT en los vehículos y sostuvo que la operación se normalizó antes de las 10 y que la oferta superó la de elecciones anteriores. Souza, que según la Alcaldía estaba en París por una misión invitada por el gobierno francés, se presentaría ante las autoridades este lunes.
En San Pablo, la discusión fue parecida pero con otro desenlace judicial. Según el PT paulista, solo circulaba cerca del 60% de la flota, una operación similar a la de un sábado, con esperas de más de una hora en la zona norte y quejas en barrios periféricos de la zona este. El Tribunal Regional Electoral había ordenado a la ciudad, el sábado a las 13.10, garantizar el 100% de las unidades. La Alcaldía, a cargo de Ricardo Nunes (MDB), negó cualquier reducción, aseguró que la flota operaba por encima de la demanda y argumentó que ampliar el servicio en tan poco tiempo requería reorganizar turnos. El juez de la 1ª Zona Electoral, Tiago Ducati Lino Machado, rechazó el pedido de arresto del secretario de Movilidad y del presidente de SPTrans por considerar insuficientes las pruebas. Legisladoras del PSOL pidieron incluso la detención del propio alcalde.
El presidente Lula denunció que “algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña” había intentado impedir que el pueblo votara, y afirmó que en San Pablo casi el 40% de los ómnibus había sido retirado de circulación. El PT pidió extender el horario, y el ministro del Supremo Cristiano Zanin lo prolongó hasta las 19 en todo el país. La misión de observación de la OEA informó que seguía las denuncias. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, había postergado la respuesta alegando que ya existía una demanda en trámite.
Sobre la intención hay una discusión legítima, y conviene decirla sin rodeos: no está probado que se haya buscado perjudicar a un candidato, y los funcionarios lo niegan. Lo que sí está acreditado, al menos en Salvador, es que un tribunal consideró suficientes las pruebas como para ordenar un arresto. Lo que también se verifica es el efecto previsible de cualquier recorte de servicio un día de elecciones: golpea sobre todo a quienes dependen del transporte público, que suelen ser los votantes de menores ingresos.
Cabe preguntarse, además, por qué una orden judicial emitida el sábado a media tarde no bastó para que dos de las mayores administraciones del país tuvieran la flota completa a la mañana siguiente, o por qué la reparación llegó con el día de votación avanzado. Las investigaciones deberán determinar quién dio las órdenes, qué empresas las ejecutaron y si hubo incumplimiento deliberado.
Lula ganó, según la proyección de Datafolha, por unos dos puntos, y nada indica que los ómnibus hayan alterado el resultado. Pero la democracia no se mide solo por quién gana, sino por las condiciones en que se vota. Que un tribunal haya tenido que ordenar la prisión de un funcionario por la falta de colectivos obliga a todos los bandos a explicar qué pasó y a garantizar que no vuelva a pasar.