UNA PETROLERA SANCIONADA POR MALVINAS HABRÍA RECIBIDO BENEFICIOS DEL RIGI: LA DENUNCIA QUE COMPLICA EL DISCURSO OFICIAL
El diputado Maximiliano Ferraro reveló que Harbour Energy, inhabilitada desde 2013 por operar sin autorización cerca de las islas, participa con el 15% de un proyecto gasífero en Río Negro que accedió al régimen de grandes inversiones. La empresa es, además, la misma que en 2024 recibió del Gobierno un aumento de sus concesiones hidrocarburíferas
La discusión sobre las sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas volvió al centro de la escena esta semana, después de que el presidente Javier Milei encabezara una cadena nacional para anunciar un endurecimiento de los controles bajo la Ley 26.659, la norma conocida como "Ley Pino Solanas" que desde 2011 prohíbe operar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. En ese marco, la Cancillería confirmó el inicio de sumarios contra 45 empresas y personas señaladas como vinculadas al proyecto Sea Lion. Fue en ese contexto que el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, presentó una denuncia que puso en aprietos al propio relato oficial.
Qué denunció Ferraro
Según el legislador, la compañía británica Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, la sociedad que impulsa un proyecto de licuefacción y exportación de gas natural en las costas de Río Negro, aprobado en abril de 2025 mediante la Resolución 559/2025 y beneficiado con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El dato central de la denuncia es que Harbour Energy es, en rigor, la misma persona jurídica que hasta 2021 se llamaba Premier Oil PLC, firma que en 2013 había sido inhabilitada por 15 años para realizar actividad comercial en la Argentina, a través de la Resolución 481 dictada bajo la propia Ley 26.659, por explorar hidrocarburos sin autorización en cercanías de las islas. Esa inhabilitación, remarcó Ferraro, se extiende hasta 2028 y un cambio de nombre societario no elimina sus efectos jurídicos.
Un antecedente que agrega tensión
El planteo adquiere un matiz adicional a la luz de un antecedente reciente: en diciembre de 2024, el propio Gobierno había firmado un decreto que amplió las concesiones hidrocarburíferas de esa misma compañía, ya bajo su nombre actual, mientras esta se integraba a la sociedad Southern Energy. Cuatro meses después llegó la adhesión al RIGI. Es decir, la misma administración que esta semana anunció el fortalecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas a Malvinas había favorecido, meses antes, a una firma con antecedentes directos bajo esa misma ley.
El reclamo al Gobierno
Ferraro dirigió su reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, para que expliquen cómo una empresa con una inhabilitación vigente logró integrarse a un proyecto que recibió el aval estatal. El legislador remarcó que la propia normativa de hidrocarburos establece que las sanciones alcanzan no solo a la firma operadora sino también a sus socios y sociedades vinculadas, y que el cumplimiento estricto de las leyes de soberanía debería ser una condición ineludible para otorgar cualquier tipo de incentivo fiscal o cambiario. El proyecto de Southern Energy prevé una inversión de magnitud considerable para desarrollar infraestructura de exportación de gas no convencional, con un esquema logístico que incluye el arribo mensual de buques para el traslado de miles de tramos de cañería.
Lo que queda por resolver
Por el momento, no hubo una respuesta oficial de Economía ni de la secretaría de Finanzas sobre el planteo. La situación deja una pregunta abierta sobre la coherencia entre el discurso de firmeza frente a la disputa de soberanía y las decisiones administrativas concretas adoptadas en los últimos dos años, en momentos en que el propio Ejecutivo insiste con la necesidad de aplicar controles estrictos a las empresas que operan en el Atlántico Sur.