UNA EMPRESA, DOS CONTRATOS Y MÁS DE $6.300 MILLONES: QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL BLOQUEO DE CELULARES EN LAS CÁRCELES DE MENDOZA
Cytric Solutions quedaría al frente de dos contrataciones vinculadas al control de las comunicaciones dentro de las cárceles mendocinas. Una ya está vigente y la segunda, por $3.753 millones, espera la formalización de la adjudicación.
UN NEGOCIO TECNOLÓGICO MILLONARIO
El Gobierno de Mendoza avanza con la implementación de un sistema destinado a detectar, localizar y bloquear comunicaciones móviles dentro de los establecimientos penitenciarios. En el centro de este esquema aparece Cytric Solutions, una empresa radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que podría concentrar dos contratos por un monto total de $6.322 millones.
La firma, encabezada formalmente por Alejandro y Guido Guelman, ya obtuvo una contratación provincial por $2.569 millones para una plataforma tecnológica destinada a tareas de georreferenciación, investigación criminal y localización y bloqueo selectivo de señales.
Ahora se suma un segundo proceso, específicamente orientado a la instalación de inhibidores fijos de señal en los complejos penitenciarios Almafuerte I y II, ubicados en Cacheuta.
La nueva contratación asciende a $3.753 millones y, según la información publicada por El Sol, Cytric fue la única empresa que presentó una oferta considerada admisible en ese proceso. La adjudicación todavía debe formalizarse mediante el correspondiente decreto.
DOS SISTEMAS PARA DOS NECESIDADES DIFERENTES
El primer contrato no se limita exclusivamente a bloquear celulares dentro de una cárcel. La tecnología adquirida contempla herramientas de localización, análisis de dispositivos y bloqueo selectivo, además de módulos tácticos que pueden utilizarse en vehículos o mediante equipos portátiles.
El sistema incluye una licencia de software por dos años, créditos de consulta, soporte técnico permanente y capacitación para operadores del Ministerio de Seguridad. La tecnología también puede ser utilizada en investigaciones criminales complejas.
El segundo contrato tiene un objetivo más específico: instalar un sistema fijo de inhibición en Almafuerte I y II.
La diferencia está relacionada con la ubicación de los establecimientos. Mientras que penales como San Felipe y Boulogne Sur Mer se encuentran en sectores urbanos próximos a viviendas, comercios y otras instituciones, Almafuerte está ubicado en una zona donde resulta técnicamente más viable instalar equipamiento permanente sin afectar de la misma manera las comunicaciones del entorno.
LA LICITACIÓN ANTERIOR HABÍA GENERADO CUESTIONAMIENTOS
La primera contratación de Cytric ya había generado discusión porque su propuesta fue la más costosa entre las empresas que participaron de aquella licitación.
La firma presentó una oferta de US$ 2.215.000, mientras que otras empresas habían presentado alternativas de menor valor. Sin embargo, la Comisión de Preadjudicación consideró que la propuesta de Cytric era superadora en materia tecnológica y de experiencia.
Entre las empresas que participaron se encontraban la mendocina Broda, asociada con Issatec, además de Exanet y Business Integrated Systems. Las propuestas restantes fueron descartadas por distintos incumplimientos técnicos o formales, según el expediente analizado por la Comisión de Preadjudicación.
EL BLOQUEO YA TIENE RESPALDO NACIONAL
El avance de Mendoza se produjo paralelamente a un cambio en la normativa nacional.
En agosto, ENACOM extendió a las cárceles provinciales el mecanismo que permite bloquear IMEI, IMSI y líneas telefónicas asociadas a dispositivos móviles detectados dentro de los establecimientos penitenciarios de las jurisdicciones que adhieran al protocolo.
El 25 de septiembre, el organismo confirmó específicamente que Mendoza y Córdoba implementarán el sistema de bloqueo de celulares en sus cárceles. Las provincias deberán realizar los ajustes técnicos necesarios para evitar que la inhibición afecte las comunicaciones de las zonas residenciales o comerciales cercanas.
El objetivo declarado por las autoridades es impedir que los teléfonos sean utilizados desde las cárceles para coordinar delitos o mantener comunicaciones no autorizadas.
En Mendoza, por lo tanto, el esquema entra ahora en una etapa de mayor despliegue tecnológico, con una empresa que podría concentrar contrataciones por más de $6.300 millones y con un marco nacional que ya habilita formalmente el bloqueo de dispositivos en establecimientos penitenciarios provinciales.
Fuentes consultadas: El Sol, ENACOM