TERREMOTO POLÍTICO EN PARAGUAY: LA JUSTICIA DETUVO EN SU DOMICILIO AL EXPRESIDENTE SANTIAGO PEÑA TRAS SU HISTÓRICA DESTITUCIÓN EN EL SENADO
En una jornada marcada por el quiebre institucional y la tensión social, el Congreso paraguayo removió de su cargo al mandatario en juicio político por el colapso de Ueno Bank, y la Fiscalía ordenó de inmediato su arresto domiciliario a la espera de la indagatoria.
La región sudamericana atraviesa momentos de profunda conmoción institucional tras la drástica resolución de la crisis política y financiera en Paraguay. En una secuencia de acontecimientos sin precedentes recientes, el Congreso paraguayo completó el juicio político que resolvió por unanimidad la destitución del presidente Santiago Peña, tras lo cual la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción ordenó su detención inmediata en su residencia particular de Asunción, quedando bajo custodia policial a la espera de ser citado a declarar por delitos vinculados a la corrupción y la administración fraudulenta.
El contexto que desencadenó la abrupta caída de la administración de Peña se concentró en la severa crisis bancaria provocada por la intervención y posterior quiebra del Ueno Bank, una entidad financiera fuertemente ligada al entorno personal y comercial del exjefe de Estado. Las denuncias parlamentarias y las investigaciones judiciales detectaron desvíos e irregularidades por más de 1.200 millones de dólares provenientes de fondos públicos y cajas previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS), afectando los ahorros de más de tres millones de personas y desatando una fuerte ola de protestas populares en las calles de la capital paraguaya.
Ante la inminencia del juzgamiento político, Peña intentó presentar formalmente su renuncia al cargo con la intención de atenuar el impacto institucional y conservar los fueros parlamentarios que la Constitución le otorga a los mandatarios salientes como senadores vitalicios. Sin embargo, el Senado rechazó el escrito por abrumadora mayoría, resolviendo avanzar con el proceso hasta la sanción definitiva de destitución bajo el cargo de mal desempeño de funciones, lo que dejó al ahora exmandatario desprovisto de todo tipo de inmunidad diplomática y judicial.
Pocas horas después de la votación en la Cámara Alta y de la toma de juramento del hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana como nuevo titular del Poder Ejecutivo, efectivos de la Policía Nacional se presentaron en el domicilio de Peña para notificarlo formalmente del arresto preventivo. La fiscal de la causa confirmó que el exmandatario permanecerá bajo custodia domiciliaria hasta su traslado a la sede del Ministerio Público, donde deberá responder por las acusaciones de lesión de confianza, tráfico de influencias, infracciones informáticas y administración en provecho propio. La medida judicial se extendió además a exautoridades del Banco Central de Paraguay involucradas en los mecanismos de supervisión del sistema financiero.
Por su parte, la asunción de Pedro Alliana al frente de la Presidencia busca poner fin a la incertidumbre y garantizar la continuidad institucional hasta la finalización del período gubernamental en agosto de 2028. En su primer mensaje a la nación, el nuevo mandatario se comprometió a priorizar la estabilización económica interna, la atención a los damnificados por la quiebra bancaria y la reconstrucción de la confianza pública en las instituciones del Estado.
El vertiginoso desenlace en el país vecino es seguido con estrecha atención por los gobiernos e inversores del Cono Sur, en una coyuntura donde los mercados analizan las posibles derivaciones cambiarias y comerciales del proceso de transición política tras una de las mayores crisis institucionales de los últimos años en la región.