SENADOR Y COMERCIALIZADOR DE TIERRAS A EXTRANJEROS: BENEGAS LYNCH QUEDA EXPUESTO POR UN NEGOCIO PROPIO QUE BUSCABA BENEFICIAR
Una senadora impugnó a Joaquín Benegas Lynch por votar sobre tierras rurales mientras es socio gerente de una empresa que las comercializa a extranjeros. El caso reabre una pregunta incómoda: ¿puede un legislador decidir sobre una ley que impacta directamente en su propio bolsillo?
El Senado nacional discutió este jueves el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" en medio de un escándalo que debería avergonzar a cualquier bloque, más allá de la bandería. La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación formal para que el libertario Joaquín Benegas Lynch no pudiera debatir, firmar dictámenes ni votar la iniciativa, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional y la Ley de Ética en la Función Pública. El motivo es contundente: Benegas Lynch es socio gerente de Glocal Terra SRL, una firma que se dedica, literalmente, a conseguirle compradores extranjeros a las tierras rurales argentinas.
El capítulo que flexibilizaba el acceso de extranjeros a esas tierras terminó cayéndose del proyecto por falta de votos, pero el problema de fondo no se resuelve con esa retirada táctica. Que un senador con un negocio activo de intermediación de campos participe, aunque sea indirectamente, de la discusión sobre las reglas que regulan ese mismo mercado no es un tecnicismo: es la definición de "juez y parte". Como bien resumió Di Tullio, usar una banca para favorecer intereses privados no es una travesura legislativa, es una traición al mandato de imparcialidad que supone representar al pueblo.
Lo llamativo es que este no es un hecho aislado en la carrera del entrerriano. Además de Glocal Terra, Benegas Lynch encabeza una verdadera "madeja societaria" vinculada a tierras rurales: Finca Luracatao SA en Salta —en conflicto con comunidades originarias por una mina de oro—, Concepción Agro SA, Maita Agro Meras SA y Pampa Investment SAS, esta última heredera del entramado que supo montar Douglas Tompkins en la región. A eso se suma una casona de medio millón de dólares en La Paz, Entre Ríos, que no figuró en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Con ese historial, la pregunta que cabe no es si hubo una ley puntual afectada, sino cuántas veces un legislador puede sentarse a votar sobre un negocio del que también vive.
El caso interpela a cualquier cuerpo legislativo, también al Senado por Mendoza. Si la sospecha de conflicto de intereses no dispara automáticamente una recusación, el sistema de control ético argentino queda reducido a una declaración de buenas intenciones. No alcanza con esperar que cada legislador "sienta vergüenza" y se abstenga por propia voluntad: hacen falta mecanismos institucionales que impidan, de entrada, que quien legisla sobre un mercado sea también quien lucra en él. Mientras eso no exista, cada sesión clave corre el riesgo de convertirse en una nueva sospecha de negocio privado disfrazado de política pública.
Fuentes consultadas: Ambito, Perfil, Parlamentario