SALARIOS A LA DERIVA: EL GOBIERNO DESCARTA EL PISO DE $1.000.000 Y DEJA A LOS TRABAJADORES SIN RED DE CONTENCIÓN
Tras el fracaso del Consejo del Salario, el Ejecutivo nacional confirmó que no impondrá un monto obligatorio de un millón de pesos ni intervendrá en las paritarias. En un contexto de pérdida histórica del poder adquisitivo, la decisión oficial relega la recomposición a la voluntad del mercado, profundizando la vulnerabilidad de las categorías más bajas.
El fin del rol mediador y la retirada del Estado
El panorama económico suma un nuevo capítulo de tensión para los bolsillos de las familias trabajadoras. En las últimas horas, el Gobierno nacional dejó en claro su postura frente al reclamo de una recomposición urgente: descartó de plano la posibilidad de fijar un piso salarial obligatorio de $1.000.000, argumentando que no impondrá referencias generales que puedan trasladarse a los precios. La decisión llega tras el abrupto fracaso del plenario del Consejo del Salario, donde las cámaras empresarias ofrecieron una suba que no llegó al 2% y la cúpula sindical abandonó la mesa de diálogo.
Para los funcionarios nacionales, la estrategia consiste en actuar como simples "moderadores" y dejar que cada sector defina sus propias escalas salariales sin una injerencia estatal directa. Sin embargo, bajo este discurso de supuesta neutralidad y libre negociación, se esconde una realidad mucho más cruda: al desentenderse de fijar un piso digno, el Estado abdica de su rol histórico como garante del equilibrio en relaciones laborales que son, por naturaleza, asimétricas. El trabajador queda librado a su propia suerte, enfrentando a un mercado que impone sus reglas.
El peso de la historia y la licuadora salarial
Si miramos por el espejo retrovisor, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) supo ser una herramienta efectiva para establecer un límite a la pobreza y asegurar que quien trabajara una jornada completa pudiera cubrir sus necesidades básicas. Hoy, ese concepto parece haber quedado en los libros de historia. Actualmente, el haber mínimo se encuentra estancado en $376.600, una cifra que apenas llega a cubrir una cuarta parte de lo que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre.
Los datos duros son irrefutables: diversos informes económicos señalan que el salario mínimo acumula más de trece meses consecutivos de caída libre. Desde fines de 2023, ha perdido cerca del 40% de su capacidad de compra real, ubicándose en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. Mientras la inflación en alimentos, servicios y transporte no da tregua, los ingresos fijos han sido la variable de ajuste más silenciosa y letal de este modelo económico.
El impacto en la economía real mendocina
En nuestra provincia, el impacto de esta política de desamparo se palpa a diario. Desde los trabajadores rurales en los viñedos y fincas del interior provincial, hasta los empleados de comercio en el centro de Mendoza o el cordón de Las Heras y Guaymallén, la cuenta es sencilla y dolorosa: el sueldo se agota mucho antes de que termine el mes. Los recientes incrementos en las tarifas de luz, agua y el boleto de colectivo asfixian cualquier intento de planificación familiar.
Cuando el Estado decide mirar hacia otro lado y permite que las empresas ofrezcan recomposiciones de apenas unos miles de pesos, el mensaje que baja hacia la sociedad es claro. La contención estatal frente a la pérdida de poder adquisitivo ha dejado de ser una prioridad. Sin un piso salarial fuerte que funcione como faro, los trabajadores quedan desprovistos del único escudo que históricamente los protegió frente a las crisis económicas, esperando que un laudo oficial dicte, a cuentagotas, cuánto vale su esfuerzo.