Seguridad
RIVADAVIA: UN HOMBRE GOLPEÓ A POLICÍAS Y DESTROZÓ UN MÓVIL OFICIAL
El caso quedó caratulado como daño al Estado, lesiones y amenazas. La violencia contra efectivos en servicio vuelve a encender alertas en el Este.
Un nuevo episodio de violencia contra la fuerza policial sacudió al departamento de Rivadavia. Un hombre fue detenido tras agredir físicamente a efectivos en servicio y causar daños deliberados sobre un móvil oficial de la Policía de Mendoza. El caso quedó registrado bajo la carátula de daño al Estado, lesiones y amenazas, delitos que en conjunto configuran un ataque directo contra agentes del orden en el ejercicio de sus funciones.
El hecho expone una realidad que se repite con preocupante frecuencia en los departamentos del Este provincial: policías que salen a cumplir su tarea y regresan golpeados, con sus vehículos rotos y la causa judicial como único resguardo. Atrás de cada móvil dañado hay recursos públicos escasos —los mismos que los propios vecinos reclaman cuando no hay patrulleros disponibles en sus barrios.
Lo que resulta inaceptable no es solo la violencia en sí, sino la naturalización de este tipo de conductas. Agredir a un policía en servicio no es una respuesta a la autoridad: es un delito. Dañar un vehículo del Estado no es una protesta: es destruir patrimonio de todos los mendocinos.
El Este ya convive con índices de inseguridad que preocupan a sus comunidades. Cada vez que un efectivo es agredido o un recurso policial queda fuera de servicio, la capacidad de respuesta del sistema se debilita. Y quienes lo padecen primero no son los funcionarios: son los vecinos que llaman al 911 y esperan.
La Justicia tiene la responsabilidad de actuar con la firmeza que el caso exige. Porque cuando atacar a un policía tiene consecuencias mínimas, el mensaje que se instala en el territorio es el peor posible.
Redacción Ruta7Digital — Seguridad
El hecho expone una realidad que se repite con preocupante frecuencia en los departamentos del Este provincial: policías que salen a cumplir su tarea y regresan golpeados, con sus vehículos rotos y la causa judicial como único resguardo. Atrás de cada móvil dañado hay recursos públicos escasos —los mismos que los propios vecinos reclaman cuando no hay patrulleros disponibles en sus barrios.
Lo que resulta inaceptable no es solo la violencia en sí, sino la naturalización de este tipo de conductas. Agredir a un policía en servicio no es una respuesta a la autoridad: es un delito. Dañar un vehículo del Estado no es una protesta: es destruir patrimonio de todos los mendocinos.
El Este ya convive con índices de inseguridad que preocupan a sus comunidades. Cada vez que un efectivo es agredido o un recurso policial queda fuera de servicio, la capacidad de respuesta del sistema se debilita. Y quienes lo padecen primero no son los funcionarios: son los vecinos que llaman al 911 y esperan.
La Justicia tiene la responsabilidad de actuar con la firmeza que el caso exige. Porque cuando atacar a un policía tiene consecuencias mínimas, el mensaje que se instala en el territorio es el peor posible.
Redacción Ruta7Digital — Seguridad