PASTOR ACUSADO DE ABUSAR DE TRES NIÑAS DE SU FAMILIA SE EXCUSA EN "ORACIONES ESPIRITUALES"
El hombre de 59 años está detenido desde el 2 de septiembre por denuncias de dos nietas y una sobrina política. La Fiscalía pidió la prisión preventiva y la defensa reclama su libertad. Aún no hay juicio ni condena.
Un hombre de 59 años, que además de trabajar como chofer en una empresa se desempeñaba como pastor de una iglesia del departamento de Las Heras, permanece detenido desde el 2 de septiembre acusado de abusar sexualmente de tres familiares: dos nietas y una sobrina política. La Fiscalía de Delitos Sexuales pidió que continúe preso mediante la prisión preventiva y la jueza Dolores Ramón debe resolverlo en los próximos días. Se trata de una acusación, no de una condena: el hombre no fue juzgado y rige para él la presunción de inocencia.
Las primeras presentaciones llegaron a mediados de agosto. Tres jóvenes de entre 16 y 22 años denunciaron, por separado, hechos de características similares atribuidos a un familiar directo. Con las pruebas iniciales del expediente, la Fiscalía ordenó la detención y lo imputó por varios hechos de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro de culto. Para resguardar a las víctimas, ni la Justicia ni los medios difundieron su identidad. Esta nota tampoco precisa el nombre del acusado, el domicilio ni la congregación.
Según la reconstrucción de la Fiscalía, apoyada sobre todo en los relatos de las jóvenes, los episodios habrían ocurrido entre septiembre de 2024 y abril de 2025 en la vivienda del acusado, en el norte del departamento, y habrían comenzado después de la muerte de su esposa. Las denunciantes describieron situaciones ocurridas cuando se quedaban a dormir en la casa o realizaban tareas de limpieza, y sostienen que el hombre aprovechaba que estaban a solas. Para justificar el contacto habría recurrido a supuestas “oraciones espirituales” y a otras excusas, un pretexto que, según la investigación, se apoyaba en su autoridad religiosa y familiar.
La defensa solicitó la libertad del imputado con el argumento de que no puede entorpecer la investigación ni fugarse de la provincia. La Fiscalía, en cambio, pidió que siga detenido mientras avanza el proceso. La decisión de la jueza no determina si el acusado es culpable, sino si debe permanecer privado de la libertad hasta que la causa llegue a una instancia posterior.
La calificación elegida incorpora un agravante que el Código Penal contempla para quienes cometen estos delitos aprovechando su rol como ministro de algún culto, reconocido o no. El vínculo familiar y la posición de referente de una comunidad religiosa son dos factores que la acusación considera relevantes para entender cómo se habrían desarrollado los hechos.
El caso se inscribe en un patrón que los datos describen como frecuente: la mayor parte de los abusos sexuales ocurre en el entorno cercano de las víctimas. En registros del Ministerio de Justicia sobre casos de niñas, niños y adolescentes, el 57,2% de los agresores eran familiares y el 20,2%, conocidos. El organismo también informó, a partir de las llamadas a su línea de atención, que el 67,4% de los hechos sucede en el hogar de la víctima, del agresor o de un familiar. Una encuesta de Unicef de 2019 y 2020 estimó que el 11% de las mujeres de entre 18 y 49 años sufrió abuso sexual durante la infancia o la adolescencia.
Los especialistas advierten que muchos casos no llegan a conocerse porque se mantienen en secreto, hay amenazas o no se cree a quien habla, y que cuando el agresor integra la familia las denuncias suelen demorarse. En este expediente, pasaron más de catorce meses entre el período que se investiga y las presentaciones ante la Justicia. Por eso, desde la reforma del artículo 72 del Código Penal, los abusos sexuales contra menores son delitos de acción pública: pueden investigarse sin que la víctima o su familia deban impulsar la denuncia.
Quienes necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea 137, un servicio gratuito de atención a víctimas de violencia familiar y sexual que funciona las 24 horas, por llamada o por WhatsApp al 11-3133-1000. Para situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes, también existe la Línea 102.
La resolución sobre la prisión preventiva será el próximo paso visible en la causa. La investigación continuará su curso, y solo un juicio podrá determinar si las acusaciones se prueban.