NEIRA Y DALMAU, INDEMNIZAR PARA VOLVER A CONTRATAR: UN PATRÓN QUE SE REPITE ENTRE NACIÓN Y MENDOZA
Un contador cobró casi $110 millones al dejar el Enacom y, al día siguiente, fue recontratado en el INTA sin concurso. El caso reabre una polémica que Mendoza ya había protagonizado meses atrás con la reincorporación de una exlegisladora indemnizada por el cierre de un organismo provincial.
El Estado nacional indemnizó con casi $110 millones a un funcionario por dejar un organismo y, al día siguiente, lo recontrató en otra dependencia. El caso, confirmado esta semana, no es un hecho aislado: en Mendoza se había replicado un esquema similar meses atrás, cuando una exlegisladora cobró una indemnización por el cierre de un ente provincial y, un mes después, volvió a la función pública como asesora.
El caso Neira
El contador Daniel Alfredo Neira se desempeñaba desde 2012 como subdirector de Contabilidad y Finanzas en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). A fines de julio acordó su salida del organismo mediante un resarcimiento que, según la planilla de liquidación, alcanzó un monto neto de $109.781.999,73: $73.067.618 por antigüedad, $9.742.349 por preaviso y $24.096.076 por vacaciones no gozadas.
El cese se formalizó el 31 de julio. Al día siguiente, el 1° de agosto, Neira ya estaba trabajando en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde fue designado de manera transitoria por 180 días como gerente de Contabilidad, dentro de la Dirección General de Administración. Las gestiones para incorporarlo habían comenzado el 1° de julio, tres semanas antes de que se firmara su salida del Enacom.
El nombramiento se concretó sin concurso público de antecedentes, bajo el argumento de una urgencia operativa generada por retiros voluntarios en el organismo agropecuario. Consultado por la agencia Noticias Argentinas, el Enacom se limitó a confirmar las fechas, sin explicar los criterios técnicos usados para fijar el monto indemnizatorio. El INTA tampoco explicó por qué era prioritario incorporarlo, y el propio Neira no respondió las consultas de la prensa. Fuentes del organismo reconocieron que "pudo haber un error en no fijarse si había sido indemnizado".
Contexto
El episodio ocurre en pleno proceso de ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno nacional, lo que expuso una contradicción entre el discurso de austeridad y una erogación de esta magnitud para una persona que, en los hechos, nunca dejó de estar en la nómina estatal. Especialistas en derecho administrativo señalaron que el procedimiento tiene las características de un despido simulado: cuando un agente pasa directamente a otro cargo de la estructura pública, lo habitual es que presente la renuncia sin percibir una indemnización.
El antecedente mendocino
Mendoza había vivido una situación con una lógica parecida meses antes. Flavia Dalmau, exlegisladora radical, se desempeñó durante 20 años en el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), en el Valle de Uco, hasta que a mediados de 2024 el Gobierno provincial dispuso el cierre del organismo. En ese momento cobró la indemnización correspondiente a su antigüedad, aunque su cargo quedó reservado porque en paralelo ejercía como diputada provincial, banca a la que había accedido en 2022.
Dalmau dejó su banca legislativa a fines de abril de este año. Un mes después, el 22 de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Mema firmaron un decreto que la designó, junto a otro exlegislador, como asesora del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, en uno de los dos cargos de Clase 075 creados para la ocasión. La norma recién se publicó en el Boletín Oficial el 16 de julio, casi dos meses después de firmada, y necesitó invocar una excepción a la normativa presupuestaria vigente para poder concretarse.
Un patrón que se repite
En ambos casos, el esquema es similar: una indemnización percibida por el cierre o la salida de un organismo, seguida en un plazo breve por una nueva incorporación a la función pública, sin que medie un concurso ni una explicación pública detallada sobre los criterios utilizados. La diferencia está en la escala de los montos y en el nivel de gobierno involucrado, pero la lógica de fondo —cobrar para salir y volver a entrar poco después— es la misma.
Lo que sigue abierto
Ni el Enacom ni el INTA, a nivel nacional, dieron precisiones sobre los controles internos que deberían haber advertido la situación antes de formalizar el pago. En Mendoza, el Gobierno provincial justificó la reincorporación de Dalmau como parte de una práctica más amplia de sumar al Poder Ejecutivo a dirigentes de Cambia Mendoza que dejan sus bancas legislativas. En ninguno de los dos casos existe, hasta el momento, una revisión formal del procedimiento.