MUERTE E IMPUNIDAD: EL CASO VILLOUTA EXPONE CÓMO LA JUSTICIA TRATA DISTINTO AL PODEROSO
Nueve años después de que el empresario Alejandro Verdenelli atropellara y abandonara a Alan Villouta, de 21 años, en el Acceso Sur, la Suprema Corte convalida una dudosa prescripción de la causa por una notificación tardía de apenas cuatro días. La familia y la Fiscalía apelarán, pero el caso ya deja varias preguntas incómodas sobre a quién protege realmente el sistema judicial mendocino.
Hay causas judiciales que, más allá de su desenlace, terminan funcionando como un espejo incómodo de cómo funciona la Justicia según quién esté sentado del otro lado del mostrador. El caso de Alan Villouta es una de ellas. El joven de 21 años murió atropellado en la madrugada del 26 de agosto de 2017 en el Acceso Sur, cuando volvía a pie de su trabajo en una pizzería de Guaymallén. El conductor, el empresario César Alejandro Verdenelli, no se detuvo a socorrerlo: seguió hasta su casa y permaneció allí, y se presentó casi 60 horas después, en Homicidios junto a su abogado. Habiendo evitado test de alcohol, y lavado el auto, eliminando cualquier posibilidad de determinación científica.
El vehículo con el que Verdenelli embistió a Villouta era una Porsche Cayenne, la SUV de lujo insignia de la marca alemana, cuyo valor en el mercado ronda hoy los 120.000 dólares en su versión de base y que equipa motores capaces de superar los 250 km/h de velocidad máxima, con aceleraciones de 0 a 100 km/h en apenas unos segundos. Sobre la velocidad exacta a la que circulaba al momento del choque hay una disputa que nunca terminó de saldarse: la pericia mecánica oficial, presentada en el juicio de 2020, estableció un impacto a entre 42 y 57 km/h, un dato que la defensa usó para sostener que Verdenelli directamente no advirtió que había atropellado a una persona. La querella, en cambio, sostuvo siempre que el empresario conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, una hipótesis que —como ocurre con buena parte de este expediente— nunca pudo comprobarse ni descartarse con certeza técnica.
Y ese es, precisamente, otro de los puntos centrales del caso: para cuando Verdenelli decidió entregarse, ya no tenía ningún sentido realizarle un test de alcoholemia. Nunca se pudo establecer si conducía alcoholizado. La Justicia entonces lo imputó por homicidio simple con dolo eventual —un delito de 8 a 25 años de prisión—, pero en febrero de 2018 el fiscal cambió la calificación a homicidio culposo agravado, una figura mucho más leve, de 3 a 6 años. ¿Cuánto tiempo pasó preso el hombre que atropelló y abandonó a un joven en la ruta? Apenas 19 días en el Centro Transitorio de Detención, tras los cuales pasó a prisión domiciliaria y, para Navidad de ese mismo año, recuperó la libertad total.
En abril de 2020 llegó la condena: 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir. Es decir, ni un día más de cárcel. La defensa apeló ante la Suprema Corte de Justicia, que tardó casi seis años en resolver el planteo. El fallo que confirmaba la condena se firmó el 13 de abril de 2026, apenas un día antes de que se cumpliera el plazo de prescripción de seis años que marca la ley para este delito. Pero Verdenelli, que se encontraba de viaje en Malargüe, recién fue notificado cuatro días después. Ese detalle técnico —una notificación tardía, en una causa que la propia Corte dejó dormir durante seis años— fue el argumento que la defensa usó para pedir la prescripción, y que un tribunal le concedió la semana pasada, dejando al empresario sobreseído y sin condena firme.
Frente a esto, la familia de Villouta se reunió este viernes con el gobernador Alfredo Cornejo y con el procurador Alejandro Gullé, y tanto ellos como la Fiscalía anunciaron que presentarán un recurso de casación para que la Corte revise su propia resolución. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti fue más allá y calificó de "perverso" el mensaje que deja este tipo de fallos: que atropellar, no socorrer y darse a la fuga durante horas puede terminar siendo, en los hechos, una estrategia procesal exitosa.
Resulta difícil no preguntarse qué hubiera pasado si, en lugar de un empresario con capacidad de sostener años de apelaciones y una defensa especializada, el conductor del vehículo hubiese sido cualquier trabajador mendocino. La misma Corte que tardó seis años en resolver una apelación fue, paradójicamente, la que terminó beneficiando a la parte que más recursos tenía para sostener el proceso en el tiempo. Mientras la familia de Alan Villouta sigue esperando justicia nueve años después, el caso vuelve a instalar una pregunta que excede lo judicial: si la lentitud de los tribunales termina siendo, en la práctica, un privilegio más para quien puede pagarlo.