MILEI AVANZA CON LA MOTOSIERRA EN IOSFA: 1.450 TRABAJADORES AFUERA Y MILES DE AFILIADOS EN LA INCERTIDUMBRE
El Gobierno profundiza el desmantelamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas con una nueva ola de desvinculaciones que se suma a los 700 despidos anteriores. Mientras se achica la estructura, cierran farmacias y centros de atención. El ajuste golpea a trabajadores y pone en riesgo la accesibilidad de los servicios de salud de militares, retirados y sus familias.
El ajuste del gobierno de Javier Milei vuelve a mostrar su cara más concreta: trabajadores que pierden sus empleos, establecimientos que bajan sus persianas y miles de afiliados que no saben con certeza dónde podrán atenderse. Esta vez, el recorte avanza sobre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una institución que atraviesa una profunda reestructuración impulsada por el Ejecutivo nacional.
La medida contempla alrededor de 1.450 desvinculaciones laborales, que se suman a los 700 despidos anteriores. El Gobierno presenta el proceso como una reorganización institucional, pero para quienes trabajan en la obra social y para los beneficiarios que dependen de sus prestaciones, las consecuencias son mucho menos administrativas: pérdida de puestos de trabajo y preocupación por la continuidad de la atención médica.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede hablar de modernización del sistema sanitario cuando el primer impacto visible es una reducción masiva de personal y el cierre de espacios que atendían a los afiliados?
La transformación de IOSFA, formalizada mediante el Decreto 1286/2026, establece un nuevo esquema de cobertura para el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Sin embargo, todavía quedan interrogantes sobre la capacidad de las nuevas estructuras para absorber las prestaciones, mantener la red de atención y garantizar que los beneficiarios no terminen pagando las consecuencias de una crisis que no provocaron.
CASI 2.150 PUESTOS AFECTADOS: EL AJUSTE TAMBIÉN LLEGA A LOS TRABAJADORES
La magnitud de la reducción laboral es uno de los aspectos más preocupantes del proceso. Según las estimaciones difundidas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), IOSFA tenía alrededor de 2.450 trabajadores. Con la reorganización, cerca de 1.000 serían incorporados a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), mientras que otros 450 empleados de planta permanente quedarían en disponibilidad y aproximadamente 1.000 contratos dejarían de continuar.
A ese escenario se suman los 700 despidos anteriores. El resultado es una estructura laboral profundamente reducida y cientos de familias que deben enfrentar la incertidumbre económica.
El Gobierno puede argumentar que necesita ordenar las cuentas y reorganizar organismos públicos, pero una política de reducción de gastos también debe explicar quiénes absorben sus consecuencias. En este caso, los trabajadores aparecen entre los primeros afectados, mientras todavía no están completamente despejadas las dudas sobre el funcionamiento futuro de la cobertura sanitaria.
La situación también plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para decidir quiénes continúan, quiénes son transferidos y quiénes quedan afuera. No se trata solamente de eliminar cargos: se trata de personal con experiencia en la gestión de prestaciones médicas, trámites, farmacias y atención a los afiliados.
CIERRAN FARMACIAS Y CENTROS MÉDICOS: ¿QUIÉN SE HACE CARGO DE LOS AFILIADOS?
El recorte no termina en las oficinas administrativas. También se informó el cierre de 31 farmacias propias de IOSFA, además de delegaciones y centros de atención.
La reducción de estos servicios puede afectar especialmente a quienes viven lejos de los grandes centros urbanos, necesitan medicamentos de manera permanente o requieren controles médicos frecuentes. Para muchos afiliados, una farmacia propia o una delegación cercana no representa un simple edificio: es una vía concreta para acceder a prestaciones que forman parte de su cobertura.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar qué alternativas reemplazarán esos establecimientos, qué prestadores recibirán a los pacientes y cómo se garantizará la provisión de medicamentos. Sin una red de atención clara y accesible, la reorganización corre el riesgo de convertirse en una transferencia de dificultades desde el Estado hacia los propios beneficiarios.
La preocupación es mayor porque la obra social ya arrastra problemas financieros y deudas con prestadores. En lugar de limitarse a anunciar cierres y recortes, la transición debería ofrecer garantías concretas sobre la continuidad de tratamientos y servicios.
MENDOZA TAMBIÉN RECIBE EL IMPACTO DEL RECORTE
En Mendoza, las consecuencias ya generan preocupación. Se informó que el Centro Médico Santa Rita, ubicado en San Martín 850 de la Ciudad de Mendoza, tiene previsto cerrar el 30 de noviembre. La medida afectaría a unos 16.000 afiliados, según los datos difundidos sobre el establecimiento.
El lugar brindaba atención médica a beneficiarios de IOSFA y su cierre abre un interrogante concreto: ¿adónde deberán acudir quienes utilizaban esos servicios?
También se anunció el cierre de la farmacia propia que funcionaba junto a esas instalaciones. La desaparición de ambos espacios puede obligar a los afiliados a reorganizar sus consultas, buscar nuevos prestadores y realizar desplazamientos adicionales para acceder a medicamentos y atención.
Para los habitantes de departamentos alejados del Gran Mendoza, estas modificaciones pueden representar una dificultad todavía mayor. La cobertura médica no debería depender de la posibilidad económica o física de viajar largas distancias para conseguir una consulta o retirar un medicamento.
La reorganización nacional necesita explicar qué sucederá con cada uno de estos servicios y cómo se evitará que miles de personas queden atrapadas en un sistema de transición sin respuestas.
UNA CRISIS CON RESPONSABLES POR INVESTIGAR Y CUENTAS QUE DEBEN ACLARARSE
IOSFA atraviesa una crisis financiera marcada por deudas con clínicas, farmacias, laboratorios y otros proveedores. En octubre, el Gobierno anunció que destinaría fondos del Tesoro para atender compromisos pendientes por aproximadamente 210.000 millones de pesos.
La situación exige explicaciones sobre cómo se acumuló semejante deuda, qué decisiones administrativas contribuyeron al deterioro y qué controles se realizaron durante las gestiones anteriores. Los trabajadores y los afiliados no deberían ser los únicos que paguen el costo de una crisis institucional sin que antes se esclarezca cómo se llegó a ella.
Desde el sindicalismo se cuestionó la política de recortes y se reclamó investigar las responsabilidades por el estado financiero de la obra social. Esas denuncias deben ser examinadas con documentación y auditorías, pero no pueden quedar sepultadas detrás de una simple reorganización administrativa.
Si hubo una mala administración, corresponde determinar quiénes fueron responsables. Si existen deudas, deben explicarse sus causas. Y si el Gobierno decide cambiar el sistema, tiene que demostrar que el nuevo esquema podrá brindar una cobertura sanitaria adecuada.
LA MOTOSIERRA NO PUEDE PASAR POR ENCIMA DEL DERECHO A LA SALUD
La reducción del gasto público es una de las principales banderas del gobierno de Milei. Sin embargo, cuando el ajuste alcanza a una institución de salud, el debate no puede reducirse a una planilla de costos ni a la cantidad de empleados que dejan de trabajar.
Detrás de los 1.450 puestos afectados hay trabajadores y familias. Detrás de las farmacias que cierran hay pacientes que necesitan medicamentos. Y detrás de los centros médicos que desaparecen hay afiliados que esperan saber dónde podrán continuar sus tratamientos.
La pregunta que el Gobierno todavía debe responder es sencilla: ¿qué garantías concretas tendrán quienes dependen de IOSFA cuando la nueva estructura esté en funcionamiento?
No alcanza con anunciar una reorganización ni con presentar los despidos como parte de una transformación. Es necesario demostrar que la cobertura seguirá funcionando, que los medicamentos estarán disponibles y que los afiliados no tendrán que afrontar mayores gastos o dificultades para recibir atención.
El ajuste puede modificar organismos, reducir estructuras y cambiar nombres, pero no debería convertir el acceso a la salud en una incertidumbre permanente. Mientras el Ejecutivo avanza con los recortes, miles de personas esperan respuestas que todavía no están suficientemente claras.