MIENTRAS LA MINERÍA AVANZA, LA VITIVINICULTURA MENDOCINA SE CAE A PEDAZOS
La Asociación de Viñateros de Mendoza denunció que miles de fincas fueron abandonadas en los últimos años por la crisis de rentabilidad, mientras el Gobierno provincial celebra el ingreso de nuevos proyectos mineros multimillonarios al RIGI. Dos caras de un mismo modelo productivo en disputa.
Mendoza vive un contraste que empieza a instalarse como uno de los grandes debates económicos de la provincia: mientras la minería metalífera consigue inversiones históricas y respaldo político explícito, la vitivinicultura -la actividad que definió la identidad productiva mendocina durante más de un siglo- atraviesa lo que sus propios referentes califican como una "crisis terminal".
La Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) emitió en los últimos días un durísimo comunicado institucional en el que advirtió sobre el abandono sistemático de fincas en toda la provincia. Según la entidad, la cosecha 2026 cayó más de un 12% respecto del ciclo anterior, un desplome que se combina con costos de producción en alza y precios de la uva estancados desde hace tres años. El presidente de la AVM, Eduardo Córdoba, fue contundente: "No estamos pidiendo subsidios, sino condiciones para seguir trabajando".
El diagnóstico incluye una cifra que resume la magnitud del fenómeno: en los últimos seis años desaparecieron entre 3.800 y 4.000 fincas vitícolas en la provincia. Desde el Valle de Uco, referentes de la Sociedad Rural describieron un déficit operativo que supera los 2,6 millones de pesos por hectárea en variedades finas como Malbec o Cabernet Sauvignon, con costos que ya rondan los 8.000 dólares anuales por hectárea. Productores de la zona norte llegaron a advertir que "muchos directamente no están podando porque no tienen fondos", lo que compromete la próxima cosecha.
En paralelo, el sector minero exhibe un ritmo de expansión notable. El proyecto PSJ Cobre Mendocino -ex San Jorge-, ubicado en Uspallata, obtuvo la aprobación nacional para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un desembolso proyectado de 613 millones de dólares y estimaciones de entre 3.900 y 5.000 empleos directos e indirectos durante la construcción. El gobernador Alfredo Cornejo lo definió como "el primer proyecto de cobre de la Argentina" y viene promocionándolo activamente, incluso en giras internacionales como la reciente visita a Londres.
El contraste no pasa inadvertido para el sector vitivinícola, que reclama la misma previsibilidad regulatoria y financiera que el Estado ofrece a la minería. Mientras el discurso oficial pone el acento en el "cambio de matriz productiva" hacia el cobre y el potasio, en los caminos rurales de Mendoza crece la postal de parrales secos y viñedos sin mantenimiento, testimonio de una actividad que empleaba a más de 100.000 personas y representaba cerca del 15% del Producto Bruto Geográfico provincial.
La pregunta que empieza a instalarse entre productores es si ambos modelos son realmente compatibles, o si el impulso minero se está construyendo, al menos en parte, sobre el terreno que la vitivinicultura va dejando vacante.
Fuente: Asociación de Viñateros de Mendoza / Gobierno de Mendoza