MENDOZA TIENE LOS SALARIOS DOCENTES MÁS BAJOS DE LA ARGENTINA
Un informe oficial del Ministerio de Capital Humano ubicó a la provincia en el último lugar del ranking nacional de haberes magisteriales. A pesar del contundente respaldo electoral que la ciudadanía le otorgó a Javier Milei y Alfredo Cornejo, la educación pública mendocina sufre el congelamiento salarial, la precarización de sus básicos y el deterioro del poder adquisitivo.
Quienes caminan por las escuelas mendocinas, conversan en las salas de profesores o escuchan el reclamo diario a la salida de los establecimientos, saben que la crisis educativa no es una percepción abstracta: tiene números concretos y repercusiones cotidianas. Los datos más recientes publicados por la Secretaría de Educación de la Nación expusieron una realidad desgarradora: Mendoza se posicionó en el último escalón del país en materia de salarios docentes durante junio de 2026.
Para el cargo de referencia —un maestro de grado con diez años de antigüedad y jornada simple— el ingreso bruto fijado en la provincia fue de $935.449,89. La cifra contrasta fuertemente con el promedio ponderado nacional de $1.308.651 y resulta abismal frente a jurisdicciones como Neuquén, donde el mismo cargo supera los 2,5 millones de pesos. Incluso en la región de Cuyo, Mendoza quedó rezagada respecto a San Juan y San Luis, marcando una brecha negativa de cientos de miles de pesos con las provincias vecinas.
Esta postergación salarial ocurre en un contexto político particular. Mendoza se ha consolidado como un bastión electoral del oficialismo, donde tanto el presidente Javier Milei como el gobernador Alfredo Cornejo obtuvieron holgados triunfos en las urnas. La promesa de eficiencia administrativa, rigor fiscal y orden presupuestario encontró terreno fértil entre los votantes locales. Sin embargo, el costo de ese esquema de austeridad extrema está recayendo directamente sobre los hombros del cuerpo docente.
La estructura salarial mendocina padece distorsiones históricas que agravan la situación. El haber básico representa un porcentaje insignificante del sueldo total, mientras que el grueso de los ingresos depende de sumas fijas y adicionales condicionados —como el cuestionado Ítem Aula o el adicional por Arraigo—. Esta fragilidad normativa expone a los educadores a una pérdida constante de poder adquisitivo frente a la inflación y desincentiva la carrera pedagógica. A pesar de los acuerdos paritarios y de las recomposiciones en tramos menores, los aumentos básicos no logran cubrir la canasta familiar.
Sostener las aulas abiertas a costa del esfuerzo y la privación de los maestros debilita la calidad de la enseñanza pública. Exigir la máxima responsabilidad a quienes forman a las futuras generaciones requiere, como presupuesto mínimo, un reconocimiento salarial digno. Sin un financiamiento educativo real y sin priorizar el salario docente en las partidas provinciales y nacionales, el pregón de la excelencia educativa continuará siendo un enunciado vacío en el mapa mendocino.