MENDOZA DESTINARÁ $3.754 MILLONES A BLOQUEAR CELULARES Y FRENAR DRONES EN LAS CÁRCELES

UNA INVERSIÓN MILLONARIA PARA REFORZAR LA SEGURIDAD PENITENCIARIA

El Gobierno de Mendoza adjudicó un contrato por $3.753.814.700 para incorporar sistemas tecnológicos destinados a limitar las comunicaciones móviles dentro de los complejos penitenciarios Almafuerte I y II. La medida apunta a impedir el uso de teléfonos celulares en sectores determinados y reforzar los controles frente al ingreso de drones no autorizados.

La contratación quedó formalizada mediante el decreto provincial 2151, publicado en el Boletín Oficial. La adjudicación fue otorgada a Cytric Solutions Argentina S.R.L., empresa que presentó una oferta final de 2.485.970 dólares, equivalente a los casi $3.754 millones establecidos en el expediente con un tipo de cambio de referencia de $1.510 por dólar.

Uno de los aspectos que sobresalen del procedimiento es que la licitación recibió una única oferta confirmada. La empresa había presentado inicialmente una cotización de 2.493.450 dólares y luego la redujo hasta el monto por el que finalmente resultó adjudicataria.

El decreto también contempla el pago de las diferencias cambiarias entre el valor de referencia utilizado para la adjudicación y el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al momento del pago. Por ese motivo, el monto final en pesos podría variar según las condiciones previstas en la contratación.

QUÉ TECNOLOGÍA SE INSTALARÁ EN ALMAFUERTE

El proyecto contempla la instalación de equipos electrónicos capaces de interferir con las señales utilizadas por los teléfonos celulares y las conexiones inalámbricas. La tecnología seleccionada para la inhibición de comunicaciones se basa en el sistema Netline C-Block.

Según el informe técnico incorporado al expediente, la instalación prevista para los módulos penitenciarios 3 y 4 de Almafuerte I incluye:

• Ocho gabinetes destinados a la inhibición de señales celulares.

• Cinco gabinetes para bloquear conexiones Wi-Fi.

• Un sistema centralizado de administración y supervisión de los equipos.

• Herramientas para controlar el funcionamiento de los dispositivos y detectar posibles fallas.

El alcance de estos equipos debe distinguirse del componente antidrones. Los gabinetes celulares y Wi-Fi detallados corresponden específicamente a los módulos 3 y 4 de Almafuerte I, mientras que el decreto contempla tecnología antidrones para Almafuerte I y II.

La instalación busca reducir las posibilidades de que los teléfonos puedan conectarse a las redes móviles dentro de las áreas cubiertas por el sistema. La efectividad dependerá de la correcta implementación, la configuración técnica y las pruebas de funcionamiento.

CÓMO FUNCIONAN LOS INHIBIDORES DE CELULARES

Los inhibidores utilizan señales de radiofrecuencia para interferir con determinadas bandas de comunicación. Cuando el sistema está correctamente configurado, esa interferencia impide que los dispositivos alcanzados establezcan o mantengan las conexiones bloqueadas dentro del área protegida.

El diseño requiere definir qué sectores deben cubrirse y ajustar los equipos para reducir, en la medida técnicamente posible, las interferencias fuera del establecimiento penitenciario.

La administración se realizará mediante una plataforma informática que permite supervisar los gabinetes, consultar su estado, gestionar la inhibición por zonas y registrar alertas o fallas. El sistema también contempla herramientas para ajustar parámetros técnicos de acuerdo con las necesidades operativas.

La finalidad es que las restricciones puedan administrarse de manera centralizada y que los responsables de seguridad tengan información sobre el funcionamiento de los dispositivos instalados.

Sin embargo, la adjudicación por sí sola no demuestra que el sistema ya esté funcionando con la cobertura prevista. Su desempeño efectivo deberá evaluarse una vez completadas las tareas de instalación y las verificaciones correspondientes.

EL CONTROL DE DRONES, OTRO DE LOS OBJETIVOS

La contratación incluye además un sistema destinado a detectar e intervenir frente a drones que ingresen sin autorización en los complejos penitenciarios Almafuerte I y II.

Estos dispositivos representan un desafío para la seguridad de las cárceles porque pueden utilizarse para transportar objetos hacia sectores restringidos o aproximarse a áreas donde el acceso físico está limitado.

La tecnología antidrones busca fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta ante esos episodios. Su funcionamiento puede involucrar herramientas de detección y mecanismos específicos para neutralizar amenazas, de acuerdo con las características del equipamiento contratado.

Este componente tiene un alcance diferente del bloqueo de celulares: mientras los inhibidores buscan interferir con las comunicaciones dentro de determinadas áreas, el sistema antidrones está orientado a detectar y responder ante aeronaves no tripuladas no autorizadas.

La incorporación de ambas tecnologías forma parte de una estrategia de seguridad que combina el control de las comunicaciones con la vigilancia del espacio aéreo próximo a los establecimientos.

UNA EMPRESA QUE YA TENÍA CONTRATOS CON EL ESTADO

Cytric Solutions Argentina S.R.L., la firma adjudicataria, ya tenía vinculación contractual con el Estado por la provisión de una plataforma de georreferenciación para investigaciones criminales, que incluye herramientas de localización y bloqueo selectivo de señales.

Ese antecedente aparece mencionado en la información difundida sobre la contratación. No obstante, la existencia de contratos anteriores no permite, por sí sola, determinar si el precio adjudicado es conveniente o si el servicio alcanzará los resultados esperados.

Para evaluar el gasto público será importante considerar el equipamiento efectivamente instalado, las condiciones del contrato, los plazos de ejecución, los costos de mantenimiento y los resultados que se obtengan una vez puesto en funcionamiento.

La contratación también abre interrogantes sobre los mecanismos de control que se utilizarán para verificar el cumplimiento de las prestaciones y garantizar que las interferencias se mantengan dentro de los sectores autorizados.

PLAZOS Y DESAFÍOS DE IMPLEMENTACIÓN

La puesta en marcha de un sistema de estas características requiere instalación, calibración, pruebas técnicas y capacitación del personal encargado de operarlo. La información publicada sobre la contratación señala un plazo máximo de 120 días para la instalación del equipamiento.

El cumplimiento de ese cronograma será uno de los puntos a observar durante la implementación. También será relevante comprobar que el sistema funcione de manera estable y que los mecanismos de control permitan identificar rápidamente cualquier falla.

Con una inversión superior a los $3.753 millones, Mendoza busca reforzar la seguridad de dos de sus principales complejos penitenciarios. El resultado dependerá no solo de la tecnología adquirida, sino también de su correcta instalación, mantenimiento y supervisión.

Fuentes consultadas:

Boletín Oficial de Mendoza.