MÁS DETALLES DE CÓMO EL BANCO CENTRAL JUGÓ CON EL ORO DE LOS ARGENTINOS Y PERDIÓ US$1.023 MILLONES

Una pérdida millonaria que vuelve a poner al oro en el centro de la polémica

El manejo de las reservas de oro de la Argentina quedó nuevamente bajo cuestionamiento después de que se conociera el resultado de una operación financiera realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la entidad registró una pérdida de 1.023 millones de dólares durante 2025 en operaciones financieras vinculadas con el precio internacional del oro.

El dato abrió una discusión que va más allá del resultado contable: ¿qué riesgos asumió el organismo encargado de administrar parte de los activos estratégicos del país y qué información recibió la sociedad sobre esas decisiones?

La controversia se centra en operaciones con instrumentos financieros respaldados por oro de las reservas. De acuerdo con la auditoría, el Banco Central apostó a una determinada evolución del precio internacional del metal y el resultado fue desfavorable. La pérdida se contabilizó en dólares y representó un costo significativo para la institución.

El punto crítico es que las reservas no son recursos privados de los funcionarios ni un capital disponible sin restricciones. Forman parte de los activos estratégicos del país y su administración exige controles, explicaciones claras y mecanismos de rendición de cuentas.

Cómo una operación financiera terminó en números negativos

El oro ocupa un lugar particular dentro de las reservas internacionales porque su valor depende, entre otros factores, de la cotización mundial del metal. Durante 2025, el precio registró una suba importante, lo que elevó el valor de las tenencias de oro de numerosos bancos centrales.

Sin embargo, el Banco Central argentino también realizó operaciones con derivados financieros utilizando ese activo como respaldo. Según los datos difundidos a partir de la auditoría, el resultado de esas operaciones fue negativo en 1.023 millones de dólares.

La diferencia es fundamental: el aumento del valor internacional del oro puede incrementar el patrimonio de una entidad, pero ese beneficio no impide que una operación financiera paralela genere pérdidas. Por eso, evaluar únicamente cuánto subió el precio del metal no alcanza para conocer el resultado total de las decisiones tomadas.

La discusión gira en torno al costo de la estrategia y a la información disponible para analizarla. Si una operación termina produciendo una pérdida de semejante magnitud, resulta razonable exigir una explicación detallada sobre sus condiciones, los riesgos previstos y los mecanismos de control aplicados.

El informe de auditoría convirtió esas preguntas en un asunto de interés público. La dimensión de la pérdida obliga a examinar qué se buscaba conseguir, qué escenarios se contemplaron y por qué el resultado final fue desfavorable.

El debate por los lingotes y su ubicación

Otra parte de la controversia está relacionada con la localización y la trazabilidad de las reservas de oro. Durante 2024, el traslado de lingotes al exterior ya había generado cuestionamientos sobre las razones de la operación y las condiciones bajo las cuales quedaron depositados.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo públicamente que una parte del oro se encontraba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza. La información sobre las ubicaciones y los movimientos del metal, sin embargo, se convirtió en un punto de disputa entre las autoridades, sectores políticos y organismos de control.

La investigación periodística que originó esta nueva polémica plantea que las operaciones financieras no habrían involucrado únicamente el oro trasladado al exterior, sino también certificados vinculados con lingotes que permanecían en las bóvedas del Banco Central.

Ese señalamiento debe distinguirse de una afirmación según la cual todo el oro físico habría desaparecido. El problema que se discute es el uso de los activos como respaldo de operaciones financieras, las pérdidas asociadas y el grado de información disponible para verificar qué ocurrió con ellos.

La diferencia no es menor: comprometer oro como garantía no equivale necesariamente a perder la propiedad de todos los lingotes. Pero sí plantea interrogantes sobre las condiciones contractuales, los riesgos asumidos y la posibilidad de comprobar de manera independiente el estado de las reservas.

Transparencia: las preguntas que siguen abiertas

El caso también reavivó el debate sobre la relación entre la confidencialidad financiera y el derecho a conocer cómo se administran los activos públicos. Las autoridades pueden argumentar que ciertos datos requieren reserva para proteger operaciones o evitar riesgos legales. Sin embargo, esa justificación no elimina la necesidad de controles institucionales.

La Auditoría General de la Nación tiene un papel central en este escenario, porque debe examinar los estados contables y evaluar si las operaciones se reflejaron correctamente. Sus conclusiones permiten establecer la magnitud del resultado económico, aunque no necesariamente resuelven todas las dudas sobre la situación posterior de los activos.

De hecho, la información publicada sobre la auditoría corresponde al ejercicio 2025. Por eso, no permite afirmar por sí sola cuál es la situación exacta de cada lingote en octubre de 2026 ni si existen nuevas operaciones posteriores. Para responder esas preguntas se necesitan datos actualizados y documentación verificable.

El Banco Central, por su parte, tiene la responsabilidad institucional de explicar sus decisiones dentro de los límites legales aplicables. Cuanto mayor es el volumen de recursos involucrados, más importante resulta que las explicaciones puedan contrastarse con registros y auditorías independientes.

El costo de las decisiones y la responsabilidad pública

Una pérdida de 1.023 millones de dólares no es un dato menor para la economía argentina. Aunque el resultado contable de una operación no permite, por sí solo, concluir que existió una ilegalidad, sí obliga a examinar con rigor la estrategia utilizada y las consecuencias para el patrimonio del organismo.

La cuestión central no es solamente cuánto valía el oro antes y después de la operación. También importa cuánto costó la cobertura financiera, qué riesgos se asumieron y si los beneficios esperados justificaban la exposición a posibles pérdidas.

En un país que enfrenta restricciones externas y necesita fortalecer sus reservas, el uso de activos estratégicos requiere criterios claros y explicaciones consistentes. La confianza en las instituciones depende, en parte, de que las decisiones de este tipo no queden envueltas en versiones contradictorias o información insuficiente.

El caso deja una exigencia concreta: publicar explicaciones completas, facilitar el trabajo de los organismos de control y aclarar qué ocurrió con las operaciones realizadas. La discusión sobre el oro del Banco Central no debería limitarse a un cruce político; debe permitir que la sociedad conozca los costos, los riesgos y las responsabilidades vinculadas con la administración de sus reservas.

Fuentes consultadas:

Auditoría General de la Nación