LOS RADICALES DANIEL OROZCO Y JANINA ORTIZ SE DECLARARON CULPABLES DE CORRUPCION Y RECIBIERON INHABILITACION PERPETUA
El exintendente de Las Heras y la suspendida legisladora admitieron su responsabilidad en el desvío de fondos públicos. El desenlace judicial marca el quiebre definitivo de una trayectoria que reconfiguró el mapa político provincial.
El cierre del proceso penal contra el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su esposa, la exsecretaria de Gobierno y suspendida diputada provincial Janina Ortiz, constituye la resolución judicial de uno de los expedientes por corrupción de mayor impacto institucional en la historia reciente de la provincia. La homologación del acuerdo de juicio abreviado en el Polo Judicial Penal concluyó con la admisión explícita de culpabilidad por parte de ambos exfuncionarios, fijando condenas de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos tras probarse el delito de peculado en el manejo de partidas presupuestarias comunales.
La causa investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos determinó que entre los años 2021 y 2023 se estructuró un circuito administrativo para destinar más de 35 millones de pesos desde el erario municipal hacia la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, una entidad fantasma que no registraba prestación real de servicios. El entramado derivó en imputaciones por la apropiación e indebida administración de caudales públicos, sumando en el caso de Ortiz una condena por el delito de amenazas contra una empleada comunal que buscaba denunciar las maniobras.
Más allá del estricto alcance punitivo, el fallo judicial cristaliza el colapso de un itinerario político atravesado por profundas reconfiguraciones de alianzas. Daniel Orozco irrumpió en la escena pública en 2015 como el médico radical que logró recuperar para la Unión Cívica Radical (UCR) el municipio de Las Heras, un bastión históricamente conducido por el peronismo. Durante casi dos mandatos, el jefe comunal integró el núcleo duro de referentes del frente Cambia Mendoza, construyendo una estrecha sociedad política con el liderazgo territorial de Alfredo Cornejo y posicionándose como una de las espadas de gestión del oficialismo en el Gran Mendoza.
Sin embargo, el escenario dio un giro drástico en la previa del turno electoral de 2023. Ante la imposibilidad de encabezar la fórmula gubernamental de la UCR y desacuerdos en el armado de listas, Orozco rompió de forma intempestiva con la estructura radical para consolidar un acuerdo con Omar De Marchi, integrando la fórmula de La Unión Mendocina como candidato a vicegobernador. A partir de esa fractura, la dirigencia partidaria de la UCR tomó distancia inmediata del intendente lasherino, desconociendo su pertenencia orgánica al radicalismo y promoviendo acusaciones sobre su conducta ética e institucional.
La mutación de socio estratégico a adversario opositor desató una dura contienda territorial en Las Heras, donde las denuncias sobre irregularidades administrativas comenzaron a acumularse en los estrados judiciales en pleno desarrollo de la campaña electoral. Tras la derrota en las urnas de La Unión Mendocina y el triunfo de Francisco Lo Presti —exfuncionario orozquista respaldado por Cornejo— en el municipio, la gestión entrante asumió la querella particular en el expediente por peculado, impulsando el avance de las pericias contables que acorralaron a Orozco y Ortiz hasta la instancia del juicio abreviado.
El desenlace con inhabilitación perpetua sepulta las aspiraciones políticas de quien fuera presentado como una figura de consenso en el radicalismo mendocino. Asimismo, la condena abre las puertas para la caducidad definitiva de la banca legislativa de Janina Ortiz en la Cámara de Diputados, de la cual permanecía suspendida desde marzo de 2024. El dictamen deja al descubierto la rápida erosión de los consensos partidarios ante la emergencia de causas por corrupción administrativa, redefiniendo los límites de las lealtades en la política provincial.