LAS 20 PREGUNTAS QUE ADORNI NO PUEDE ESQUIVAR, MIENTRAS EL DOBLE DISCURSO QUEDA AL DESNUDO

Veinte preguntas. Ese es el número exacto de inconsistencias patrimoniales que la Justicia federal le exige explicar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que crece semana a semana. El fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11, le otorgó 15 días, que se suman a todas las dilaciones que nos han traído al día de hoy,  para justificar una diferencia de, entre sus ingresos declarados y sus gastos, de US 402.578,12, en dólares que, según el propio dictamen, "no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados" del grupo familiar.

El detalle del cuestionario resulta revelador: el origen de dólares en efectivo declarados en sus juicios patrimoniales, préstamos atribuidos a dos personas que deberá acreditar con "fecha cierta", la procedencia de los fondos para comprar un lote en el country Indio Cuá y una remodelación integral que incluyó US$ 245.000 pagados a un contratista, la compra de una propiedad en la calle Miró abonada en dólares y en efectivo, operaciones con criptoactivos, y hasta la razón por la que terceras personas de su entorno figuran como usuarios adicionales de sus tarjetas de crédito. Ninguno de estos puntos es menor: en conjunto, dibujan el patrón clásico de una investigación por enriquecimiento ilícito, con transferencias difíciles de trazar y un nivel de vida que no cierra con el sueldo de la función pública.

Y sin embargo, mientras el expediente avanza, Adorni permanece en absoluta libertad, sin ningún tipo de restricción cautelar. Esto resulta especialmente llamativo si se lo compara con el criterio judicial conocido como "doctrina Irurzun", esa misma jurisprudencia que desde 2017 habilitó la prisión preventiva de exfuncionarios kirchneristas como Julio De Vido o Amado Boudou, bajo el argumento de que sus "lazos de poder" y su capacidad de influencia podían entorpecer la investigación. La diputada Marcela Pagano ya invocó expresamente esa doctrina para pedir la detención de Adorni, tras conocerse que habría presionado a un testigo clave -el contratista que hizo las refacciones en su vivienda- antes de que declarara ante la Justicia. Si ese estándar sirvió para encarcelar preventivamente a decenas de dirigentes en la última década, cuesta entender por qué no se aplica hoy con el mismo rigor a un funcionario con más de dos años en el corazón del Gabinete nacional.

La contradicción se vuelve todavía más difícil de digerir si se recuerda el discurso que llevó a Javier Milei al poder en 2023. Su marca registrada fue la denuncia permanente contra "la casta política", esa clase dirigente que, según sus propias palabras de campaña, "utiliza la gestión pública para enriquecerse" a costa de "los argentinos de bien". Ese eslogan se completó, ya en la Casa Rosada, con la promesa de instalar "la moral como política de Estado". Hoy, con su propio jefe de Gabinete respondiendo un cuestionario judicial sobre propiedades, dólares en efectivo y contratistas pagados en negro, aquella épica moralizante empieza a sonar, cuanto menos, hueca.

Vale la aclaración, para no simplificar: se trata de una investigación en curso, y Adorni conserva la presunción de inocencia que le corresponde a cualquier ciudadano hasta que exista una sentencia firme. Pero el contraste entre el trato judicial hacia unos y otros, y entre las palabras y los hechos de quien prometió terminar con los privilegios, es exactamente el tipo de doble vara que la sociedad argentina viene señalando, gobierno tras gobierno, sin que parezca torcerse el rumbo.