LA PAZ INVOCA EL "CASO SANDES" PARA DISCUTIR SANCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS POR CASI $100 MILLONES

Funcionarios de la Municipalidad de La Paz presentaron recursos ante el Tribunal de Cuentas para cuestionar cargos y multas que, en conjunto, rozan los $100 millones. Entre los argumentos centrales de esos planteos aparece un antecedente que la Fiscalía de Estado consideró relevante: el "caso Sandes", una causa por presuntas irregularidades en Vialidad Provincial que terminó con un fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor del entonces administrador del organismo.

Qué fue el caso Sandes

Oscar Sandes se desempeñó como administrador de la Dirección Provincial de Vialidad durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y el inicio de la de Rodolfo Suarez. En ese período, el Tribunal de Cuentas detectó facturas adulteradas, documentación con firmas que aparentaban ser de Sandes y gastos que, según la investigación, no correspondían a la actividad del organismo. La pesquisa señaló especialmente a Corina Gallardo, entonces gerente de Recursos Humanos y Administración, quien reconoció haber falsificado la firma de Sandes sin su consentimiento.

El Tribunal de Cuentas le había aplicado cargos y multas a Sandes por los ejercicios 2018 y 2019. El expediente llegó hasta la Suprema Corte, cuya Sala Primera hizo lugar a los planteos del exfuncionario y dejó sin efecto esas sanciones. El fallo estableció que no alcanza con señalar la posición jerárquica de un funcionario para responsabilizarlo por un perjuicio, y que una imputación por falta de control debe precisar qué deber concreto se incumplió y de qué manera esa omisión produjo el daño.

La situación en La Paz

El Tribunal de Cuentas sancionó a funcionarios de la comuna paceña por irregularidades correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, a través de los Fallos 18.376 y 18.374. El total entre ambas resoluciones asciende a $99.382.986: $76.582.986 en cargos patrimoniales solidarios y $22.800.000 en multas individuales, que alcanzan al intendente Fernando Ubieta, al secretario de Hacienda, Exequiel Vespa, al contador general, Juan Manuel Espín, al tesorero, Miguel Ángel Sánchez, y a otros agentes municipales.

Según surge de los expedientes, la principal señalada por las maniobras cuestionadas es una empleada municipal con acceso al sistema INFOGOV y conocimientos técnicos que le habrían permitido intervenir sobre la información contable. La acusación administrativa sostiene que desde esa área se generaron operaciones con cheques, registros y documentación que buscaban darles apariencia de regularidad. Los funcionarios sancionados plantearon que fueron ajenos a esa maniobra.

Como parte de los recursos presentados, se controvirtió también la autoría de determinadas firmas. Existe, en ese sentido, una pericia caligráfica ordenada en el marco de la investigación penal que, al momento de resolverse los recursos, todavía no había sido producida.

Néstor Parés es el presidente del Tribunal de Cuentas, y responde políticamente a Cornejo, fu designado, durante el primer mandato del actual gobernador. 

Qué dijo Fiscalía de Estado

La Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, analizó los recursos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 y concluyó que el precedente del caso Sandes no puede ser ignorado al revisar la responsabilidad de los funcionarios paceños. El dictamen aclaró que esto no implica una eximición automática cuando existe una maniobra fraudulenta de un subordinado, pero tampoco considera suficiente atribuir responsabilidad únicamente en función del cargo ocupado.

Según el organismo, corresponde analizar las competencias reales de cada funcionario, los controles que efectivamente podía ejercer, las defensas planteadas y el vínculo entre la conducta atribuida y el perjuicio económico. Fiscalía de Estado reconoció que existen diferencias entre el caso Sandes y la situación de La Paz, aunque consideró que esas diferencias no alcanzan, en principio, para descartar de plano los criterios fijados por la Corte. Esta lectura se distingue de la sostenida previamente por la asesoría del Tribunal de Cuentas, que había defendido resolver el juicio de cuentas sin esperar el resultado de la causa penal.

Un dato adicional sobre la situación del intendente

Entre los elementos incorporados al análisis figura que Ubieta estuvo de licencia entre el 20 de enero y el 2 de febrero de 2025, período en el que se designó un reemplazante. Fiscalía de Estado señaló que, si las operaciones cuestionadas se produjeron durante ese lapso, esa circunstancia debe ser tenida en cuenta al evaluar su responsabilidad personal.

Qué sigue

Con el dictamen de Fiscalía de Estado, el planteo de los funcionarios paceños queda a la espera de una nueva instancia de análisis, en la que se espera que se incorpore también el resultado de la pericia caligráfica ordenada en sede penal. El desenlace del caso Sandes —que derivó en la anulación de los cargos contra el exadministrador de Vialidad después de que la Corte revisara la decisión del Tribunal de Cuentas— es el antecedente que ahora se examina para definir si corresponde aplicar un criterio similar en el caso municipal.