LA PAMPA QUIERE PARTICIPAR EN EL NEGOCIO DE LOS NIHUILES Y AMENAZA CON RECURRIR A LA CORTE
Mientras Mendoza avanza con la nueva concesión del complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel, desde La Pampa buscan intervenir en las decisiones sobre el manejo del agua y en la elaboración de los futuros contratos. El reclamo podría terminar nuevamente en la Corte Suprema.
La disputa entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel sumó un nuevo capítulo. Mientras el Gobierno mendocino avanza con el proceso para definir el futuro de Los Nihuiles, desde la provincia vecina buscan tener participación directa en las decisiones vinculadas con el manejo del agua y las nuevas concesiones del complejo hidroeléctrico.
El planteo es impulsado por la Fundación Chadileuvú (FUCHAD), una organización pampeana vinculada históricamente con el conflicto por los recursos hídricos del Atuel. La entidad reclama que La Pampa sea incorporada en la discusión de los nuevos pliegos y contratos de concesión.
EL RECLAMO DE LA PAMPA
La Fundación sostiene que La Pampa debería participar en la elaboración de las condiciones que regirán la futura explotación de las centrales ubicadas sobre el río Atuel.
El pedido no apunta únicamente a la generación de energía. El eje de la discusión está puesto especialmente en cómo se administrará el agua almacenada en los embalses y qué caudales serán derivados hacia aguas abajo.
Desde la organización pampeana consideran que la participación debería quedar expresamente incorporada tanto en los nuevos pliegos como en el contrato definitivo.
MENDOZA YA AVANZA CON LOS NIHUILES
El planteo aparece en un momento clave para el complejo.
El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza convocaron a una licitación pública nacional e internacional para otorgar una nueva concesión de generación eléctrica del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles por 30 años. Al mismo tiempo, Mendoza puso en marcha el proceso para vender el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA).
El sistema comprende las centrales Nihuil I, II, III y IV, además de los diques El Nihuil y Valle Grande y las presas Aisol y Tierras Blancas.
La infraestructura tiene una capacidad instalada cercana a los 290 MW y cumple un papel estratégico para el abastecimiento eléctrico del sur mendocino, particularmente para General Alvear y Malargüe, además de aportar energía al Sistema Argentino de Interconexión.
UN CONFLICTO QUE TIENE MÁS DE 30 AÑOS
La discusión actual tiene como antecedente el proceso mediante el cual la Nación transfirió el complejo a Mendoza durante la década de 1990.
La Fundación Chadileuvú sostiene que los acuerdos de aquella época contemplaban mecanismos de participación y control de La Pampa relacionados con el uso del río Atuel. Por eso, ahora pretende recuperar esa intervención frente al nuevo proceso de concesión.
El reclamo se suma al histórico conflicto entre ambas provincias por el aprovechamiento del Atuel, una disputa que durante décadas llegó a los tribunales.
LA CORTE SUPREMA, OTRA VEZ EN EL HORIZONTE
Desde La Pampa incluso plantean la posibilidad de recurrir nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el pedido de participación no es atendido.
La organización reclama que los futuros contratos contemplen mecanismos que permitan intervenir en las decisiones vinculadas con el manejo del recurso hídrico y que se establezcan responsabilidades frente a eventuales daños ambientales aguas abajo.
El antecedente judicial más importante es el fallo de 2020 de la Corte, que fijó un caudal de referencia de 3,2 metros cúbicos por segundo para La Pampa y ordenó avanzar en una gestión conjunta de la cuenca.
LA POSTURA DE MENDOZA
La provincia mantiene una posición diferente.
El Gobierno de Alfredo Cornejo sostiene que Mendoza conserva la titularidad de los activos provinciales y las competencias vinculadas con el manejo del agua, mientras que la Nación mantiene la regulación sobre la generación eléctrica.
El esquema acordado entre Nación y Mendoza busca unificar las cuatro centrales bajo un único concesionario durante los próximos 30 años.
Además, la futura empresa deberá afrontar las inversiones necesarias para recuperar las centrales Nihuil II y III, que permanecen fuera de servicio después del aluvión de enero de 2025 que afectó gravemente las instalaciones.
UNA NUEVA DISPUTA POR EL AGUA
El pedido de La Pampa agrega un nuevo elemento a una licitación que ya tiene una importancia estratégica para Mendoza.
Mientras la provincia busca avanzar con la modernización y explotación del complejo, La Pampa pretende asegurarse un lugar en las decisiones relacionadas con el río Atuel.
El conflicto, por lo tanto, vuelve a concentrarse en una cuestión central: quién decide sobre el agua de un río que atraviesa los intereses de dos provincias.
Si el reclamo pampeano no encuentra respuesta favorable, la posibilidad de una nueva intervención de la Corte Suprema podría volver a colocar al Atuel en el centro de la agenda política y judicial nacional.
Fuentes consultadas