LA “MORAL COMO POLÍTICA DE ESTADO” HIZO DESAPARECER $7.833 MILLONES: PROCESARON A SPAGNUOLO Y A 23 FUNCIONARIOS MÁS POR SOBREPRECIOS
El juez Lijo amplió el procesamiento del exdirector de la ANDIS y embargó a la cúpula por unos $47.000 millones cada uno. En paralelo, los hogares recortan gastos y el Gobierno sostiene que su gestión se rige por la ética.
El viernes, el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y dictó 24 procesamientos en total, con otras 11 faltas de mérito, en una causa que ya llevaba 19 procesados. Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete fueron señalados como jefes de una asociación ilícita y alcanzados por embargos de alrededor de $47.000 millones cada uno. Son resoluciones de primera instancia, apelables, y rige la presunción de inocencia.
La nueva etapa de la investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, se centró en la compra de insumos del programa Incluir Salud, destinado a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas. En seis rubros, entre ellos amputaciones, cardiología, implantes auditivos y sillas de ruedas, se examinaron contrataciones por más de $82.881 millones. El juez detectó concentraciones llamativas: una sola empresa se quedó con cerca del 90% de lo adjudicado en cardiología y otras firmas concentraron la mayor parte de los fondos en otros rubros.
Los sobreprecios surgen de comparar precios con otras compras estatales. Un sistema de válvulas facturado por $425 millones costó $124 millones en una compra del PAMI. Una silla de traslado postural se pagó $18 millones frente a $945.000 de una alternativa nacional equivalente, casi veinte veces más. Sumados a los de medicamentos, los sobreprecios verificados hasta ahora rondan los $7.833 millones, una cifra que el propio juez califica de parcial y que podría crecer. La resolución también procesó por lavado de activos a Alan Pocovi y Sergio Mastropietro, por circuitos de facturación que, según los investigadores, movieron más de $1.000 millones.
El caso tiene un componente político que lo distingue. Spagnuolo era amigo y abogado de Javier Milei y fue desplazado en agosto de 2025, cuando se difundieron audios atribuidos a él en los que se mencionaba un reparto de coimas con destino a Karina Milei, que no figura entre los procesados. El Presidente entonces habló de una “opereta de la casta”. Meses después, en febrero, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los mismos hechos y ahora llegó el segundo tramo.
La contradicción con el discurso oficial es difícil de esquivar. Milei construyó su identidad política sobre la lucha contra la “casta” y en marzo, ante la CPAC en Hungría, sostuvo que su gobierno aplica la “moral como política de Estado”, con valores éticos por encima del cálculo político. El ajuste, repite, lo paga la casta. Sin embargo, la corrupción que hoy investiga la Justicia ocurrió dentro de su propia gestión y en un área sensible: la que atiende a personas con discapacidad.
El contexto económico agrava el contraste. El consumo privado cumplió diez meses consecutivos de caída interanual: bajó 1% en septiembre, según el índice de la Universidad de Palermo, y el consumo masivo retrocedió 3,2%. La carne vacuna cayó 13,2% en agosto. Con una inflación interanual de 33,4%, los salarios registrados apenas empataron con los precios entre enero y agosto, y la canasta básica total para una familia tipo llegó a $1.632.505 en septiembre. Mientras los hogares postergan gastos, la Justicia documenta que el Estado pagó una silla de ruedas casi veinte veces su valor de referencia.
Los números no se comparan directamente, pero sí se leen en conjunto. El discurso oficial presenta el ajuste como una cruzada moral contra los privilegios de la política, y los indicadores muestran que buena parte de su costo recae en los hogares, que recortan carne, salidas y compras de bienes. En ese marco, un expediente sobre sobreprecios en insumos para personas con discapacidad golpea de lleno el relato de la honestidad.
En los medios consultados no figura una respuesta oficial detallada a la última resolución. La causa seguirá su curso con apelaciones y con la intervención de la Cámara Federal, que deberá ratificar o modificar lo resuelto. Hasta entonces, queda planteada una pregunta incómoda: cuánta moral puede ostentar una política de Estado que todavía no logró explicar qué pasó en la agencia que debía cuidar a los más vulnerables.