LA LEGISLATURA EXPULSÓ A LA DIPUTADA RADICAL JANINA ORTIZ POR CORRUPCIÓN, PRIMER CASO EN MENDOZA DESDE 1983

La Cámara de Diputados de Mendoza expulsó este miércoles a Janina Ortiz, la legisladora que llevaba más de dos años con su banca suspendida. La votación fue unánime, con 46 votos afirmativos. Se aplicó el artículo 91 de la Constitución provincial, que habilita a cada cámara a excluir a un integrante con los dos tercios de los presentes. 

El hecho no tiene precedentes. El presidente del cuerpo, Andrés Lombardi, explicó que desde 1983 no hubo expulsiones ni en Diputados ni en el Senado, y que nunca antes se había echado a una legisladora. 

La condena que destrabó la salida

El camino quedó despejado después del 20 de octubre, cuando Ortiz fue condenada en un juicio abreviado. La pena fue de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por hechos de corrupción en la Municipalidad de Las Heras. La sentencia alcanzó también al exintendente Orozco, su pareja. La causa investigaba el destino de unos 35,5 millones de pesos que el municipio giró a la cooperativa Manos a la Obra durante la gestión de Orozco. 

Con esa sentencia, el trámite legislativo fue rápido. La comisión de Derechos y Garantías emitió un dictamen favorable por unanimidad, y Ortiz, citada para defenderse, no se presentó. Según el dictamen, había perdido las condiciones de idoneidad necesarias para seguir en el cargo. 

El origen político del conflicto

Para entender por qué el caso tuvo tanta carga política hay que volver a 2023. Orozco era entonces intendente de Las Heras y venía del espacio de Cornejo. En abril de ese año se fue de Cambia Mendoza para acompañar a Omar De Marchi como candidato a vicegobernador por La Unión Mendocina. Ortiz, su esposa y entonces secretaria de Gobierno comunal, integró la lista de diputados de ese frente. 

La tensión estalló en junio. Primero hubo un allanamiento en el municipio por la causa de las cooperativas. Días después, Ortiz denunció que un hombre la había golpeado en la calle. En una conferencia de prensa, De Marchi y Orozco acusaron a Cornejo de conducir un “sistema de disciplinamiento político”. Orozco agregó que, cuando dejó el oficialismo, el actual gobernador le advirtió que terminaría procesado, como ocurrió con otro exintendente. 

En esa presentación sostuvieron además que ninguna de las denuncias de Ortiz había avanzado. Recordaron una denuncia por amenazas del 19 de mayo que, según dijeron, “dormía” en la Justicia, y contrastaron esa demora con la rapidez del allanamiento. Desde el entorno de Cornejo no hubo respuesta inmediata. 

El gobernador fijó su postura con los años. Cuando la causa fue elevada a juicio, afirmó que el caso “hace mucho dejó de ser político” y que se trataba de un ciudadano juzgado por delitos cometidos en la función pública. 

Un proceso largo

Lo que siguió fue un expediente extenso. En marzo de 2024 la Cámara suspendió a Ortiz con 34 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. La defensa pasó a manos del penalista Fernando Burlando. Recién en septiembre pasado, Orozco y Ortiz pidieron un juicio abreviado y reconocieron su culpabilidad por peculado. Cornejo se declaró “muy satisfecho”. La Provincia actuó como querellante a través de la Dirección de Cooperativas.

Qué viene ahora

La banca será declarada vacante y se notificará a la Junta Electoral. La dirigente del PRO María Belén Castillo, que sigue en el orden de la lista de La Unión Mendocina, aparece como reemplazante y podría asumir la semana próxima, si se completan los trámites. 

Queda un frente abierto: Ortiz reclama cobrar los sueldos del período en que estuvo suspendida, un pedido que la Legislatura rechazó. El reclamo se dirime en la Justicia.