LA IMPUNIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO: LA JUSTICIA LE DA MÁS TIEMPO A ADORNI PARA QUE EXPLIQUE SU ENRIQUECIMIENTO

Mientras la ciudadanía, los hombres de a pie, soportamos los rigorismos de una economía apretada y de un Estado que exige precisión quirúrgica a la hora de pagar impuestos y justificar hasta el último peso de sus ingresos, en los despachos de Comodoro Py, las varas de medir parecen responder a otras leyes físicas: allí rige la elasticidad del tiempo en favor de los funcionarios y ex funcionarios del gobierno. La reciente decisión del juez federal Ariel Lijo de otorgarle una nueva prórroga de 15 días hábiles a Manuel Adorni para justificar las graves inconsistencias de su patrimonio personal es un retrato nítido de la impunidad con la que se maneja la casta política y judicial.

El caso roza el escándalo ético y contable. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita expuso con crudeza la discrepancia entre las declaraciones del exjefe de Gabinete y la realidad de sus números. La contabilidad no cierra por ningún lado:el grupo familiar de Adorni presenta un desfasaje, en divisas extranjeras, entre ingresos y egresos, de US$402.578,12 cuyo origen permanece completamente en las sombras. Y esto es lo que se ha descubierto hasta el momento.

Pero el festival de bienes bajo investigación no se agota en las cuentas bancarias. La causa judicial pone el foco en una nutrida lista de adquisiciones que demandan respuestas urgentes: la compra y acondicionamiento de una residencia en el exclusivo country Indio Cuá, la adquisición y equipamiento de un departamento sobre la calle Miró al 500, supuestos préstamos familiares, donaciones invocadas a conveniencia y operaciones con criptoactivos que fueron omitidas de manera sistemática ante la Oficina Anticorrupción. Por si fuera poco, el fiscal indaga el uso de tarjetas de crédito pertenecientes a empleados estatales bajo su dependencia para efectuar consumos personales.

La fecha límite original para presentar los requerimientos vencía este mismo miércoles 26 de agosto. No obstante, invocando la falta de acceso al expediente, la defensa solicitó estirar los plazos y el juzgado no dudó en conceder otros 15 días hábiles. Se trata de una prórroga que se suma a la dilación habitual con la que la Justicia suele adormecer las causas por corrupción cuando involucran a figuras de peso del Poder Ejecutivo.

Resulta indignante constatar el abismo entre la celeridad que la Justicia demuestra cuando se trata de perseguir a ciudadanos comunes y la condescendencia infinita que aplica a los altos mandos gubernamentales. La cruzada contra la corrupción que tanto se pregonó desde los atriles oficiales se desmorona frente a la contundencia de las cifras de sus propios voceros. Mientras las provincias deben lidiar con recursos acotados y controles inflexibles, en la capital federal los exfuncionarios ganan tiempo precioso con el aval de magistrados complacientes. La sociedad exige respuestas claras, pero Comodoro Py prefiere seguir otorgando plazos para patear la verdad hacia adelante.