LA CORTE INTERAMERICANA INSPECCIONARÁ DOS CÁRCELES DE MENDOZA POR EL HACINAMIENTO
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Stuardo Ralón, recorrerá San Felipe y Almafuerte el lunes 5 y martes 6 de octubre. La visita forma parte de un proceso internacional iniciado en 2014 por denuncias sobre las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.
Las cárceles de Mendoza volverán a quedar bajo observación internacional. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el jurista guatemalteco Edgar Stuardo Ralón, llegará a la provincia para recorrer los complejos penitenciarios San Felipe y Almafuerte y verificar las condiciones en las que se encuentran alojadas las personas privadas de libertad.
La inspección se realizará el lunes 5 y martes 6 de octubre y forma parte de un proceso que comenzó en 2014, cuando el abogado mendocino Carlos Varela Álvarez presentó una medida cautelar ante el organismo internacional para denunciar situaciones de hacinamiento y superpoblación en ambos establecimientos.
La recorrida tendrá lugar en un contexto en el que Mendoza y el peticionante alcanzaron en 2025 un acuerdo para avanzar hacia el levantamiento de las medidas cautelares, condicionado al cumplimiento de un plan de acción destinado a mejorar las condiciones de habitabilidad de los establecimientos penitenciarios.
QUÉ CÁRCELES SERÁN INSPECCIONADAS
La visita comprenderá dos establecimientos.
El primero será el Complejo Penitenciario San Felipe, ubicado en la Ciudad de Mendoza. El segundo será el Complejo Penitenciario Almafuerte, situado en Campo Cacheuta.
El objetivo será observar las condiciones de alojamiento y analizar los avances realizados en relación con los compromisos asumidos por la provincia.
Durante las recorridas también participarán representantes de la Cancillería Argentina y el abogado Carlos Varela Álvarez, quien realizó la presentación original ante la Comisión Interamericana.
UN RECLAMO QUE COMENZÓ EN 2014
El origen del proceso internacional se remonta a 2014. En aquel momento, Varela Álvarez planteó ante la CIDH una serie de cuestionamientos vinculados con la cantidad de personas alojadas en los complejos penitenciarios y las condiciones en las que permanecían.
El reclamo no se limitó exclusivamente a la cantidad de internos. También fueron señaladas consecuencias relacionadas con el acceso a la salud, educación, alimentación y trabajo, además de problemas vinculados con la convivencia dentro de los establecimientos.
Según las declaraciones realizadas por el abogado antes de la inspección, la superpoblación continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario mendocino.
EL ACUERDO ALCANZADO EN 2025
El proceso tuvo un nuevo capítulo durante 2025, cuando en Washington se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y el representante que había presentado la denuncia.
El entendimiento contempló el levantamiento de la medida cautelar siempre que se cumpliera un plan de acción destinado a mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad.
Desde el Gobierno de Mendoza señalaron que durante los últimos años se realizaron avances en infraestructura y políticas penitenciarias y que el acuerdo alcanzado ante la CIDH permitió presentar esos cambios dentro del proceso internacional.
Ahora, la visita permitirá observar directamente la situación de los establecimientos y analizar el grado de cumplimiento de las medidas comprometidas.
TAMBIÉN APARECE EL PROBLEMA DEL AGUA
Uno de los puntos que forma parte de los reclamos actuales está relacionado con la calidad del agua potable en San Felipe.
Esta situación también fue planteada mediante un hábeas corpus colectivo. El planteo fue rechazado en mayo por el juez Diego Flamant y posteriormente apelado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde permanece pendiente de resolución.
La cuestión del agua se suma así a los reclamos relacionados con las condiciones generales de alojamiento y constituye uno de los aspectos que estarán bajo atención durante el proceso de seguimiento internacional.
QUÉ PUEDE PASAR DESPUÉS DE LA VISITA
La inspección no representa por sí misma una decisión definitiva sobre el proceso. Luego de las recorridas, el organismo internacional analizará las condiciones observadas y podrá establecer criterios, recomendaciones o pautas para el Gobierno de Mendoza.
La expectativa estará puesta especialmente en determinar si las medidas adoptadas durante los últimos años resultan suficientes para responder a las situaciones que dieron origen a la presentación internacional.
El antecedente no es nuevo. La CIDH ya había realizado una visita de trabajo a Mendoza en junio de 2019 para supervisar la implementación de medidas cautelares relacionadas con los complejos Almafuerte y San Felipe.
Esta nueva inspección, prevista para el 5 y 6 de octubre, será otro capítulo de un proceso que lleva más de una década y que volvió a poner bajo análisis internacional las condiciones del sistema penitenciario mendocino.
Fuentes consultadas:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos.