INOCENCIA FISCAL II: EL GOBIERNO AHORA NEGOCIA EXCLUIR A LOS FUNCIONARIOS DE LOS BENEFICIOS MÁS POLÉMICOS
El oficialismo analiza limitar el acceso de quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos a las principales ventajas del proyecto tributario. La modificación surgió durante las negociaciones con bloques aliados y busca destrabar el tratamiento en Diputados.
El proyecto de Inocencia Fiscal II volvió a quedar en el centro de la polémica. El Gobierno nacional negocia modificaciones para establecer un tratamiento diferente para los funcionarios públicos y evitar que puedan acceder a algunos de los beneficios más importantes que contempla la iniciativa.
El cambio todavía no está definido. Forma parte de las conversaciones que el oficialismo mantiene con diputados de bloques aliados para conseguir los votos necesarios y avanzar con el dictamen del proyecto en la Cámara baja.
¿QUÉ PODRÍA CAMBIAR PARA LOS FUNCIONARIOS?
La propuesta que se encuentra sobre la mesa permitiría que los funcionarios puedan utilizar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero los dejaría afuera de algunas de las principales ventajas del régimen.
Entre ellas aparecen las presunciones y los efectos liberatorios previstos para el resto de los contribuyentes. También se analiza establecer restricciones para quienes hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años, especialmente para impedir que puedan utilizar determinados mecanismos para justificar o exteriorizar fondos que no hubieran sido declarados previamente.
La diferencia es importante: mientras el proyecto busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y limitar determinadas facultades de fiscalización de ARCA, los funcionarios quedarían sometidos a controles adicionales.
EL CASO ADORNI QUE VOLVIÓ A PONER EL TEMA EN AGENDA
La discusión tomó especial fuerza después de la polémica protagonizada por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Ambos se incorporaron en junio de 2026 al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada. El episodio generó cuestionamientos y terminó convirtiéndose en uno de los antecedentes utilizados durante las negociaciones para reclamar mayores restricciones para funcionarios y exfuncionarios.
El dato político es relevante: el proyecto original de Inocencia Fiscal II no establecía una exclusión específica para funcionarios públicos. Ahora, esa posibilidad se encuentra precisamente entre los cambios que el oficialismo evalúa para conseguir respaldo parlamentario.
¿QUÉ BUSCA INOCENCIA FISCAL II?
La iniciativa impulsada por el Gobierno apunta a modificar el esquema de fiscalización del Impuesto a las Ganancias y facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que actualmente permanecen fuera del sistema declarado.
Entre los cambios planteados aparecen mayores garantías para los contribuyentes, la posibilidad de rectificar declaraciones juradas y límites a la capacidad de ARCA para cuestionar determinadas declaraciones sin contar con información objetiva que demuestre diferencias significativas.
Uno de los puntos centrales es la llamada presunción de exactitud, mediante la cual determinadas declaraciones quedarían protegidas frente a futuras revisiones bajo las condiciones establecidas por el régimen.
El Gobierno sostiene que el objetivo es brindar mayor previsibilidad y estimular la formalización de dinero que permanece fuera del circuito financiero.
EL PROYECTO GENERÓ CRÍTICAS DESDE LA OPOSICIÓN
La posibilidad de que funcionarios y personas políticamente expuestas accedieran al régimen fue uno de los principales cuestionamientos de la oposición cuando se presentó el proyecto.
Desde sectores opositores reclamaron que quienes administran recursos públicos tengan controles patrimoniales reforzados, y no mecanismos que puedan facilitar la justificación de fondos de origen no declarado.
El argumento cobró mayor fuerza luego de que distintos funcionarios y dirigentes quedaran vinculados al régimen anterior.
Por eso, la modificación que ahora analiza el oficialismo puede interpretarse también como una respuesta política a una de las principales críticas que recibió la iniciativa.
¿SE APRUEBA O NO?
Por el momento, no hay una definición definitiva.
El proyecto continúa siendo discutido en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de Diputados, mientras el oficialismo intenta alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas.
Las restricciones para funcionarios son solamente uno de los puntos que están siendo negociados. También se analizan modificaciones sobre las condiciones para ingresar al régimen y los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por ARCA.
La discusión será clave para determinar si el Gobierno consigue los votos necesarios para emitir dictamen y posteriormente llevar Inocencia Fiscal II al recinto.
Por ahora, el dato político que deja el debate es llamativo: una reforma que originalmente no diferenciaba entre contribuyentes y funcionarios ahora podría terminar estableciendo un régimen especial justamente para quienes ocupan o ocuparon cargos públicos.