IMPUNIDAD OBSCENA: EL PODER JUDICIAL NUEVAMENTE LE DA UNA AYUDA AL GOBIERNO DE MILEI Y DEJARÁ DE INVESTIGAR A ADORNI POR CORRUPCIÓN

La investigación penal sobre el patrimonio de los altos mandos del Poder Ejecutivo suma un nuevo y bochornoso capítulo que expone, una vez más, la profunda descomposición institucional y el entramado de impunidad que une a la Casa Rosada con los pasillos de Comodoro Py. La reciente resolución del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien desestimó el delito de enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para derivar el expediente hacia una figura menor de presunta evasión tributaria, no representa un acto de justicia, sino un rescate técnico diseñado para resguardar a una de las piezas centrales del organigrama oficialist.

El contexto en el que se produce este volantazo judicial no puede disociarse de las profundas sospechas de corrupción que manchan a la administración actual. La causa se originó a partir de severas e inocultables inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas del funcionario. Un abismal desfasaje —estimado en más de 300 millones de pesos— entre los ingresos comprobados del matrimonio y su exorbitante nivel de consumo y compra de bienes, abrió las alarmas sobre el origen del dinero con el que el antiguo vocero presidencial financió un estilo de vida de ostentación desmedida.

Los números y los bienes adquiridos durante su paso por la función pública resultan incompatibles con la realidad económica de la inmensa mayoría de los argentinos. La causa penal sacó a la luz el millonario desembolso en efectivo registrado para el alquiler temporal y posterior remodelación de una finca en el exclusivo country Indio Cuá, donde se pactaron operaciones por decenas de miles de dólares en billetes físicos. A esto se le suman la adquisición de vehículos de alta gama como camionetas Jeep, la compra de departamentos en zonas cotizadas de la Capital Federal, refinadas obras de refacción por montos astronómicos pagados a contratistas privados y frecuentes viajes al exterior. Ante el acorralamiento de las pruebas contables, la estrategia del funcionario consistió en presentar escritos rectificativos justificando la repentina aparición de cientos de miles de dólares en ahorros no declarados previamente, alegando ambiguas ganancias en criptomonedas y supuestos préstamos familiares.

Sin embargo, en lugar de avanzar en un escrutinio riguroso sobre la matriz de este veloz enriquecimiento, el aparato judicial optó por la vía del acomodamiento diplomático. Al derivar el caso hacia la Justicia en lo Penal Económico bajo la carátula de evasión fiscal, se le quita la carga penal por corrupción a la gestión y se transforma un probable delito contra la administración pública en un diferendo contable por impuestos impagos.

Esta maniobra saca a la luz la alarmante cercanía y la relación de connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El manejo del expediente en el juzgado a cargo de Ariel Lijo —un magistrado cuya postulación para la Corte Suprema fue impulsada en su momento por el propio Gobierno— grafica la existencia de un pacto de protección mutua. La colocación de jueces afines en casilleros clave del Poder Judicial, el congelamiento de ternas de magistrados independientes y las presiones continuas sobre la magistratura terminan consolidando una justicia adicta que actúa como escudo de contención para los funcionarios del turno político.

El desenlace provisorio de la causa Adorni es el reflejo de un sistema que persigue con severidad las infracciones menores del ciudadano común mientras garantiza inmunidad a la casta política que prometió combatir. Cuando los organismos de control se desactivan y la Justicia muta en una escribanía del poder de turno, la transparencia de las instituciones queda pulverizada ante los ojos de la sociedad.