IMPUNIDAD LIBRA: A UN AÑO Y OCHO MESES DEL TUIT, LA JUSTICIA CIERRA LA CAUSA SIN CITAR A INDAGATORIA A NINGÚN IMPUTADO

El 14 de febrero de 2025, a las 19.01, el presidente Javier Milei difundió desde su cuenta de X el proyecto “Viva la Libertad” y el contrato del token $LIBRA. La cotización pasó de centavos a casi cinco dólares y se desplomó en pocas horas. Según la propia resolución judicial, unas pocas billeteras retiraron cerca de 100 millones de dólares y más de 40.000 compradores perdieron dinero. Este viernes, un año y ocho meses después, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al Presidente, a su hermana Karina y a otros nueve imputados por considerar que los hechos “no encuadran en una figura legal”. Ninguno de ellos fue citado a indagatoria.

El cierre no es solo un desenlace. Es la última pieza de una secuencia en la que, paso a paso, se fueron achicando las posibilidades de que alguien tuviera que dar explicaciones ante un juez.

El fiscal Eduardo Taiano, quien estuvo a cargo de la investigación

Desde el comienzo hubo señales que cualquier investigación seria habría querido aclarar. Los registros oficiales muestran que Hayden Davis, creador del token, entró a la Casa Rosada en julio de 2024 con autorización de Karina Milei, y que el empresario Mauricio Novelli, nexo entre ambos mundos, estuvo al menos tres veces en la Quinta de Olivos. Davis fue recibido por el Presidente el 30 de enero de 2025. En chats difundidos por CoinDesk, atribuidos a Davis, se leía: “Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo”. Su vocero respondió que no recuerda haberlos enviado.

El peritaje del teléfono de Novelli sumó material delicado: dos conversaciones eliminadas con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP”, registros de llamadas con el Presidente, una nota sobre una suma que debía pagarse a los hermanos y una “oferta irrevocable” de la empresa de Davis que hablaba de una “asociación indirecta con el Gobierno”. El fallo analiza esos elementos y los descarta uno por uno: la oferta no tenía firmas, las notas no se pueden vincular con un envío de dinero y la sola autorización de ingreso a la Casa Rosada, “aisladamente”, no prueba un intercambio ilícito.

El juez Martínez De Giorgi a cargo de la causa

Hay argumentos que el juez sí puede invocar. Un sumario interno confirmó que una empleada del área que analizó los teléfonos accedió indebidamente a documentación reservada, lo que afectó la cadena de custodia. Las cajas de seguridad de Novelli estaban vacías cuando se las allanó. El magistrado también ordenó, el 14 de julio, congelar 25 billeteras con criptoactivos. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: si el material era frágil, ¿por qué no se agotaron las medidas para consolidarlo en lugar de cerrar la causa?

Porque lo que siguió fue el camino inverso. El 3 de julio, a pedido de la defensa de Novelli, el juez apartó a todos los querellantes que representaban a los damnificados. La Cámara Federal lo confirmó el 4 de septiembre, al considerar “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde el poder. Sin víctimas en el expediente y con el fiscal Taiano pidiendo el sobreseimiento, no quedó nadie en condiciones de apelar. El propio fallo lo admite: no existe una “pretensión acusatoria autónoma”.

En el medio, una coincidencia que la oposición no dejó pasar. Doce días después de apartar a los querellantes, el Gobierno designó jueza federal en Hurlingham a Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi, mediante un decreto firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Oficialismo y fuentes judiciales explicaron que respondió a un pedido de la Cámara Federal de San Martín, y no hay pruebas de un vínculo entre ambos hechos. Aun así, el diputado Maximiliano Ferraro preguntó si se trataba de una “devolución de favores”, y la cercanía de fechas bastaría para que cualquier tribunal serio se preguntara por la apariencia de imparcialidad.

También quedó afuera el Congreso. La comisión investigadora presentó en noviembre de 2025 un informe de 205 páginas que habló de un “esquema de fraude planificado”. Según ese relevamiento, 114.410 billeteras perdieron dinero y 36 ganaron más de un millón de dólares cada una. Señaló además que el Presidente nunca explicó cómo obtuvo el número de contrato del token, que no era público cuando lo publicó. Ni Milei ni su hermana se presentaron a declarar. El fallo de 60 páginas no menciona ese informe.

Para descartar el abuso de autoridad, el juez se apoyó en un dictamen de la Oficina Anticorrupción, un organismo que depende del propio Poder Ejecutivo, y comparó el tuit presidencial con la presencia en la inauguración de una fábrica. El Gobierno celebró: “Somos honestos, estamos limpios”, dijo Milei, que habló de una “operación política y mediática”.

Una causa cerrada no equivale a una causa investigada. Después de casi dos años, la Argentina sabe lo que el juez no encontró, pero no tiene claro qué buscó realmente, ni quién lo hizo.