FONDOS VIALES: FISCALÍA DE ESTADO INVESTIGA SI MENDOZA PAGÓ OBRAS QUE CORRESPONDÍAN A NACIÓN
El organismo solicitó informes al Gobierno provincial y a la Nación luego del planteo presentado por Julio Cobos. El objetivo es determinar cuánto dinero se destinó al mantenimiento de rutas nacionales y si la Provincia sufrió un perjuicio patrimonial.
La Fiscalía de Estado de Mendoza inició una investigación para determinar qué ocurrió con los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales y si la Provincia debió afrontar con recursos propios obras que correspondían al Gobierno nacional.
La actuación comenzó luego de la presentación realizada por el exgobernador y exvicepresidente Julio Cobos, quien pidió que se establezca cuánto dinero recibió la Nación a través del impuesto a los combustibles, cuánto fue efectivamente destinado a infraestructura vial y qué monto terminó aportando Mendoza para conservar rutas nacionales.
La Fiscalía de Estado solicitó informes al Gobierno provincial y a organismos nacionales. La investigación deberá establecer si existió un perjuicio para las arcas mendocinas y, eventualmente, si corresponde reclamar la devolución de los fondos utilizados por la Provincia.
El planteo se vincula con el funcionamiento del Sistema Vial Integrado, conocido como Sisvial, que recibe recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Ese fondo tiene asignaciones específicas vinculadas con obras y mantenimiento de rutas. La denuncia busca determinar si esos recursos fueron utilizados de acuerdo con el objetivo para el que fueron recaudados.
El reclamo de Cobos también alcanza a las rutas 7, 40 y 143. En determinados tramos, Mendoza asumió tareas de mantenimiento y ejecución de obras mediante convenios con la Nación. De acuerdo con información publicada por medios locales, esos acuerdos abarcan alrededor de 235 kilómetros de rutas nacionales.
Para el exgobernador, la intervención provincial puede haber sido necesaria para evitar un mayor deterioro de corredores estratégicos, pero no debería convertirse en una transferencia permanente de responsabilidades. El estado de esas rutas impacta en la seguridad vial, el transporte de cargas, la producción, la conectividad y las exportaciones mendocinas.
La discusión se desarrolla en un contexto de fuerte tensión entre las provincias y el Gobierno nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de obras de infraestructura. También se analiza a nivel nacional una posible subejecución de fondos viales, aunque ese punto deberá ser verificado por los organismos competentes.
Desde el Gobierno provincial todavía no se conoció una conclusión definitiva sobre el alcance del perjuicio ni sobre un eventual reclamo formal contra la Nación. La investigación de la Fiscalía de Estado permitirá reunir la documentación necesaria para precisar cuánto se recaudó, cuánto se ejecutó y qué obras fueron financiadas por cada jurisdicción.