FLYBONDI AL BORDE DEL CONCURSO DE ACREEDORES: LA "LIBERTAD DE VOLAR" TRASFORMADA EN ESTAFA Y CONNIVENCIA ESTATAL
Con la flota prácticamente paralizada, más de 66 vuelos cancelados en pocos días y más de 700 trabajadores sin indemnización, la low cost sigue vendiendo pasajes mientras las autoridades miran para otro lado. Al momento de escribir esta nota, la aerolínea con fuertes lazos con el gobierno de Milei, ofrece pasajes para volar por el país, pese a no estar cumpliendo con los vuelos ya vendidos, y sin que exista ningún control ni limitación. Desde el estado nacional son sospechosamente permisivos, facilitando que la empresa siga damnificando a miles de argentinos.
Desde Mendoza, donde el aeropuerto El Plumerillo se ha convertido en escenario habitual de la incertidumbre y la desesperación de cientos de familias varadas, la llamada "revolución de los aviones" muestra su verdadero rostro de ruina e impunidad. Flybondi ha paralizado casi por completo sus operaciones, registrando solo en los primeros diez días de agosto una ola desastrosa de cancelaciones que dejó en tierra a miles de usuarios. Sin embargo, en un acto que roza el delito de estafa masiva, la plataforma de la empresa continúa comercializando pasajes con total normalidad para destinos que sabe de antemano que no podrá cumplir.
El colapso no es fruto del azar. La aerolínea acumula millonarios embargos por deudas impositivas con ARCA, pedidos de quiebra de proveedores y la negativa rotunda de YPF a despacharle combustible a menos que pague al contado y por adelantado. Su flota, reducida a apenas un par de aviones operativos por deudas de leasing, forzó la inminente decisión de llevar a la compañía a un concurso de acreedores. A este vaciamiento financiero se suma la crueldad laboral: la firma del empresario Leonardo Scatturice adeuda sueldos, medio aguinaldo y dejó en la calle a más de 700 trabajadores sin abonarles las indemnizaciones correspondientes ni la cobertura de salud.
La situación de los pasajeros varados es indignante: familias enteras durmiendo en los pasillos de los aeropuertos sin respuestas oficiales, perdiendo reservas hoteleras, compromisos laborales o tratamientos médicos. Quienes intentan reprogramar sus tickets se chocan contra un paredón de atención automatizada y bots inútiles, mientras que la devolución de los dineros adeudados permanece congelada desde principios de año.
Lo que resulta escandaloso es el papel del Gobierno nacional. En lugar de sancionar severamente, suspender la licencia o exigir garantías a una aerolínea que estafa diariamente a los usuarios, la Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantienen una connivencia pasiva e inexplicable. Bajo la bandera del libre mercado se ampara la desregulación salvaje, permitiendo que la firma siga juntando dinero fresco del público sin volar. Mientras la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil restringió de inmediato sus operaciones en varios destinos por el colapso del servicio, en Argentina el regulador actúa como socio silencioso.
Captura de pantalla de la web de Flybondi, del 15 de agosto, ofreciendo vuelos Mendoza-Buenos Aires.
Lazos con el gobierno y connivencia
Esta escandalosa protección política no es nueva ni fortuita. Ya quedó al descubierto en el recordado episodio del jet privado del propio Scatturice, cuando un vuelo procedente de Miami aterrizó en Aeroparque y descargó una decena de bultos y valijas que eludieron los escáneres obligatorios de la Aduana con la complicidad de funcionarios locales.
Mendoza sufre de manera directa la desconexión aérea y el castigo a las economías regionales. El panorama actual no muestra un traspié comercial, sino la crónica de una estafa anunciada donde los platos rotos los pagan los pasajeros y los trabajadores, mientras el poder político le garantiza impunidad a la impresentable "libertad de volar".