ESCÁNDALO EN EL GOBIERNO DE CORNEJO: LE PAGARON A LATORRE UNA MAESTRÍA DE $13,6 MILLONES CON FONDOS PÚBLICOS
Mientras los mendocinos hacen malabares para llegar a fin de mes, el Estado destinó más de $13,6 millones a financiar la maestría de la ministra Jimena Latorre. Lucas Ilardo denunció presuntas irregularidades y puso bajo la lupa el uso de fondos vinculados con la actividad hidrocarburífera. La polémica golpea al gobierno de Alfredo Cornejo y deja una pregunta incómoda: ¿quién controla en qué se gasta la plata de los mendocinos?
UNA MAESTRÍA QUE ABRIÓ UN NUEVO FRENTE POLÍTICO
Una nueva controversia sacude al Gobierno de Alfredo Cornejo en Mendoza. Esta vez, el foco está puesto en Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente, por el reintegro de más de $13,6 millones que recibió para cubrir el costo de una maestría cursada de manera virtual en una universidad privada del exterior.
El caso tomó dimensión pública después de que el diputado provincial Lucas Ilardo cuestionara que se utilizaran recursos del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas para financiar la formación académica de una funcionaria de alto rango. El legislador sostuvo que existen dudas sobre la pertinencia del gasto, el cálculo del monto reintegrado y la secuencia de las autorizaciones administrativas.
El monto informado asciende a $13.643.838, equivalente a unos 10.666 dólares según el cálculo utilizado para la operación. La discusión no se limita al costo de los estudios: también pone sobre la mesa una pregunta más amplia sobre los criterios que debe aplicar el Estado cuando financia la capacitación de quienes ocupan cargos políticos.
DE DÓNDE SALIÓ EL DINERO
Los recursos utilizados pertenecen al Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, administrado por Mendoza Fiduciaria y vinculado con la actividad petrolera provincial.
Desde el Gobierno se sostiene que ese instrumento contempla gastos destinados al fortalecimiento institucional, entre ellos la formación de profesionales y funcionarios que trabajan en áreas relacionadas con la energía y los hidrocarburos.
Sin embargo, Ilardo cuestionó que ese argumento alcance para justificar el financiamiento de una maestría individual. Para el legislador, es necesario determinar qué beneficio concreto obtiene la administración pública de una capacitación que queda incorporada al currículum de una persona que ocupa un cargo político.
La discusión plantea interrogantes sobre la existencia de criterios generales para autorizar estos gastos, los mecanismos de selección de los programas académicos y la posibilidad de que otros trabajadores del área accedan a oportunidades similares.
El hecho de que exista un procedimiento administrativo no elimina la necesidad de explicar su fundamento. Cuando se utilizan recursos administrados por el Estado, la transparencia debe permitir conocer quién autorizó el gasto, con qué argumentos y qué resultados se esperan de la inversión.
LATORRE DEFENDIÓ EL PAGO Y RECHAZÓ LOS CUESTIONAMIENTOS
La ministra salió a responder públicamente y defendió el reintegro. Sostuvo que la capacitación está relacionada con su actividad al frente de Energía y Ambiente y que la formación continua de los funcionarios puede contribuir a mejorar las capacidades técnicas del Estado.
También argumentó que el fideicomiso cuenta con recursos específicamente vinculados al fortalecimiento institucional y que no se trata de una extracción directa del presupuesto provincial destinado a otras áreas.
Latorre explicó que el fondo se utiliza para distintas necesidades del sector, como consultorías, herramientas tecnológicas y capacitación. Desde esa perspectiva, consideró que el posgrado guarda relación con los temas que debe abordar en el ejercicio de sus funciones.
Su explicación introduce un elemento importante en el debate: financiar estudios de funcionarios no constituye automáticamente una irregularidad. La cuestión central es si la decisión se ajustó a las normas aplicables, si el gasto estaba debidamente justificado y si existieron controles suficientes para asegurar que los recursos se utilizaran de acuerdo con los objetivos del fideicomiso.
Esos puntos requieren documentación y evaluación administrativa. Las declaraciones de las partes, por sí solas, no permiten establecer una conclusión definitiva.
EL DESCUENTO Y LAS FECHAS, BAJO LA LUPA
Uno de los aspectos señalados por Ilardo está relacionado con el precio de la maestría y la aplicación de un descuento del 10% informado por la institución educativa.
Según los datos difundidos sobre la operación, el costo del programa y la reserva de plaza fueron considerados por separado en el cálculo del reintegro. El legislador cuestionó si la bonificación fue aplicada correctamente y si el monto final se correspondió con los comprobantes de pago.
Otro punto controvertido es la secuencia del trámite. La documentación citada en las publicaciones sobre el caso indica que hubo una autorización inicial en agosto de 2025, pagos realizados por la ministra durante ese año y una resolución que dispuso el reintegro a comienzos de 2026. La transferencia se concretó el 4 de febrero.
Ilardo afirmó que habría diferencias entre el momento en que se realizó el pago y la formalización de las firmas electrónicas del comité que debía intervenir. Ese señalamiento deberá contrastarse con el expediente completo para determinar si existió una irregularidad administrativa o si las actuaciones se ajustaron al procedimiento correspondiente.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO
Más allá de la discusión técnica sobre la legalidad del trámite, el caso abre un interrogante político para la gestión de Cornejo: qué criterios utiliza para decidir cuándo corresponde que el Estado financie la formación académica de sus funcionarios.
Una capacitación puede representar una inversión útil si responde a una necesidad institucional concreta. Pero también exige reglas claras, criterios transparentes y mecanismos de control que eviten privilegios o tratamientos discrecionales.
La situación adquiere una sensibilidad especial porque Latorre conduce el área vinculada con la actividad de la que provienen los recursos utilizados. Esa relación no demuestra por sí misma que haya existido una conducta indebida, pero vuelve razonable exigir una explicación detallada sobre el encuadre del gasto y los beneficios esperados para la administración.
La oposición anticipó que llevará la documentación ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para que evalúe los hechos. Será ese organismo, dentro de sus competencias, el que podrá analizar si corresponde adoptar medidas o profundizar la revisión.
QUÉ FALTA ACLARAR
La controversia todavía deja preguntas abiertas: cómo se justificó la elección de esa universidad, qué criterios se utilizaron para autorizar el financiamiento, cómo se calculó el reintegro y si todas las instancias administrativas se completaron en tiempo y forma.
La respuesta no debería depender únicamente de una disputa entre oficialismo y oposición. La documentación completa y los mecanismos institucionales de control son los que pueden establecer si el gasto se ajustó a las reglas vigentes.
Por ahora, el dato que encendió la polémica es concreto: más de $13,6 millones de fondos administrados por un fideicomiso provincial terminaron cubriendo la maestría de una ministra. Latorre defiende la decisión como una inversión en capacitación; Ilardo cuestiona su justificación y el procedimiento.
La discusión seguirá abierta hasta que se conozcan las conclusiones de los organismos competentes. Mientras tanto, el caso vuelve a poner en primer plano una exigencia básica para cualquier administración pública: explicar con claridad cómo se utilizan los recursos y qué beneficio obtiene la ciudadanía a cambio.