Mientras el gobierno nacional sostiene que cumple con la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad mediante actualizaciones mensuales por inflación y mecanismos de compensación para los prestadores, las instituciones del sector denuncian que los aranceles mantienen un atraso acumulado de más del 100%, que persisten deudas millonarias de Incluir Salud y que existe incertidumbre sobre el otorgamiento de nuevas pensiones y prestaciones.

La protesta resurgió este miércoles después de que la Cámara de Diputados aprobara el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con el proyecto que busca prorrogar la Emergencia en Discapacidad durante 2027.

El reclamo de las organizaciones de personas con discapacidad, prestadores, centros de rehabilitación y familias se sostiene sobre una situación que, aseguran, excede la actualización de los valores que viene haciendo Nación desde febrero: advierten que los atrasos en los pagos y la pérdida del poder adquisitivo de los aranceles ponen en riesgo la continuidad de distintos servicios.

La postura de Nación: "El gobierno cumple con la ley"

La postura oficial es la misma que mantuvo el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni en el último informe de gestión presentado en el Congreso: "El gobierno cumple con la Ley N° 27.793 y su Decreto Reglamentario N° 84/2026".

Uno de los principales argumentos es que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas cuentan actualmente con un esquema de actualización mensual vinculado al IPC del INDEC. Para el pedido de compensación del desfasaje de facturación registrado entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, se habilitó la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Según información oficial, fueron recibidos más de 20.000 expedientes, que se encuentran en distintas etapas de evaluación y liquidación.

El problema de Incluir Salud

Otro de los puntos de conflicto es el Programa Federal Incluir Salud, que atiende a personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con una obra social. Nación reconoció demoras en los pagos y las atribuyó a un proceso de reordenamiento estructural, luego de detectar circuitos fragmentados y fallas de control. Entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, la deuda acumulada alcanzó los $69.559 millones entre 770 prestadores.

La crisis del sector

Las organizaciones del sector reconocen que durante los últimos meses se aplicaron aumentos, pero advierten que esos porcentajes se calculan sobre valores que ya habían quedado muy atrasados frente a los costos. Según profesionales y cámaras del sector, el desfasaje arancelario supera el 100% respecto del costo real de las prestaciones.

La situación afecta especialmente a centros de día, escuelas especiales, instituciones de rehabilitación y servicios de transporte adaptado, que deben afrontar aumentos en salarios, insumos, alquileres y servicios mientras cobran con valores que consideran insuficientes. A esto se suman los atrasos en los pagos, que obligan a las instituciones a endeudarse para poder prestar los servicios.

La última actualización de aranceles fue del 2,10%, en agosto. Para los prestadores, el problema es que la inflación se aplica sobre una base que ya consideran atrasada, por lo que los aumentos no alcanzan a recomponer la pérdida acumulada.

A este escenario se suma el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo denominado Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que propone modificar el esquema vigente y eliminar la universalidad del nomenclador para que los valores sean fijados de manera descentralizada y trimestral por cada obra social, prepaga o jurisdicción provincial.

Pensiones por discapacidad, otro frente de incertidumbre

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral constituyen otro de los puntos sensibles del sistema. A marzo de 2026, último dato oficial, había 1.148.175 beneficiarios activos en todo el país.

Las auditorías que encaró Nación quedaron paralizadas ante la catarata de medidas cautelares de la Justicia Federal, y en el camino quedaron los resultados definitivos para conocer qué porcentaje de las pensiones auditadas presenta efectivamente irregularidades. Desde el gobierno señalan que el sistema atraviesa una transición, con la idea de pasar de la PNC a la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El inconveniente es que, mientras tanto, organizaciones y familias denuncian dificultades e incertidumbre en el trámite y otorgamiento de nuevos beneficios.

Fuente: Diario UNO