EL IPV LE QUITÓ UNA CASA A UNA MUJER EN LAS HERAS TRAS DETECTAR DATOS OCULTOS EN EL TRÁMITE
El Gobierno de Mendoza anuló la adjudicación de una vivienda del barrio Francisco Amigores, en Las Heras, luego de determinar que la beneficiaria había omitido información sobre conflictos judiciales y su vínculo con la anterior titular del inmueble.
Una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ubicada en el departamento de Las Heras volvió a quedar bajo control del organismo luego de que el Gobierno de Mendoza resolviera anular su adjudicación. La medida se tomó después de detectar que la beneficiaria había omitido información considerada clave al momento de realizar el trámite de regularización de la propiedad.
La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial y confirmó la nulidad de los actos administrativos que habían permitido avanzar con la adjudicación del inmueble ubicado en el barrio Francisco Amigores, de Las Heras.
De acuerdo con los antecedentes del expediente, la mujer había iniciado un procedimiento para regularizar la ocupación de la vivienda. Sin embargo, durante la investigación administrativa se detectó que en la documentación presentada no había informado la existencia de distintos procesos judiciales vinculados con la propiedad.
Entre los antecedentes que no habrían sido declarados aparecen juicios de desalojo y reclamos de exclusión del hogar, además de un conflicto familiar relacionado con la titularidad de la casa.
EL VÍNCULO CON LA ANTERIOR TITULAR
Uno de los aspectos centrales del caso fue que la beneficiaria mantenía un vínculo directo con quien figuraba como adjudicataria original de la vivienda: se trataba de su madre.
Según surge de las actuaciones, la anterior titular no habría abandonado voluntariamente el inmueble. Por el contrario, existían medidas judiciales y restricciones de acercamiento en el marco de los conflictos familiares que se habían producido alrededor de la posesión de la propiedad.
En ese contexto, el IPV concluyó que la información presentada para avanzar con la regularización no reflejaba la totalidad de la situación judicial y familiar existente.
El organismo consideró especialmente relevante que los procesos judiciales se encontraban en trámite cuando se inició el procedimiento administrativo para obtener la titularidad.
Por ese motivo, las autoridades provinciales entendieron que no correspondía mantener vigente la adjudicación y resolvieron retrotraer el procedimiento.
La mujer presentó un recurso para intentar conservar la titularidad de la vivienda, pero el Gobierno provincial rechazó el planteo y confirmó la decisión administrativa.
MÁS CONTROLES SOBRE LAS VIVIENDAS SOCIALES
El caso se conoce en un momento en que el Gobierno de Mendoza decidió profundizar los controles sobre las viviendas entregadas por el IPV.
En junio de este año, la Legislatura provincial sancionó una ley destinada a agilizar los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales cuando se detectan incumplimientos, abandono, mora o utilización irregular de los inmuebles.
Según los datos difundidos por el propio Gobierno, durante 2025 el IPV inició 658 expedientes relacionados con posibles incumplimientos. El 95% correspondió a situaciones de mora y el resto a ocupaciones irregulares. En ese período se resolvieron 514 casos y se concretaron 18 desadjudicaciones.
La tendencia continuó durante 2026. Hasta junio, el organismo había iniciado otros 413 expedientes: el 90% por mora, el 7% por mora combinada con ocupación irregular y el 3% por ocupaciones irregulares. En ese período ya se habían concretado 28 desadjudicaciones.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es proteger el carácter social de estas viviendas y garantizar que las casas construidas o financiadas con recursos públicos sean destinadas efectivamente a familias que necesitan una solución habitacional.
La normativa también apunta contra situaciones como el abandono de inmuebles, cesiones irregulares, alquileres a terceros o el falseamiento u omisión de datos relevantes durante los procesos de adjudicación.
UNA POLÍTICA QUE BUSCA RECUPERAR VIVIENDAS
La decisión sobre la propiedad de Las Heras se suma así a una política más amplia de control sobre las viviendas sociales en Mendoza.
Mientras el Gobierno continúa entregando nuevas unidades —en junio, por ejemplo, el IPV entregó 49 viviendas del barrio Río Diamante IV de Las Heras—, también busca recuperar aquellas propiedades en las que se detecten incumplimientos de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.
El objetivo oficial es que las viviendas financiadas con recursos públicos cumplan con su finalidad original: brindar una solución habitacional a familias que no pueden acceder fácilmente a una propiedad por sus propios medios.
En el caso del barrio Francisco Amigores, la decisión administrativa determinó que la omisión de información sobre los conflictos judiciales y familiares vinculados con el inmueble fue suficiente para dejar sin efecto la adjudicación.
De esta manera, la vivienda quedó nuevamente bajo la órbita del IPV, mientras el Gobierno provincial continúa con los mecanismos administrativos destinados a determinar el destino que tendrá el inmueble.
Fuentes consultadas: El Sol, Gobierno de Mendoza