EL GOBIERNO NACIONAL NEGOCIA CON EL NORTE TARIFAS BAJAS PARA EL VERANO, MIENTRAS BUSCA SACARLE A MENDOZA LA ZONA FRÍA

La discusión por el futuro del régimen de Zona Fría entró en una etapa decisiva, y el escenario no le resulta favorable a Mendoza. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cerraron esta semana un acuerdo con gobernadores de diez provincias del Norte Grande —Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y La Rioja— para crear un nuevo esquema de tarifa eléctrica subsidiada bajo la denominación de "Zona Cálida", pensado para aliviar el consumo de aire acondicionado durante los meses de mayor calor.

El convenio establece un bloque adicional subsidiado de 300 kWh mensuales para las localidades de "Zona muy Cálida" y de 200 kWh para las de "Zona Cálida". Pero el trasfondo de la negociación no es únicamente energético: se trata, ni más ni menos, de la moneda de cambio con la que el oficialismo busca sumar los votos de los senadores del Norte para destrabar en la Cámara alta el proyecto que recorta el régimen de Zona Fría, la ley que desde 2021 garantiza descuentos de entre 30% y 50% en la factura de gas para amplias zonas del país, entre ellas buena parte de Mendoza.

El proyecto oficial, que ya tiene media sanción en Diputados con el respaldo de 8 de los 10 legisladores mendocinos —incluidos Luis Petri y los radicales cornejistas Pamela Verasay y Lisandro Nieri—, restringe el beneficio geográfico exclusivamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe. De aprobarse tal cual llegó al Senado, unos 422.000 hogares mendocinos perderían el descuento automático que hoy aplica sobre el total de la factura de gas, para pasar a un esquema de subsidios focalizados por situación económica que, según reconocen los propios legisladores, cubriría apenas el 40% del consumo invernal y derivaría en "aumentos importantes" para la mayoría de los usuarios.

Frente a ese escenario, los tres senadores mendocinos —los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri, con el aval expreso del gobernador Alfredo Cornejo, y la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti— habían logrado hasta ahora un objetivo modesto pero valioso: estirar el tratamiento de la ley en el recinto, ganando tiempo mientras pasaba lo más crudo del invierno. Fernández Sagasti llegó a calificar la reforma como un ataque directo "al federalismo", advirtiendo que "los mendocinos pagarán el déficit con frío y desesperación".

El problema es que ese margen de maniobra se achica día a día. Con el acuerdo de Zona Cálida ya cerrado, el Gobierno se asegura un número de votos considerable en el Senado sin necesidad de ceder absolutamente nada a cambio en el capítulo de Zona Fría, que es justamente lo que reclamaban los representantes mendocinos. En otras palabras: mientras Formosa, Salta o Tucumán consiguen un beneficio nuevo y adaptado a su clima, Mendoza corre el riesgo real de perder uno que ya tenía, sin que la negociación política le haya dejado a la provincia ninguna contrapartida equivalente.

La paradoja resulta difícil de disimular. El propio oficialismo admite que provincias con calor extremo necesitan asistencia estatal para sostener el uso de aires acondicionados como "una estricta necesidad sanitaria". Pero ese mismo argumento —el clima como determinante de una necesidad básica— es precisamente el que millones de mendocinos, sanjuaninos, sanluiseños o cordobeses vienen esgrimiendo para sostener sus descuentos en el gas durante los meses de frío, sin que hasta ahora el Gobierno nacional haya mostrado la misma predisposición a escucharlos.

Con el debate legislativo reactivándose y el oficialismo asegurando estar cerca de los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto en septiembre, la pelea de Mendoza por conservar la Zona Fría atraviesa, sin dudas, su momento más delicado.