EL GOBIERNO BUSCARÁ UNA SALIDA A LA MORASIDAD RÉCORD: ¿RESCATE A LAS FAMILIAS O SALVATAJE A SUS SOCIOS FINANCIEROS?
Con un nivel histórico de endeudamiento familiar impulsado por la erosión de los ingresos, entra en vigencia un esquema de débitos automáticos que busca frenar la morosidad, mientras se debate a quién protege realmente la regulación.
En los hogares mendocinos, llegar a fin de mes dejó de ser una meta de ahorro para convertirse en un ejercicio diario de supervivencia financiera. En la provincia, cerca de 8 de cada 10 personas recurren al endeudamiento para cubrir consumos indispensables: comprar alimentos, abonar servicios básicos golpeados por tarifazos desmedidos o refinanciar saldos imposibles de tarjetas de crédito. Este cuadro de pérdida acelerada del poder adquisitivo de los salarios empujó la mora familiar a niveles no vistos en años, alcanzando al 12,8% de la cartera de consumo y tocando un pico del 16,4% en préstamos personales a nivel nacional.
Ante casi 6 millones de personas con atrasos en sus compromisos financieros, el Poder Ejecutivo y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidieron intervenir en el mercado mediante la puesta en marcha del mecanismo “Cobros por Transferencia” y la reglamentación del descuento directo sobre salarios.
La normativa que entra en vigencia permite a bancos y fintech ejecutar débitos automáticos sobre la cuenta bancaria o billetera virtual donde se acreditó el préstamo. El esquema fija ciertos límites al cobro: requiere autorización previa revocable, establece que las cuotas no superen el 30% del ingreso declarado y restringe los reintentos de débito a dos instancias (a las 48 y 96 horas). Asimismo, la reforma contempla ampliar el uso del código de descuento directo sobre el recibo de sueldo.
Ahora bien, la medida abre un interrogation ineludible: ¿busca sostener la economía golpeada de las familias argentinas endeudadas o funciona como un salvavidas institucional para las entidades que aplicaron Costos Financieros Totales (CFT) e intereses exorbitantes?
Por un lado, los defensores del sistema sostienen que fijar el tope del 30% e impedir intereses adicionales por mora durante la ejecución del débito resguarda el sustento básico del deudor. Sin embargo, desde la perspectiva de las familias mendocinas que debieron tomar financiamiento para hacer frente a tarifas de servicios de luz y gas desproporcionadas frente a sus haberes, la iniciativa se percibe como un atajo para garantizar la cobrabilidad de la banca tradicional y el sector fintech antes que como una recomposición de los ingresos golpeados.
Incluso la propia bancaria ha puesto peros a la regulación, argumentando inconvenientes operativos de diseño al no poder debitar de cuentas de competidores o cargar recargos punitorios. Mientras el sistema debate quién asume el riesgo crediticio, los salarios continúan corriendo detrás de los costos fijos.
En definitiva, acotar los mecanismos de cobro ofrece un marco formal frente al sobreendeudamiento, pero no resuelve la causa de fondo: cuando el sueldo no alcanza para cubrir la canasta básica y las facturas del mes, el débito automático solo prioriza la cobranza sobre el consumo esencial diario de los hogares.