EL GOBIERNO ASEGURÓ QUE PRIORIZARÁ MEDIDAS ALTERNATIVAS ANTES DE ENCERRAR A CHICOS DE 14 A 16 AÑOS

El Senado de Mendoza avanzó este jueves en comisiones con el análisis del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para crear el nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la provincia. La iniciativa busca adecuar la normativa local al Régimen Penal Juvenil que rige a nivel nacional desde el 5 de septiembre, y que bajó la edad de imputabilidad para incorporar a los adolescentes de 14 y 15 años, que se suman a la franja de 16 a 18 ya contemplada por la ley anterior.

En la reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el ministro de Educación e Infancia, Tadeo García Zalazar, expusieron los objetivos centrales de la reforma. Ambos funcionarios insistieron en que el foco no estará puesto en el encarcelamiento masivo de menores, sino en garantizar esquemas pedagógicos, de capacitación y de reinserción social para los adolescentes que entren en conflicto con la ley penal.

Números que respaldan la estrategia oficial

Las autoridades provinciales sostuvieron que la privación de la libertad seguirá aplicándose de manera excepcional y como último recurso, apoyándose en las estadísticas actuales del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza. Según esos datos, el 91% de los adolescentes bajo el sistema transita penas o procesos con medidas alternativas, mientras que apenas el 9% permanece privado de su libertad.

El Gobierno provincial calcula además que, con la incorporación de los menores de 14 y 15 años, la masa total de causas y jóvenes alcanzados por el fuero penal juvenil crecerá un 30%. Sin embargo, remarcaron que la inmensa mayoría de los hechos cometidos por adolescentes de menos de 16 años corresponde a contravenciones, hurtos, robos o lesiones, sin una incidencia significativa de delitos graves o violentos como homicidios.

El proyecto, que reordena los dispositivos existentes y crea un código de más de 110 artículos, establece que los adolescentes serán juzgados por tribunales penales juveniles diferenciados de los adultos, incluso cuando participen del mismo hecho delictivo junto a personas mayores de edad. También incorpora la figura del Supervisor Especializado, encargado de controlar el cumplimiento de pautas como la capacitación laboral, los tratamientos y la escolarización obligatoria.

Apertura a cambios técnicos

Durante el debate en comisión, representantes del Poder Judicial, jueces de menores y especialistas plantearon sugerencias vinculadas con los plazos de imputación, los procedimientos de flagrancia y las particularidades territoriales del interior provincial. Ante estos planteos, Rus remarcó la disposición del Ejecutivo para enriquecer la norma y confirmó que las observaciones consideradas razonables se incorporarán al despacho final antes de su tratamiento en el recinto.

Las objeciones de AMPROS

No todas las voces coincidieron con el diagnóstico oficial. La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) cuestionó que muchas de las inconsistencias del proyecto podrían haberse evitado si se hubiera consultado a los trabajadores de planta que abordan la problemática a diario.

Desde el gremio advirtieron que el artículo 3° del proyecto deroga la Ley 8.550, que creó la Dirección de Responsabilidad Juvenil, y señalaron riesgos para la autarquía y la estructura de ese organismo. También apuntaron contra la falta de partidas para reforzar la planta de profesionales, y denunciaron una fuerte desigualdad territorial: en Malargüe y General Alvear no hay equipos técnicos ni unidades de abordaje, lo que obliga a traslados de más de 300 kilómetros hasta la capital provincial.

AMPROS cuestionó también la exigencia de guardias de 24 horas los 365 días del año, imposible de cumplir con el personal actual —hoy solo 8 horas mensuales en San Rafael y cobertura nula en Malargüe y Alvear—. Beatriz Zanini, de la secretaría gremial del sindicato, alertó además sobre el desborde en la atención psiquiátrica y de adicciones en jóvenes, un problema que consideró clave para poder implementar cualquier medida del nuevo sistema.

Mientras el proyecto continúa su trámite legislativo, la ley nacional ya está en plena vigencia, por lo que la Justicia penal juvenil y la Policía de Mendoza ya están habilitadas para intervenir ante hechos delictivos que involucren a adolescentes desde los 14 años.