EL COLAPSO DE UN BANCO DERRIBÓ AL PRESIDENTE DE PARAGUAY: PEÑA RENUNCIÓ ANTES DEL JUICIO POLÍTICO

EL COLAPSO DE UN BANCO DERRIBÓ AL PRESIDENTE DE PARAGUAY: PEÑA RENUNCIÓ ANTES DEL JUICIO POLÍTICO

Santiago Peña presentó su renuncia tras la intervención de Ueno Bank, que dejó sin acceso a sus ahorros a unos 2,9 millones de clientes. El Congreso debe aceptarla y el vicepresidente Pedro Alliana sería su reemplazante.

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Por @SoyRumulus 5 de noviembre de 2026

Noticia en desarrollo: el texto escrito con la situación del día jueves 5/11, al mediodía. 

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves 5 de noviembre. Lo hizo poco después de que el Congreso comenzara a debatir un juicio político en su contra y tras perder el apoyo de su propio partido. La caída se precipitó en apenas tres días, a partir del colapso de un banco con el que mantuvo vínculos. 


Cómo se desencadenó la crisis

La crisis estalló el martes 3, cuando el Banco Central del Paraguay inició un proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad digital de crecimiento acelerado desde fines de 2023. El organismo detectó que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido. La medida suspendió todas las operaciones y congeló retiros, transferencias y depósitos. 

El impacto fue masivo. Ueno concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, con unos 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social. El mismo martes, el Banco Central presentó una denuncia ante la Justicia que derivó en la detención de ocho directivos, incluido su presidente, Miguel Vázquez. Además, renunció el titular del BCP, Carlos Carvallo. Los reportes difieren en la cantidad de afectados: La Nación habla de cientos de miles de ahorristas, mientras que la mayoría de las coberturas apunta a casi tres millones de clientes. 



El vínculo con el presidente

El eje de la acusación política es la relación de Peña con el banco. Según ABC Color, el mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta 2025. El miércoles, 35 diputados presentaron un pedido de juicio político contra él y el vicepresidente Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución. En el caso de Alliana, la acusación apunta a su supuesto respaldo político y legislativo a esas operaciones y a su falta de reacción ante las alertas sobre la situación financiera de la entidad. Se trata de acusaciones políticas que debían evaluarse en el procedimiento constitucional. 

El respaldo del oficialismo se quebró el mismo jueves. El Partido Colorado, al que pertenece Peña, tiene mayoría propia en ambas cámaras, y su decisión de acompañar el proceso resultó determinante. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, pidió la renuncia del mandatario o, en su defecto, que continuara el juicio político. Horas antes de la dimisión, el titular de Diputados, Raúl Latorre, había dicho que Peña estaba convencido de su inocencia y quería dar batalla en el proceso. 

En un mensaje grabado, Peña explicó su decisión. Dijo que renunciaba pensando en la estabilidad del país y la paz social, y pidió disculpas “si en algún momento he fallado”. 


Qué sigue

El trámite no está cerrado. La renuncia debe ser remitida al Congreso para su tratamiento en el plenario, previsto para las 15, y abriría la sucesión constitucional en favor de Alliana. Alliana, que en abril confirmó su intención de competir por la presidencia en 2028, llegaría al cargo en medio de una de las mayores crisis institucionales del gobierno. 

La oposición no aceptó el planteo. La senadora Esperanza Martínez adelantó que su bloque rechazará la renuncia y exigirá que el juicio político continúe, tanto para Peña como para Alliana. En paralelo, el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, derivó la denuncia contra el mandatario a la unidad anticorrupción que investiga el caso Ueno, para indagar posibles responsabilidades. 

Para los ahorristas, la discusión central sigue siendo cuánto y cuándo recuperarán su dinero. La cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos tiene un límite de 75 salarios mínimos por persona. El futuro del gobierno paraguayo dependerá ahora de lo que resuelva el Congreso. 


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