DOBLE IMPUESTO Y CAOS EN LAS CUEVAS: REBELION DE CAMIONEROS ANTE EL COBRO DE UN CONTROVERTIDO PEAJE EN UNA RUTA DESTRUIDA

DOBLE IMPUESTO Y CAOS EN LAS CUEVAS: REBELION DE CAMIONEROS ANTE EL COBRO DE UN CONTROVERTIDO PEAJE EN UNA RUTA DESTRUIDA

Mientras la ciudadanía paga impuestos específicos para la red vial, los gobiernos nacional y provincial imponen peajes sin transparencia ni obras previas en el corredor bioceánico.

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Por Redacción R7Digital 19 de octubre de 2026

La postal en el paso internacional hacia Chile ya no es solo la de los habituales e interminables temporales cordilleranos; ahora se le suma el escándalo de la improvisación fiscal. En los últimos días, las cabinas de peaje instaladas en la localidad de Las Cuevas se convirtieron en el epicentro de un tenso conflicto vial y gremial. Diversos transportistas de carga y representantes del sector se negaron sistemáticamente a pagar la tarifa exigida, llegando en algunos casos a embestir la barrera para poder continuar viaje. Más allá del hecho puntual en la frontera, este episodio saca a la luz una opacidad estructural que salpica tanto a la administración nacional como a las autoridades provinciales.

La indignación de los trabajadores del volante es perfectamente comprensible y pone en evidencia una contradicción flagrante del modelo de infraestructura vigente. Durante años, los contribuyentes y las empresas de transporte vienen aportando miles de millones de pesos a través de tasas viales, patentes e impuestos coparticipables a los combustibles, fondos cuyo destino teórico y legal es, precisamente, el mantenimiento, la repavimentación y la seguridad de las rutas nacionales. Sin embargo, en un rapto de voracidad recaudadora y total falta de planificación, la solución oficial fue plantar una cabina de peaje en plena alta montaña para empezar a cobrar caja de forma inmediata, sin haber tapado un solo bache ni renovado la carpeta asfáltica.

El enojo generalizado escaló cuando los propios camioneros exigieron ver el contrato de concesión o la resolución oficial que habilita el cobro de dicho peaje. La respuesta de las autoridades fue el silencio y la falta absoluta de transparencia. No se han publicado con claridad los Pliegos de Bases y Condiciones, no se conoce públicamente el plan de obras obligatorio previo a la explotación comercial, ni mucho menos se ha transparentado el esquema de costos que justifique los aumentos tarifarios que impactan de lleno en los costos logísticos y en el precio final de las mercaderías.


Esta política de "primero se cobra, después vemos si se arregla" expone una evidente complicidad omisiva entre los distintos estamentos gubernamentales. Mientras el Gobierno nacional delega o licita tramos estratégicos sin un control ciudadano riguroso, la gestión provincial prefiere mirar hacia otro lado o actuar como mero espectador de un conflicto que afecta de manera directa la competitividad del comercio exterior y la seguridad vial de miles de familias que transitan a diario la arteria bioceánica. La ciudadanía queda así rehén de una doble imposición tarifaria: paga impuestos ordinarios por rutas transitables y luego se le exige un peaje extra para transitar sobre baches históricos que destruyen neumáticos y ponen en riesgo vidas humanas.

Desde la Asociación de Camioneros Unidos de Mendoza (ACUM) y diversos sectores del transporte de cargas ya se han presentado denuncias judiciales ante los tribunales federales, solicitando que se exhiba la documentación correspondiente y se suspenda el cobro hasta tanto no se ejecute la reconstrucción integral de la calzada. El reclamo no es solo económico, sino de estricta institucionalidad: la infraestructura pública no puede gestionarse a través de resoluciones entre gallos y medianoche ni con parches publicitarios sobre un asfalto obsoleto.

El episodio vivido en la barrera de Las Cuevas es apenas el síntoma de una crisis de gestión mucho más profunda. La falta de transparencia en los contratos públicos, la superposición de gravámenes y la incapacidad estatal para garantizar caminos seguros terminan dinamitando la confianza pública. Si las autoridades no aclaran de inmediato el marco legal del peaje y rinden cuentas claras sobre el destino de los fondos recaudados, la tensión en la alta montaña no hará más que profundizarse.



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