DESPIDIERON A DIEZ EMPLEADOS DEL ESTADO MENDOCINO POR FALTAS GRAVES, AUSENCIAS Y HASTA EL ROBO DE UN CELULAR

El Gobierno de Mendoza oficializó una nueva batería de cesantías dentro de la administración pública provincial luego de concluir distintos sumarios administrativos que detectaron incumplimientos considerados graves por la normativa vigente. Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial y alcanzan a diez agentes que prestaban funciones en áreas como Educación, Salud, Seguridad y Ambiente.

Las sanciones comprenden tanto cesantías directas como la confirmación de despidos tras el rechazo de recursos administrativos presentados por algunos de los involucrados. De acuerdo con la documentación oficial, las causas van desde reiteradas inasistencias injustificadas y abandono de funciones hasta el uso indebido de vehículos oficiales, un caso de robo y una condena penal.

La Dirección General de Escuelas (DGE) concentró la mayor cantidad de cesantías. Cinco trabajadores no docentes fueron separados de sus cargos por acumular ausencias que excedían ampliamente los límites establecidos por el Estatuto del Empleado Público. Entre los expedientes figura el caso de una celadora que dejó de asistir a su lugar de trabajo desde 2018 tras finalizar una licencia sin goce de haberes, además de otra agente que registró más de 200 inasistencias consecutivas durante 2024.

En el ámbito sanitario también se resolvieron dos cesantías. Una de ellas corresponde a un chofer que utilizó un vehículo oficial para fines ajenos al servicio, situación que fue reconstruida mediante el sistema de geolocalización de la unidad. La otra involucra a una trabajadora del Hospital Lagomaggiore, quien fue desvinculada luego de comprobarse judicialmente el robo del teléfono celular perteneciente a la madre de un recién nacido. Como la empleada contaba con tutela sindical, el Estado debió obtener previamente la exclusión de esa protección antes de concretar la medida disciplinaria.

Las resoluciones también alcanzaron a la Policía de Mendoza. Un efectivo fue cesanteado tras abandonar su puesto de trabajo y comunicar que permanecería trabajando en Uruguay, mientras que otro perdió definitivamente su cargo luego de quedar firme una condena por abuso sexual simple cometido durante un servicio policial.

En tanto, el Ministerio de Energía y Ambiente dispuso la baja de un agente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, quien acumuló numerosas inasistencias injustificadas y registraba antecedentes disciplinarios previos.

La decisión se enmarca en una política que el Ejecutivo mendocino viene sosteniendo desde hace varios meses, con controles más estrictos sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro del Estado provincial. Durante 2025 y lo que va de 2026 ya se registraron numerosos expedientes disciplinarios que terminaron en cesantías por abandono de servicio, certificados médicos apócrifos, ausencias reiteradas e incumplimientos funcionales.

Desde el Gobierno sostienen que estas medidas buscan garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública, preservar los recursos del Estado y reforzar el cumplimiento de las normas que regulan el empleo público provincial.

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Fuentes consultadas: El Sol, Boletín Oficial de Mendoza