DENUNCIAN A CASCIARI POR PRESUNTA ESTAFA EN ORSAI: 18 INVERSORES RECLAMAN AUDITORÍA Y EL ESCRITOR RESPONDE: “ACTUAMOS CON INGENUIDAD”
Los socios productores aportaron entre USD 50 y USD 3.000 para películas que, aseguran, no devolvieron lo prometido. Casciari niega fraude, admite errores de gestión y publicó la documentación contable de las producciones.
El escritor Hernán Casciari y su productora Orsai Audiovisuales SRL quedaron en el centro de una controversia judicial luego de que un grupo de 18 inversores presentara una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta. Frente a la repercusión del caso, el autor difundió un video en sus redes donde rechazó las acusaciones, admitió errores y puso a disposición la documentación financiera de la empresa.
La presentación fue radicada por los denominados “socios productores”, con el patrocinio del abogado Ariel Gil Ces, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. El grupo, que se organizó bajo el colectivo Productores Organizados, aportó entre USD 50 y USD 3.000 mediante un sistema de financiamiento colectivo para obras como La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Emi On Off y el documental D.A.M.
Según la querella, la convocatoria prometía rendimientos económicos y información periódica sobre la marcha de los negocios. Los denunciantes sostienen que los retornos liquidados no superaron, en la mayoría de los casos, el 2% o 3% del capital invertido, que no hubo rendiciones contables claras y que los fondos se habrían movido entre producciones sin autorización. Uno de los socios, Luis Salvatto, contó a El Destape que destinó USD 500 a Canelones y USD 2.000 a La muerte de un comediante.
Los inversores pidieron una auditoría contable integral sobre Orsai Audiovisuales, el levantamiento del secreto bancario de las cuentas vinculadas y que se requiera información a la Inspección General de Justicia, al Banco Central y a ARCA. La denuncia también menciona que la difusión del modelo contó con figuras públicas como Andy Kusnetzoff, Diego Peretti, Justina Bustos y Darío Barassi, lo que habría generado confianza inicial entre los aportantes. Casciari desvinculó a los artistas y conductores de cualquier responsabilidad y afirmó que no tienen relación con el manejo contable de la empresa.
Gil Ces fue categórico en su evaluación. Afirmó que el delito de estafa se configura cuando no se brinda información y se engaña a la gente para que confíe, y que la planilla de rendición de cuentas que recibieron los socios no tiene nada comprobable. A su juicio, que Casciari “se haga cargo del error no lo hace inocente”.
Desde la otra vereda, el escritor rechazó los encuadres penales. “Bajo ningún concepto acepto que se hable de estafa, de fraude o de método Ponzi”, sostuvo. Argumentó que un delito de ese tipo requiere premeditación y la intención de causar daño, algo que calificó de absurdo para una trayectoria de unos veinte años. Reconoció que la productora llegó a llevar adelante siete u ocho proyectos en simultáneo y que, en el terreno audiovisual, las cosas no salieron como se esperaba: “Hubo uno que salió mal”, dijo, y admitió que no supieron hacerlo bien.
Casciari también reconoció fallas severas en la comunicación interna y con los socios, y contó que durante 2025 pidió disculpas personales a los aportantes, incluso a algunos uno por uno. “Nos equivocamos en un montón de cosas, pero de buena leche”, afirmó, y subrayó que el espíritu del proyecto era buscar formas diferentes de hacer las cosas. Para respaldar su versión, acompañó el video con un código QR que redirige a un archivo con comprobantes, facturas, pagos y balances de las producciones realizadas entre 2021 y 2025.
El caso se encuentra en una etapa inicial. La figura de estafa requiere un engaño o ardid para obtener un beneficio, mientras que la administración fraudulenta supone un abuso de confianza en el manejo de fondos ajenos. Será la Justicia la que determine si existió alguno de esos delitos, o si, como plantea el escritor, se trató de una experiencia audiovisual que no cumplió con las expectativas económicas de sus socios. Hasta el momento no se informó de decisiones judiciales ni de imputaciones, y rige la presunción de inocencia.