DEL SUEÑO DE LA CASA PROPIA A DEUDAS MILLONARIAS: EL DRAMA DE LOS CRÉDITOS DEL IPV EN MENDOZA
Familias que accedieron al programa Construyo Mi Casa del IPV aseguran que sus deudas se multiplicaron pese a mantener las cuotas al día. Hay casos en los que los saldos actuales superan varias veces el dinero originalmente prestado. El Gobierno impulsa una ley para recalcular esas deudas y ponerles un límite.
CUANDO LA CASA PROPIA SE CONVIRTIÓ EN UNA DEUDA QUE NO TERMINA
Para muchas familias mendocinas, acceder a una vivienda propia mediante un crédito del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) representaba la posibilidad de cumplir uno de los principales objetivos familiares.
Sin embargo, para algunos adjudicatarios del programa Construyo Mi Casa, ese sueño terminó transformándose en una preocupación financiera que se prolonga año tras año.
Los testimonios recopilados por Diario UNO muestran casos en los que las familias continúan pagando sus cuotas, pero observan que el saldo total de la deuda no disminuye como esperaban.
Uno de los casos es el de Virginia, quien recibió un crédito de $14 millones en 2022 y actualmente asegura deber alrededor de $125 millones.
Otro caso corresponde a Santiago, a quien le otorgaron $8 millones. Comenzó a devolver el préstamo en 2023, cuando la cuota rondaba los $180.000, pero posteriormente superó el millón de pesos y el saldo de la deuda llegó a unos $250 millones.
EL MECANISMO QUE GENERÓ EL PROBLEMA
El programa Construyo Mi Casa funciona con un esquema de ahorro previo: los adjudicatarios debían aportar inicialmente un porcentaje y el IPV financiaba el resto para construir una vivienda de hasta 140 metros cuadrados.
Los créditos comenzaron a devolverse con una actualización vinculada al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
La intención del sistema era acompañar la evolución de los ingresos familiares y establecer un límite para que la cuota no superara el 20% de los ingresos del grupo familiar.
Pero, según los adjudicatarios afectados, el mecanismo produjo un problema adicional: no solamente aumentaron las cuotas, sino también el capital pendiente de pago.
De acuerdo con los testimonios publicados, el crecimiento del saldo llegó en algunos casos a superar ampliamente el valor original del préstamo.
“CADA VEZ QUE PAGO, LA DEUDA CRECE”
Los testimonios de los adjudicatarios muestran la dimensión del conflicto.
Santiago asegura que, aun realizando los pagos, observa incrementos millonarios en el saldo de su deuda.
Virginia, por su parte, sostiene que el crédito que recibió alcanzó para financiar aproximadamente el 60% de su vivienda y que ahora debe varias veces el monto original.
Otros adjudicatarios consultados describieron situaciones similares y cuestionaron que el sistema permita que una persona pague durante años sin observar una reducción proporcional del capital adeudado.
En algunos casos, incluso se evaluó extender los plazos de devolución hasta 30 años para reducir el impacto mensual de las cuotas. Sin embargo, los beneficiarios sostienen que esa alternativa no resuelve el problema porque los intereses continúan acumulándose.
UN GRUPO DE 120 ADJUDICATARIOS RECLAMÓ UNA SOLUCIÓN
Ante el crecimiento de las deudas, alrededor de 120 adjudicatarios decidieron organizarse y presentar un reclamo ante las autoridades.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el CVS utilizado para actualizar los créditos.
Los beneficiarios sostienen que el indicador es un promedio nacional y que no necesariamente refleja la evolución de los salarios y las paritarias en Mendoza.
También cuestionaron la forma en que aparecen discriminadas las boletas y plantearon dificultades para conocer con precisión cuánto corresponde a capital y cuánto a intereses.
Algunos comenzaron a realizar los pagos “bajo expresa reserva de derechos y en protesto”, con la intención de continuar cumpliendo con sus obligaciones sin considerar que eso implique aceptar el cálculo de la deuda.
EL PROPIO IPV RECONOCIÓ LA DISTORSIÓN
El conflicto llegó finalmente a la Legislatura.
El presidente del IPV, Gustavo Cantero, reconoció que en determinados casos el esquema produjo una diferencia significativa entre la deuda y el valor de la vivienda.
Según explicó, existen situaciones en las que el saldo necesario para cancelar el crédito supera el valor de mercado de la propiedad.
La situación también había sido abordada por el Gobierno provincial durante 2026, cuando presentó un proyecto para acelerar la recuperación de viviendas sociales en casos de incumplimientos como falta de pago, abandono o utilización irregular.
Pero el proyecto que ahora avanza por la Legislatura apunta a otro problema: los créditos cuyo mecanismo de actualización generó saldos considerados desproporcionados.
LA LEY QUE BUSCA PONER UN LÍMITE
El Ejecutivo provincial envió un proyecto para modificar la Ley 4.203.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y pasó al Senado.
El proyecto contempla otorgar al Directorio del IPV la posibilidad de recalcular y readecuar el saldo de capital adeudado cuando exista una diferencia desproporcionada entre la deuda y el valor real de la vivienda.
El límite estaría determinado por el menor valor entre el costo de reposición de la vivienda en el mercado actual y el monto del crédito.
La intención es que quienes cumplieron con sus pagos puedan avanzar hacia una reducción efectiva de la deuda y evitar que el mecanismo de actualización transforme el crédito en una obligación prácticamente imposible de cancelar.
EL PROBLEMA AHORA ESTÁ EN LA LEGISLATURA
Mientras los adjudicatarios esperan una respuesta, el proyecto continúa su recorrido legislativo.
El propio Cantero estimó que la norma podría quedar sancionada en un plazo aproximado de 15 días.
El debate llega además en un momento en que el IPV prepara una nueva licitación del programa Construyo Mi Casa, por lo que la resolución del conflicto también puede marcar las condiciones de futuros créditos habitacionales.
El desafío será encontrar un mecanismo que permita mantener el financiamiento de viviendas sociales sin repetir un esquema en el que, según denuncian los propios beneficiarios, pagar las cuotas no necesariamente significa reducir la deuda.
Para las familias que ya tienen el crédito, la discusión no es solamente legislativa: es la diferencia entre seguir pagando una deuda que consideran inalcanzable o encontrar finalmente una fórmula que les permita terminar de pagar la vivienda que construyeron.
Fuentes consultadas:
Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza