¡CUMPLAN LA LEY!: LA UNCUYO MARCHÓ PORQUE EL GOBIERNO SIGUE SIN CUMPLIR LA LEGISLACIÓN APROBADA POR EL CONGRESO Y RATIFICADA POR LA JUSTICIA

La UNCuyo volvió a la calle este jueves con una consigna tan básica como inusual para un reclamo: que se cumpla una ley. En la quinta Marcha Federal Universitaria, autoridades, gremios y estudiantes partieron a las 15 de la rotonda del campus, recorrieron la Ciudad por Lencinas, Padre Contreras, Libertador, Emilio Civit y Sarmiento, y cerraron en la plaza Independencia con la lectura de un documento unificado. La anterior marcha había sido el 12 de mayo.

La norma en disputa es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que el Congreso sancionó y ratificó tras rechazar el veto presidencial. Desde entonces, el Ejecutivo la fue esquivando. Condicionó su ejecución por decreto, envió al Congreso un proyecto para modificarla con una recomposición salarial parcial en tres tramos de 4,1% y no actualizó salarios ni becas, pese a una cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio. El miércoles, el juez Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por un incumplimiento que dio por verificado.

Los números ayudan a entender la urgencia. Según Chequeado, el presupuesto universitario de 2026 es 25,3% inferior, en términos reales, al de 2023, y los salarios docentes están 24,2% por debajo de ese nivel. Para cumplir la ley, el Gobierno debería otorgar un aumento del 32% sobre los haberes de septiembre. En la plaza, los oradores advirtieron que el básico de un trabajador no docente apenas alcanza al 50% de la Canasta Básica Total.

Para Mendoza, la discusión no es abstracta. El Presupuesto 2026 asignó a la UNCuyo $171.893 millones, el 3,7% del total nacional, de los cuales $1.758 millones corresponden al Hospital Universitario y $181 millones a ciencia y tecnología. Son partidas que sostienen a una universidad que, en palabras de su rectora, lleva 87 años acompañando a la sociedad y es patrimonio histórico y cultural de la provincia.

García, que marchó por primera vez como rectora, dijo que el Gobierno nacional “no escucha a la sociedad argentina”. Sostuvo que no cumplir la ley envía un mensaje a los jóvenes, porque su cumplimiento implica, simplemente, que funcionen las universidades públicas. Consultada sobre el dato del Censo 2025 según el cual el 58% de los estudiantes trabaja, subrayó que la institución debe acompañar a quienes combinan empleo y estudio, un perfil para el que las becas y los gastos de funcionamiento son decisivos.

Desde el sector científico, la investigadora del Conicet Mariana Troncoso afirmó que el Gobierno incumple el financiamiento hace más de un año, con un impacto negativo en salarios, educación y líneas de investigación. Los discursos calificaron de “desmantelado” el sistema científico y alertaron por los recortes en el INTA, el INTI y el Conicet, organismos con presencia en la provincia. También se rechazaron los descuentos salariales a quienes adhieren a paros y se mencionaron retrocesos en discapacidad, ambiente y protección del agua.

Los reclamos no se limitaron a la Casa Rosada. Según Los Andes, las intervenciones cuestionaron tanto las políticas nacionales como las provinciales, y se exigió a los legisladores mendocinos que acompañen el cumplimiento de la ley en el Congreso. Es un pedido que traslada la discusión a los representantes de la provincia y los obliga a definir de qué lado de la ley se paran.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional negocia con las universidades para acotar diferencias antes de 2027. Admite incrementar los fondos del próximo año, pero rechaza llevar las partidas a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional. Apeló la declaración de inconstitucionalidad del decreto que condicionaba la ley, y será la Cámara la que resuelva. En Buenos Aires, la marcha frente al Congreso derivó en incidentes con gases lacrimógenos.

En la plaza Independencia, la UNCuyo también recibió alimentos no perecederos para vecinos afectados por el temporal de los últimos días. La postal resume la jornada: una universidad que pide que se cumpla una ley sancionada, ratificada y confirmada por la Justicia, y que a la vez ayuda a quienes sufren las consecuencias del clima. La ley existe, el fallo también y la multa corre. Lo que falta es que se cumpla.