CRISIS POLÍTICA EN PARAGUAY: EL CONGRESO NO ACEPTÓ LA RENUNCIA DE SANTIAGO PEÑA Y AVANZA EL JUICIO POLÍTICO
El presidente paraguayo presentó su dimisión en medio del escándalo financiero desatado por la intervención de Ueno Bank, una entidad vinculada anteriormente con sus negocios. Sin embargo, los legisladores buscan evitar que abandone el cargo sin responder por las acusaciones. El futuro del mandatario quedó en manos del Senado, mientras crece la tensión política y social en el país.
UNA RENUNCIA QUE NO LOGRÓ CERRAR LA CRISIS
Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales y financieras más importantes de los últimos años. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia al cargo el jueves 5 de noviembre, en medio de las fuertes presiones políticas provocadas por el escándalo de Ueno Bank, una entidad financiera intervenida por las autoridades debido a graves problemas de solvencia.
La decisión del mandatario, que buscaba poner fin a una situación cada vez más complicada, no consiguió frenar el conflicto. El Congreso paraguayo avanzó con el procedimiento de juicio político y dejó en suspenso la salida presidencial, en una maniobra que apunta a impedir que Peña abandone el poder sin responder por las denuncias que pesan sobre su gestión.
La controversia tiene un componente jurídico y político particular. Si la renuncia fuera aceptada, Peña podría acceder a la condición de senador vitalicio que contempla la Constitución paraguaya para los expresidentes, con los fueros correspondientes. Esa posibilidad generó resistencia entre legisladores opositores, que consideran necesario que el mandatario enfrente primero el proceso de responsabilidad política.
La Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con 78 votos a favor. Posteriormente, la definición pasó al Senado, que debe analizar las acusaciones y determinar si corresponde destituir al presidente.
La situación provocó una fuerte incertidumbre sobre la continuidad del Gobierno y abrió un escenario de enfrentamiento entre distintos sectores del oficialismo y la oposición.
EL ESCÁNDALO DE UENO BANK QUE DESATÓ LA CRISIS
El origen del conflicto está relacionado con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera que quedó bajo control de las autoridades regulatorias paraguayas después de detectarse que no cumplía con los requisitos mínimos de solvencia establecidos por la legislación.
La situación generó preocupación entre millones de clientes que encontraron dificultades para acceder a sus cuentas y ahorros. La entidad tenía una importante presencia en el mercado financiero digital y administraba recursos de particulares y organismos públicos.
El vínculo de Peña con el grupo empresario que controlaba anteriormente el banco se convirtió en uno de los principales cuestionamientos políticos. El mandatario había sido accionista del grupo relacionado con Ueno hasta marzo de 2025, cuando aseguró haber vendido su participación.
Las denuncias presentadas contra el presidente incluyen presuntos conflictos de intereses, utilización irregular de recursos públicos y falta de controles sobre las operaciones financieras de la entidad.
También se cuestionó la designación de Carlos Carvallo, quien había tenido vínculos con Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay. Para los legisladores que impulsan el juicio político, esa relación podría haber comprometido la independencia de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.
Peña rechazó las acusaciones y manifestó que está dispuesto a presentarse ante las instituciones correspondientes para ejercer su defensa.
POR QUÉ LOS LEGISLADORES NO QUIEREN ACEPTAR SU RENUNCIA
El rechazo a la salida de Peña tiene una explicación que va más allá de la disputa partidaria. La legislación paraguaya establece que los expresidentes pueden incorporarse al Senado de manera vitalicia, una condición que les otorga determinadas protecciones institucionales.
Los sectores que impulsan su destitución consideran que aceptar la renuncia podría facilitar que el mandatario acceda a esos beneficios antes de que se esclarezcan las responsabilidades por el escándalo financiero.
Por eso, la estrategia parlamentaria consiste en continuar con el juicio político. Si el Senado lo encuentra culpable y aprueba su destitución con la mayoría constitucional requerida, Peña podría perder la posibilidad de asumir como senador vitalicio y quedar más expuesto a las investigaciones judiciales.
El procedimiento está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de formular la acusación, mientras que el Senado debe actuar como tribunal y resolver si corresponde declarar culpable al presidente.
EL SENADO YA AVANZA CON EL JUICIO POLÍTICO
Durante este viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo inició una nueva etapa del procedimiento contra Peña. Su equipo jurídico había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar la defensa, pero los legisladores rechazaron ese pedido.
Además, el mandatario fue convocado para comparecer ante la Cámara Alta y responder por las acusaciones presentadas en su contra.
La situación mantiene en suspenso la sucesión presidencial. El vicepresidente Pedro Alliana, quien debería asumir el Ejecutivo si se concreta la salida de Peña, todavía no había prestado juramento durante las primeras horas de la jornada.
La incertidumbre también alcanzó al gabinete. Varios funcionarios de alto rango comenzaron a abandonar sus cargos en medio de una crisis que amenaza con profundizar las divisiones dentro del oficialismo.
El desenlace dependerá de la decisión del Senado, que deberá evaluar las acusaciones, garantizar el derecho de defensa y reunir los votos necesarios para una eventual destitución.
PROTESTAS Y PREOCUPACIÓN POR LOS AHORROS DE MILLONES DE PARAGUAYOS
Mientras se desarrolla la disputa institucional, la crisis financiera continúa teniendo consecuencias directas sobre la población.
La intervención de Ueno Bank dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus cuentas, lo que provocó protestas en Asunción y reclamos para recuperar los ahorros depositados en la entidad.
El conflicto también generó preocupación por los fondos públicos y previsionales que estaban vinculados con el banco. Las autoridades financieras intentaron llevar tranquilidad al mercado y garantizar la devolución de buena parte de los depósitos, aunque la situación todavía genera incertidumbre.
La caída de la entidad no solamente afectó a sus clientes: también puso bajo cuestionamiento los mecanismos de supervisión del sistema financiero y las relaciones entre el poder político y los intereses empresariales.
El caso se convirtió así en una crisis que combina denuncias de presuntas irregularidades, cuestionamientos institucionales y dificultades económicas para miles de familias.
Paraguay enfrenta ahora un escenario decisivo. La continuidad de Santiago Peña depende de una definición parlamentaria que podría modificar por completo el mapa político del país. Mientras tanto, los ahorristas esperan recuperar su dinero y la sociedad exige explicaciones sobre cómo una entidad de semejante dimensión llegó a una situación que terminó comprometiendo al propio presidente de la República.