CONDENARON A UNA DOCENTE QUE COBRABA HASTA $150.000 A SUS ALUMNAS PARA APROBARLAS
La profesora, de 57 años, utilizaba su posición para exigir dinero a estudiantes a cambio de aprobar materias o permitirles pasar de año. La Justicia de Corrientes la condenó a tres años de prisión en suspenso y la inhabilitó para ejercer la docencia durante ese período.
Un caso que generó indignación en la comunidad educativa de Corrientes terminó con una condena judicial. Una docente de 57 años fue encontrada culpable de abuso de autoridad y concusión, luego de que una investigación acreditara que exigía dinero a sus estudiantes para aprobarlas o permitirles avanzar en sus estudios.
La resolución fue homologada mediante un juicio abreviado pleno por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag.
COBRABA HASTA $150.000 PARA GARANTIZAR LA APROBACIÓN
La investigación determinó que la docente, perteneciente a la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini, habría realizado cobros sistemáticos durante varios años.
Uno de los episodios ocurrió en julio de 2025, cuando le exigió $100.000 a una estudiante para eximirla de cursar. La joven alcanzó a entregar $30.000, pero luego recibió presiones para completar el pago.
En otro caso, ocurrido en abril de 2025, una alumna realizó una transferencia de $150.000 después de que la docente le exigiera esa suma para garantizarle la aprobación.
También surgieron testimonios de exalumnos que denunciaron que años atrás se habrían producido cobros relacionados con la entrega de documentación correspondiente al título secundario.
UN SISTEMA QUE HABRÍA AFECTADO A DECENAS DE ESTUDIANTES
Durante la investigación, padres y alumnos aportaron testimonios sobre supuestos cobros que iban desde $15.000 hasta $150.000.
Uno de los testimonios más fuertes fue el de una madre cuya hija, pese a estudiar para aprobar, habría recibido el mensaje de que debía pagar para conseguir la aprobación.
La situación habría tenido consecuencias particularmente graves: ante la imposibilidad económica de afrontar los pagos y las presiones recibidas, una adolescente terminó abandonando la institución educativa. Las primeras denuncias formales de los padres habían sido presentadas en octubre de 2024.
¿QUÉ CONDENA RECIBIÓ?
La Justicia estableció una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos docentes durante el mismo período.
Además, deberá afrontar:
- $480.000 de reparación económica, destinados a dos alumnas damnificadas.
- $360.000 de multa judicial.
- Una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las víctimas.
- La obligación de fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y presentarse trimestralmente ante la Oficina Judicial.
EL CASO QUE ABRE UN DEBATE MÁS PROFUNDO
Más allá de la condena individual, el caso vuelve a poner sobre la mesa un problema particularmente delicado: la relación de poder entre docentes y estudiantes.
Una calificación puede definir la continuidad de un alumno en una institución, su posibilidad de pasar de año o incluso la finalización de sus estudios. Por eso, cuando esa posición de autoridad es utilizada para obtener dinero, el perjuicio no se limita a una cuestión económica.
También se afecta la confianza dentro de la comunidad educativa y, especialmente, a estudiantes que dependen de sus docentes para avanzar en su formación.
En este caso, además, la investigación mostró que las consecuencias podrían haber ido mucho más allá de una mala calificación: según los testimonios incorporados al expediente, hubo estudiantes que terminaron abandonando sus estudios.
La sentencia marca así el cierre judicial de una causa que comenzó con denuncias de familias y terminó demostrando, según la Justicia, un esquema de cobros ilegales aprovechando la autoridad docente.
Fuentes consultadas