CONDENARON A SEIS AÑOS AL PENITENCIARIO QUE INTENTÓ INGRESAR COCAÍNA OCULTA EN SU ENTREPIERNA
José Antonio Lorenzo fue condenado mediante un juicio abreviado luego de admitir que intentó ingresar 256 gramos de cocaína al Complejo Penitenciario San Felipe. Durante el allanamiento de su vivienda también encontraron cerca de un kilogramo de marihuana. Cumplirá la pena bajo arresto domiciliario.
La Justicia Federal condenó a seis años de prisión a un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza que fue descubierto cuando intentaba ingresar cocaína al Complejo Penitenciario San Felipe. El hecho había ocurrido en agosto de 2025 y la investigación permitió además detectar una cantidad importante de marihuana en el domicilio del acusado.
El condenado fue identificado como José Antonio Lorenzo. Según la reconstrucción del caso, el 21 de agosto del año pasado llegó al establecimiento penitenciario ubicado en la zona oeste de la Ciudad de Mendoza para comenzar su jornada laboral. Durante el procedimiento de ingreso fue sometido a una requisa por parte de otro agente.
La revisión formaba parte del nuevo sistema de controles implementado para las personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios de la provincia. Durante la inspección se detectó un bulto extraño en la zona de la entrepierna del agente.
Ante la situación, Lorenzo terminó entregando dos envoltorios que contenían una sustancia blanquecina. Los análisis posteriores determinaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 256 gramos.
El hallazgo derivó en la inmediata detención del penitenciario y en la intervención de la Justicia Federal. La investigación no se limitó al intento de ingreso de los estupefacientes al penal, sino que también avanzó sobre el domicilio del agente.
Por orden judicial se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio La Favorita. Allí los investigadores encontraron dinero en efectivo y distintos paquetes que contenían marihuana. Entre los elementos secuestrados había un ladrillo de 583 gramos, otro trozo de 129 gramos y bolsas con aproximadamente 270 gramos adicionales.
En total, la cantidad de marihuana hallada rondó el kilogramo. El secuestro permitió ampliar la investigación y complicó la situación judicial del agente.
Lorenzo fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con agravantes vinculados con su condición de funcionario público y con el hecho de que parte de la maniobra estaba destinada al ingreso de droga a un establecimiento penitenciario.
Durante el proceso judicial, el acusado reconoció los hechos y aceptó una resolución mediante juicio abreviado. El acuerdo fue homologado por el juez federal Alberto Carelli y derivó en una condena de seis años de prisión.
La pena continuará siendo cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario. La decisión está relacionada con la situación familiar del condenado, quien tiene un hijo con discapacidad y, según se informó durante el proceso, participa de manera directa en su cuidado y traslado a tratamientos.
El caso tuvo además una particular relevancia porque ocurrió poco después de la puesta en marcha de un nuevo sistema de controles para el ingreso a las cárceles mendocinas. El denominado Sistema Único de Ingreso fue diseñado para reforzar la seguridad y reducir las posibilidades de que ingresen drogas, teléfonos celulares, armas u otros elementos prohibidos.
El esquema contempla controles similares a los utilizados en aeropuertos, con detectores de metales, registro mediante cámaras y requisas físicas. También incluye medidas vinculadas con la videovigilancia, las comunicaciones y el bloqueo selectivo de señales de telefonía celular.
La implementación del sistema fue anunciada por el Gobierno de Mendoza como parte de un proceso de modernización de la seguridad penitenciaria. El objetivo es establecer procedimientos uniformes para todas las personas que ingresan a los complejos carcelarios, incluidos los propios trabajadores.
El caso de Lorenzo mostró uno de los primeros resultados de ese mecanismo de control. La detección se produjo durante una revisión realizada a un agente penitenciario, lo que permitió evitar que la droga ingresara al establecimiento.
El episodio también se inscribe en una problemática más amplia vinculada con el ingreso de estupefacientes a los establecimientos penitenciarios. Durante distintos procedimientos realizados en Mendoza se han secuestrado drogas dentro de los complejos y se han investigado posibles redes destinadas a abastecer a internos.
En abril de 2026, por ejemplo, el Servicio Penitenciario informó el secuestro de más de 1,6 kilogramos de estupefacientes en Almafuerte I, entre ellos cocaína y otras sustancias. Estos procedimientos forman parte de los controles que las autoridades sostienen dentro de los establecimientos.
La condena contra Lorenzo cierra judicialmente el episodio ocurrido en San Felipe, aunque el caso también dejó planteada una cuestión relacionada con los mecanismos de control interno. La investigación permitió determinar que el intento de ingreso de droga no fue protagonizado por un visitante o una persona ajena al sistema, sino por un trabajador que debía cumplir funciones dentro del establecimiento.
A partir de la aplicación de los nuevos controles, las autoridades buscan reducir este tipo de situaciones y reforzar la seguridad tanto dentro como fuera de los complejos penitenciarios. La condena constituye, en ese sentido, uno de los resultados judiciales derivados de la detección de una maniobra de ingreso de estupefacientes al sistema carcelario provincial.