CASO VILLOUTA: LOS DETALLES DE LA REFORMA PENAL QUE BUSCA QUE MATAR AL VOLANTE DEJE DE SER EXCARCELABLE
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, recibió a Andrés Villouta, padre de Alan, el joven de 21 años atropellado y muerto en 2017. El Gobierno acompañará la apelación de la familia y ya presentó un proyecto de reforma al Código Penal para endurecer las condenas en casos de siniestros viales fatales.
Nueve años después de la muerte de Alan Villouta, atropellado en 2017 por Alejandro Verdenelli, su caso vuelve a estar en el centro de la escena. Esta semana, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, recibió a su padre, Andrés Villouta, en la segunda reunión que mantienen desde el Gobierno provincial. El encuentro se da luego de que Verdenelli fuera sobreseído porque la causa en su contra prescribió.
"Que el nombre de Alan no quede impune"
"Es la segunda reunión que tenemos con el Gobierno. Fue positiva. En la parte emocional fuimos encontrando un poquito de respuestas", señaló Villouta tras el encuentro. Desde Asistencia a la Víctima confirmaron que adherirán al recurso de casación que preparan los abogados de la familia, que actúa como querella en la causa.
Con la voz quebrada, el padre de Alan pidió que la Justicia cambie: "Esperé nueve años. Mi hijo no va a volver. En 2017 se apagó la luz. Pero sí creo que podemos lograr que la Justicia cambie entre todos, que los jueces tengan criterio". Rus, por su parte, remarcó que el acompañamiento a víctimas no es solo psicológico y jurídico en casos de tránsito, sino también en delitos como los femicidios.
Los cambios que se proponen en el Código Penal
El encuentro sirvió además para que la ministra confirmara que ya le trasladó a la diputada nacional Pamela Verasay un proyecto de reforma al Código Penal, que debe tratarse en el Congreso de la Nación, junto con modificaciones que se trabajan en paralelo para el Código Procesal Penal provincial.
Entre los puntos centrales de la iniciativa figura elevar la pena mínima a 4 años, para que este tipo de delito deje de ser fácilmente excarcelable, y llevar la pena máxima de 6 a 10 años. "Es el mismo máximo de una estafa simple, para ponerlo en razonabilidad. No nos parece justo ese máximo cuando hay un resultado fatal", planteó Rus. También se busca aumentar la inhabilitación para conducir, respaldada por los sistemas de control que ya existen en la provincia.
Otro punto clave es la incorporación como delito autónomo de la alcoholemia por encima de 1 gramo por litro de sangre, agravada por encima de 2, junto con la conducción temeraria, ya prevista en el Código Penal. Según Rus, estos cambios responden a pedidos concretos de las víctimas en las reuniones mantenidas con el Ministerio.
Un artículo para evitar otro caso de prescripción
La reforma también incluye una modificación al artículo sobre prescripción de la acción penal, pensada específicamente para que no se repita una situación como la de Verdenelli. "Incorporamos un artículo para que justamente no haya un caso como el que pasó ahora, que una interpretación dice que se considera prescripta la acción", explicó la ministra, quien apuntó a que las nuevas condenas den cuenta de la gravedad de hechos como matar en la vía pública con alcoholemia grave, darse a la fuga o circular muy por encima de la velocidad permitida.
En paralelo, junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y un equipo jurídico, el Gobierno trabaja en reformas al procedimiento penal provincial para dar plazos más razonables al sistema judicial, entre ellas cambios en el procedimiento de flagrancia y en el sistema de audiencias.
La aplicación de estos cambios depende, de todos modos, de un largo trámite legislativo en el Congreso de la Nación para las modificaciones al Código Penal.