CASO $LIBRA: UNA FISCALÍA APELÓ EL SOBRESEIMIENTO DE MILEI Y BUSCA REABRIR LA INVESTIGACIÓN
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas asumió el impulso de la causa y cuestionó el cierre dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Considera que todavía existen pruebas pendientes para esclarecer el lanzamiento y el derrumbe de la criptomoneda que el Presidente difundió en sus redes sociales.
La causa judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó este viernes un nuevo capítulo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un organismo especializado en investigar posibles delitos vinculados con funcionarios públicos, presentó un recurso para cuestionar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros nueve imputados.
La intervención representa un giro en el expediente, ya que la fiscalía especializada decidió asumir el impulso de la acción penal que había dejado de promover el fiscal Eduardo Taiano. Además, solicitó que se reabra la investigación y dejó planteada una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal pueda revisar la decisión si el pedido no prospera.
El planteo fue presentado por el organismo encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez, que considera que el expediente todavía contiene aspectos centrales sin esclarecer. Para la PIA, el cierre de la causa fue prematuro porque quedan medidas de prueba que podrían resultar determinantes para reconstruir lo sucedido alrededor del lanzamiento y posterior desplome del activo digital.
POR QUÉ QUIEREN REABRIR LA CAUSA
La Procuraduría intervino luego de un pedido realizado por dos organizaciones que participan en el expediente como amicus curiae: el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Ambas entidades habían reclamado que el organismo especializado asumiera un papel activo para evitar que los sobreseimientos se transformaran en el cierre definitivo de una investigación que, según sostienen, todavía tiene líneas pendientes.
Entre los puntos que la PIA considera necesario profundizar se encuentran la reconstrucción del recorrido del dinero, el análisis de las comunicaciones entre las personas involucradas, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos financieros relacionados con la criptomoneda.
También planteó la necesidad de completar determinados peritajes informáticos y examinar información que podría contribuir a establecer cómo se organizó el lanzamiento del token y qué intervención tuvieron los distintos actores.
Uno de los interrogantes que busca esclarecer el organismo es cómo llegó Javier Milei a difundir un contrato vinculado con el proyecto que, según los planteos incorporados al expediente, no habría sido de acceso público en ese momento.
La fiscalía especializada cuestionó, además, que determinados indicios hayan sido evaluados de manera aislada y sostuvo que deben analizarse en conjunto para establecer si permiten reconstruir una posible conducta delictiva.
EL SOBRESEIMIENTO QUE HABÍA FAVORECIDO AL PRESIDENTE
El conflicto judicial se originó en febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X información sobre el proyecto de criptomoneda $LIBRA. La difusión presidencial provocó un fuerte interés en el activo digital, cuyo valor registró inicialmente una suba y posteriormente se desplomó.
El episodio generó cuestionamientos de inversores y denuncias judiciales por las pérdidas económicas sufridas. La investigación buscó determinar si existieron maniobras fraudulentas, acuerdos previos o posibles irregularidades vinculadas con la participación del mandatario en la difusión del proyecto.
La semana anterior a esta nueva presentación, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había dispuesto el sobreseimiento de Milei, Karina Milei y otros nueve investigados, después de que el fiscal Taiano solicitara cerrar la causa.
La resolución consideró que no existían elementos suficientes para sostener la imputación penal por los delitos investigados. Sin embargo, la decisión recibió cuestionamientos de organizaciones y personas que habían intervenido en el expediente y reclamaban que se profundizara la producción de pruebas.
La presentación de la PIA vuelve a poner en discusión si la investigación estaba realmente agotada al momento de dictarse los sobreseimientos.
QUÉ PRUEBAS QUIEREN ANALIZAR
Entre los aspectos que el organismo especializado considera relevantes aparecen la trazabilidad de los fondos vinculados con el proyecto, la recuperación de comunicaciones y el análisis de posibles acuerdos entre los participantes.
También se plantearon interrogantes sobre los contactos y encuentros de algunos de los involucrados en dependencias oficiales, así como la necesidad de evaluar esos elementos junto con el resto de la documentación incorporada al expediente.
La Procuraduría considera que las dificultades para obtener información o completar determinadas medidas no deberían convertirse automáticamente en motivos para cerrar una investigación. Por el contrario, entiende que esos obstáculos pueden justificar nuevas diligencias.
La intervención también vuelve a colocar bajo análisis la actuación que tuvo el fiscal Taiano durante el desarrollo de la causa, especialmente por su decisión de solicitar los sobreseimientos sin que, según los cuestionamientos presentados, se hubieran agotado todas las medidas reclamadas.
AHORA DEBERÁ RESOLVER LA JUSTICIA
El planteo deberá ser analizado en el ámbito del Juzgado Federal N.º 8. El expediente se encuentra bajo intervención interina del juez Daniel Rafecas debido a la licencia de Martínez de Giorgi.
La presentación de la PIA abre una nueva instancia de discusión judicial. Si el pedido de reapertura es rechazado, el recurso subsidiario permitirá que la Cámara Federal examine la cuestión.
Mientras tanto, los sobreseimientos continúan siendo una resolución judicial vigente, aunque ahora quedaron bajo cuestionamiento a partir de esta nueva intervención.
El caso $LIBRA, que comenzó con la difusión de una criptomoneda por parte del Presidente y derivó en denuncias por presuntas maniobras fraudulentas, vuelve así al centro de la escena judicial y política.
La discusión ya no se limita a determinar si existieron responsabilidades penales, sino también a establecer si las pruebas reunidas fueron suficientes para cerrar definitivamente el expediente o si todavía quedan elementos que deben investigarse.
Fuentes consultadas