BURLA A LA INDIGENCIA Y LA POBREZA: MILEI MINIMIZA LA CRISIS ECONÓMICA Y AFIRMA QUE SI LA GENTE NO LLEGARA A FIN DE MES "SE MORIRIA"
El Presidente apeló a metáforas de supervivencia para desestimar la pérdida del poder adquisitivo y el desempleo en aumento, ignorando los mecanismos de endeudamiento y la precarización que sostienen a las familias, y desconociendo que millones de argentinos viven en situación de indigencia y pobreza.
La discusión sobre la marcha de la economía argentina suele oscilar entre la frialdad de las planillas financieras y la crudeza del presupuesto cotidiano en los hogares. En ese contrapunto, el relato oficialista insiste en presentar el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria como indicadores autosuficientes de bienestar, desestimando las alarmas que emanan del tejido productivo. Durante una reciente intervención pública en el foro energético de Neuquén, el presidente Javier Milei volvió a tensionar la agenda al utilizar una insólita analogía biológica para descalificar las mediciones que dan cuenta del deterioro social, afirmando que si la sociedad no cubriera el costo de la canasta básica a fin de mes, la población "ya se habría muerto" por inanición.
Las expresiones presidenciales buscan relativizar una realidad palpada a diario en los comercios de barrio y los centros urbanos de todo el país. Al encuadrar la frase "no llegar a fin de mes" como una simple invención o manipulación del discurso opositor, la narrativa de la Casa Rosada omite de manera deliberada las complejas estrategias de supervivencia que despliega la ciudadanía para sobrellevar la pérdida sostenida del poder de compra. El recurso recurrente al crédito mediante tarjetas para la compra de alimentos de primera necesidad, la mora en el pago de servicios básicos, el pluriempleo y la búsqueda de changas informales son precisamente los mecanismos que evitan un colapso biológico, aunque al costo de un vertiginoso endeudamiento familiar y un deterioro en la calidad de vida.

Imagen del presidente con Spagnuolo, quien fuera procesado recientemente por sus causas de corrupción en el famoso #3% para Karina".
La postura del Poder Ejecutivo contrasta de forma severa con los indicadores oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y los registros del sistema de seguridad social. En lo que va del año, los informes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) confirman la pérdida acumulada de más de 100.000 puestos de trabajo formales en el sector privado, empujando la tasa de desocupación nacional al 7,9%. La destrucción de empleo registrado en ramas clave como la industria manufacturera, el comercio y la construcción no ha sido absorbida por el mercado laboral formal, alimentando en su lugar una creciente masa de trabajadores en la informalidad y el cuentapropismo precarizado.
En simultáneo, el incremento del cobro del seguro de desempleo —que creció cerca de un 30% en los registros interanuales— da cuenta de miles de familias que han quedado marginadas del circuito asalariado tradicional. Para este universo de trabajadores desvinculados o subocupados, el ajuste no representa un debate teórico sobre agregados monetarios, sino una restricción concreta que obliga a liquidar ahorros, resignar consumos esenciales y recurrir a la asistencia comunitaria o familiar para estirar los ingresos hasta el último tramo del mes.
Al sostener que el equilibrio de mercado impide el desabastecimiento individual de bienes de primera necesidad, el análisis oficial evade el abordaje de la brecha distributiva y la caída de las ventas minoristas, reportada de manera sistemática por entidades comerciales de todo el territorio nacional. La reducción del margen de consumo en sectores medios y vulnerables no responde a una apreciación subjetiva, sino al encarecimiento relativo de las tarifas de servicios públicos, el transporte y la canasta alimentaria por encima de la pauta salarial promedio.
Las reacciones desatadas en el Congreso y en los ámbitos sindicales reflejan el distanciamiento existente entre el diagnóstico técnico de la administración central y las dinámicas de la economía real. La insistencia en desestimar la gravedad de la pérdida del poder adquisitivo mediante simplificaciones de trazo grueso no contribuye a encauzar el diálogo social ni a resolver las tensiones de un mercado de trabajo crecientemente fragmentado. La contención de la variable inflacionaria resulta una condición necesaria pero insuficiente si el costo del proceso se traduce en el vaciamiento del consumo básico y el incremento del desempleo formal.