BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD: DESDE HOY LOS MENORES DE 14 AÑOS PUEDEN SER JUZGADOS PENALMENTE EN TODO EL PAÍS

Desde este sábado 5 de septiembre rige en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reemplaza al decreto-ley 22.278, vigente desde 1980 y modificado en 1983 para fijar el piso de punibilidad en los 16 años. La nueva norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de este año, con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y promulgada por decreto el 9 de marzo. Según su propio texto, la vigencia comenzaba a correr 180 días después de la publicación en el Boletín Oficial, plazo que se cumplió hoy.

Qué cambia concretamente

El eje central de la reforma es la baja en la edad de responsabilidad penal, que pasa de los 16 a los 14 años. A partir de ahora, los adolescentes que tengan entre 14 y hasta el día en que cumplan 18 años podrán ser juzgados por delitos tipificados en el Código Penal, algo que antes solo alcanzaba a los mayores de 16. La pena máxima de privación de la libertad se fijó en 15 años, y la norma es explícita en que los adolescentes no podrán recibir prisión ni reclusión perpetua. Para delitos con penas de hasta tres años, la ley establece que la prisión debe reemplazarse por sanciones alternativas, dentro de un esquema de medidas socioeducativas pensadas para favorecer la reinserción. El texto también incorpora la figura del monitoreo electrónico como herramienta de control y dispone que los progenitores sean civilmente responsables por los hechos que cometan sus hijos. Para la puesta en marcha del sistema a nivel nacional, el Congreso destinó una partida específica de más de 23.700 millones de pesos.

El caso mendocino

En territorio provincial, el Gobierno estimó que la incorporación de los chicos de 14 y 15 años al sistema hará crecer en un 30% el volumen de causas y jóvenes bajo la órbita judicial. Actualmente hay 511 adolescentes de 16 a 18 años dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, de los cuales 46 se encuentran privados de la libertad y el resto cumple medidas alternativas. Los ministros de Educación, Tadeo García Zalazar, y de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, remarcaron que, pese al aumento esperado en la cantidad de casos, la privación de la libertad seguirá siendo una medida excepcional: según cifras oficiales, el 91% de los jóvenes del fuero penal juvenil mendocino cumple actualmente medidas alternativas y solo el 9% está privado de su libertad, una proporción que las autoridades esperan mantener.

Para adecuarse al nuevo marco nacional, hace pocos días se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que reforma el sistema integral local e incorpora un nuevo Código Procesal Penal Juvenil, con más de 110 artículos. Entre sus novedades se destaca la creación de la figura del supervisor, un profesional encargado de verificar que se cumplan las sanciones dispuestas por la Justicia, que pueden incluir la obligación de terminar el secundario, aprender un oficio o completar capacitaciones laborales. Si el adolescente incumple esas medidas, el esquema prevé la posibilidad de revocar el beneficio y aplicar la prisión efectiva. El Gobierno provincial también gestiona ante Nación una ampliación de las partidas presupuestarias para reforzar infraestructura y personal.

Lo que queda por definir

A nivel nacional todavía persisten algunos interrogantes sobre la implementación, como la disponibilidad real de las pulseras de monitoreo electrónico, la designación de los supervisores especializados y la articulación entre la ley nacional y los distintos sistemas procesales provinciales. Especialistas y organismos que trabajan en niñez y adolescencia habían advertido, durante el debate legislativo, sobre los riesgos de un enfoque más punitivo hacia los menores de edad.