BAJÓ LA EDAD DE IMPUTABILIDAD EN MENDOZA: 42 ADOLESCENTES FUERON TRASLADADOS Y NINGUNO QUEDÓ DETENIDO
Desde la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, el 5 de septiembre, se registraron 42 abordajes policiales en la provincia. Otros 21 adolescentes quedaron bajo medidas alternativas a la privación de la libertad. Los datos oficiales muestran cómo comenzó a funcionar la reforma y cuáles fueron las zonas con mayor cantidad de intervenciones.
La aplicación del nuevo régimen penal juvenil en Mendoza comenzó a dejar sus primeros números oficiales. Desde el 5 de septiembre, cuando entró en vigencia la normativa que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, se registraron 42 intervenciones policiales que derivaron en el traslado de adolescentes a dependencias especializadas de la provincia.
Sin embargo, hay un dato que resulta central para interpretar el alcance de la reforma: ninguno de esos adolescentes quedó privado de su libertad bajo el nuevo esquema. Además, otros 21 jóvenes se encuentran sujetos a medidas alternativas, que permiten realizar un seguimiento y aplicar distintas intervenciones sin recurrir necesariamente al encierro.
El relevamiento corresponde a las primeras cinco semanas de funcionamiento del sistema, entre el 5 de septiembre y el 9 de octubre. Por lo tanto, no representa un balance completo de todos los procedimientos realizados hasta noviembre, sino una primera fotografía de cómo comenzó a implementarse la modificación legal.
Los datos muestran que la Zona Centro concentró la mayor cantidad de abordajes, con 31 intervenciones. La Zona Sur registró diez, mientras que el Valle de Uco contabilizó una. En la Zona Este no se informaron procedimientos durante ese período.
Qué delitos aparecen en las intervenciones
Los registros oficiales incluyen situaciones de distinta gravedad. Entre los hechos que motivaron la intervención de las autoridades aparecen robos simples y agravados, hurtos, amenazas, lesiones, tenencia ilegal de armas y episodios vinculados con homicidios.
Uno de los casos más graves consignados ocurrió en la Zona Sur y estuvo relacionado con un homicidio en riña.
Durante la primera semana de aplicación, entre el 5 y el 11 de septiembre, se contabilizaron ocho abordajes. Seis correspondieron a la Zona Centro y dos a la Zona Sur.
En ese período se registraron intervenciones por robos, robos agravados con armas de fuego, amenazas con armas blancas, riñas, sustracción de celulares y hechos ocurridos en comercios.
La segunda semana, entre el 12 y el 18 de septiembre, tuvo cuatro procedimientos: tres en la Zona Centro y uno en el Valle de Uco. Entre los hechos mencionados hubo robos, hurtos y una intervención por tenencia ilegal de un arma de fuego.
El mayor movimiento se produjo entre el 19 y el 25 de septiembre. En apenas siete días se contabilizaron 17 abordajes, de los cuales 13 ocurrieron en la Zona Centro y cuatro en la Zona Sur. En ese período aparecieron casos de encubrimiento, robos en poblado y en banda, tenencia ilegal de armas, lesiones y homicidio en riña.
La cuarta semana, del 26 de septiembre al 2 de octubre, registró nueve intervenciones, distribuidas entre la Zona Centro y la Zona Sur. Finalmente, entre el 3 y el 9 de octubre se informaron cuatro abordajes, todos en la Zona Centro.
Trasladados no significa que hayan quedado detenidos
Una de las principales cuestiones para comprender las estadísticas es diferenciar los procedimientos policiales de las medidas judiciales posteriores.
Los 42 abordajes corresponden a adolescentes que fueron trasladados a la Unidad de Procedimientos y Abordaje de Niños y Adolescentes (UPANA), anteriormente conocida como Comisaría del Menor.
Ese traslado no significa que todos hayan permanecido detenidos ni que hayan recibido una condena. Después de cada procedimiento, la Justicia debe evaluar las circunstancias del hecho, la edad del adolescente y las medidas que corresponden aplicar.
En ese circuito, las autoridades pueden disponer diferentes alternativas, entre ellas el regreso con sus familiares o referentes responsables y la incorporación a dispositivos de seguimiento territorial.
De acuerdo con los datos difundidos, 21 adolescentes quedaron alcanzados por medidas alternativas a la privación de la libertad. Se trata de mecanismos que buscan intervenir sobre la situación de cada joven sin recurrir automáticamente al encierro.
El dato también permite observar que la reforma no implica que todos los adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil deban ser alojados en un establecimiento de detención.
Qué cambió con la nueva edad de imputabilidad
La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y estableció que los adolescentes de 14 y 15 años puedan ser sometidos a un proceso penal especializado cuando se los acusa de cometer delitos comprendidos por la normativa.
Antes de la reforma, los menores de 16 años no podían ser sometidos a un proceso penal bajo el régimen anterior. Con el nuevo esquema, esa edad se redujo a 14 años y se modificaron también determinados supuestos aplicables a jóvenes de 16 y 17.
La modificación no significa que los adolescentes reciban automáticamente las mismas respuestas que los adultos. El sistema contempla procedimientos específicos, equipos interdisciplinarios y medidas socioeducativas, además de establecer que la privación de la libertad debe utilizarse de manera excepcional.
En Mendoza, la implementación provincial se complementó con la Ley 9735, que reorganizó el funcionamiento de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y estableció una estructura específica para ejecutar las medidas dispuestas por la Justicia.
El esquema contempla una unidad destinada a la privación de la libertad juvenil y otra encargada de las medidas alternativas, con dispositivos de acompañamiento y seguimiento.
La Zona Centro concentra casi tres de cada cuatro abordajes
La distribución territorial es otro de los aspectos que surge del primer relevamiento.
De los 42 procedimientos contabilizados, 31 correspondieron a la Zona Centro, lo que representa aproximadamente el 74% del total. La Zona Sur reunió diez intervenciones, cerca del 24%, mientras que el Valle de Uco registró una sola.
En el Este no se informaron abordajes durante las cinco semanas analizadas.
Estos números permiten identificar dónde se concentraron las actuaciones policiales, aunque no alcanzan por sí solos para establecer cuáles son las regiones con mayor participación de adolescentes en delitos. Para realizar esa comparación sería necesario contar con información más amplia sobre población, cantidad de hechos denunciados y evolución de los procedimientos.
También debe tenerse en cuenta que los 42 abordajes no corresponden exclusivamente a adolescentes de 14 y 15 años. El nuevo sistema incluye a jóvenes de otras edades y contempla modificaciones que también alcanzan a los de 16 y 17.
Por eso, no todos los procedimientos pueden atribuirse directamente a la reducción de la edad de imputabilidad.
Un primer balance que abre nuevos interrogantes
A casi dos meses de la entrada en vigencia de la reforma, los datos disponibles muestran que Mendoza comenzó a utilizar las nuevas herramientas de intervención, aunque todavía resulta temprano para medir sus efectos a largo plazo.
La cantidad de abordajes, las medidas alternativas y la ausencia de adolescentes privados de su libertad bajo el nuevo esquema permiten observar cómo se está aplicando inicialmente el sistema.
El desafío será determinar si la reforma logra mejorar la respuesta judicial, reducir la reiteración de hechos delictivos y fortalecer los mecanismos de acompañamiento, educación y reinserción.
Por ahora, el primer balance deja una cifra concreta: 42 adolescentes fueron trasladados a dependencias especializadas durante las primeras cinco semanas, 21 quedaron bajo medidas alternativas y ninguno terminó privado de su libertad bajo el nuevo régimen penal juvenil en Mendoza.
Fuentes consultadas